La juez indaga sobre el papel del Consistorio de Cádiz en Quality Food
El concejal Ignacio Romaní responsabilizó a su antecesor en su declaración de julio
“¿El señor García Gallardo llega a la Zona Franca de la mano del Ayuntamiento?”. La juez del Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz, Rosa María García Jover, realizó esta pregunta en julio al concejal Ignacio Romaní (PP). Quería saber cuál fue la relación entre el Consistorio de Teófila Martínez y el empresario Manuel García Gallardo, dueño de la empresa alimenticia Quality Food. Entonces Romaní declaraba como testigo. “Supongo que habría ido al Ayuntamiento, a la Zona Franca y a muchos sitios. Nosotros evidentemente cogemos el proyecto de buena gana”, respondió. Una parte de los últimos interrogatorios de este caso, sobre la presunta estafa cometida contra la Zona Franca con la puesta en marcha de esta compañía alimenticia, han tratado de aclarar por qué una institución pública como esta apoyó este proyecto privado con dinero público, por qué contó con el ánimo del Ayuntamiento y por qué se rompió ese respaldo cuando ya el quebranto económico estaba hecho.
García Gallardo empezó a buscar apoyos para su empresa, una compañía dedicada a la preparación de comidas para comedores y servicios de alimentación, sobre 2000. Entonces era también líder de Nuevas Generaciones del PP, en San Fernando (Cádiz). En su declaración como imputado y a preguntas de la Abogacía del Estado, el exdelegado de la Zona Franca, Miguel Osuna (PP), señaló que García Gallardo fue a verle cuando todavía era subdelegado del Gobierno. Según esta versión, fue su antecesor Manuel Rodríguez de Castro el que dio el primer visto bueno.
Pero el verdadero respaldo, el que medió para que el proyecto fuera a Cádiz y asesoró en materia de subvenciones, fue de alguien entonces muy cercano a Teófila Martínez, su concejal de Fomento, Fernando Sicre. Según explicó Osuna en el juzgado, Sicre “fue el que más apoyaba a Quality Food y viajaba con sus representantes a Madrid para tratar conseguir subvenciones”.
Romaní ha sido imputado por la juez y deberá declarar como tal el 27 de septiembre. En su declaración como testigo en julio, en la que estaba obligado a decir la verdad, el concejal también fue cuestionado por el papel municipal en la llegada de Quality. Y volvió a apuntar a Fernando Sicre, su antecesor en el cargo de concejal de Fomento, como el hombre que más defendió ese proyecto. “En todo caso, mi antecesor estaba convencido de que era un buen proyecto. Creo que sigue siendo un buen proyecto”, respondió a la juez. Sicre fue llamado a declarar por la defensa de Osuna como testigo pero, sorprendentemente, ha renunciado a ese testimonio.
El interrogatorio a Romaní se centra en este papel y en las razones por las que él, como vocal del comité ejecutivo, dio el visto bueno a que la Zona Franca comprara la mayoría de acciones de esta compañía el 23 de diciembre de 2003. Osuna revela que García Gallardo había alertado de que podía declarar suspensión de pagos el 31 de diciembre si no recibía una inyección económica importante. Estaban en riesgo los puestos de trabajo, unos 400. “Cuando me lo cuenta, lo mando a la mierda. Era mejor que la empresa quebrara y nos enteráramos de lo que había pero, cuando se le pasa a uno el cabreo, resulta que hay un montón de mujeres que se iban a quedar en la calle y por parte del Ayuntamiento nos preguntan qué posibilidades hay”, explica Osuna. Es por eso que se plantea en aquel comité hacerse con la mayoría de la empresa. Hay tres propuestas sobre la mesa: un préstamo, comprar la mayoría de acciones y una intermedia, a la que finalmente se dio el visto bueno. De los seis miembros del comité, solo tres votaron a favor, entre ellos, Romaní. Dos no asistieron y uno se abstuvo.
Y es este apoyo el que le ha podido costar la imputación a Romaní. Un apoyo que fue a título individual, y no colegiado como ha defendido el PP. “¿Usted ha hecho alguna objeción a algunas de las disposiciones tomadas por la Zona Franca en torno a Quality Food?”, le preguntó el abogado de Manuel García Gallardo a Romaní. “No”, contestó. Y ahí finalizó el interrogatorio del testigo, quien continuará respondiendo el 27 de septiembre ya como imputado.
Unas acciones sobrevaloradas
Otra de las claves que más ha interesado a la juez que investiga la presunta estafa cometida contra la Zona Franca por Quality Food es por qué este recinto fiscal pagó más de cinco millones de euros, el 23 de diciembre de 2003, por las acciones de esta empresa alimenticia. Según la documentación aportada en el último año, a pesar de que la instrucción lleva ya siete, aquel día el exdelegado de la Zona Franca Miguel Osuna conocía dos valoraciones económicas de la compañía, una que consideraba que las acciones valían 3.764 euros cada una, y otra que las valoraba en poco menos de 1.000 euros. Finalmente se pagó dicha cantidad al considerarse la valoración más cara. En su declaración en julio como testigo, el concejal Ignacio Romaní no llega a aclarar si Osuna les reveló la existencia de estas dos valoraciones. En el acta del comité ejecutivo del 23 de diciembre no constan estas dos cantidades.
La adquisición del control de Quality Food por parte de la Zona Franca no impidió el cierre posterior de la empresa, cuando, según Osuna, no fue posible remontar la situación económica de la compañía que, ya entonces, estaba en quiebra con pérdidas por encima de los cinco millones. Según su versión, el propietario Manuel García Gallardo les había engañado sobre la situación real de la compañía. Sin embargo, una sentencia del juzgado de lo mercantil dio la razón al empresario y ha obligado a pagar a la Zona Franca más de 13 millones, que aún el Consorcio no ha abonado a la espera de la resolución del juicio por la vía penal, que está en fase de instrucción.
Este lunes pasarán por el juzgado el propio García Gallardo y José Manuel Fedriani, actual director de la Zona Franca, ambos como imputados. Fedriani es el autor de un informe sobre la situación económica de Quality Food, que la Abogacía del Estado cree que solo sirvió para justificar la actuación irregular de Osuna con esta empresa. Involuntariamente, los abogados del Estado, al igual que ocurrió con el caso Rilco, vuelven a ser protagonistas de los interrogatorios. Osuna y Romaní dedicaron gran parte de sus respuestas a reprocharles que ahora les denuncien cuando nunca advirtieron de irregularidades. Según documentación aportada por el exdelegado, el abogado del Estado, José Aurelio Ruiz, está actuando así por enemistad personal.
