El Supremo corrige al alza el coste de las expropiaciones de Valencia
EU sostiene que el plan del Cabanyal se encarece y Grau replica que no le afecta
La política de expropiaciones del Gobierno local en Valencia es económicamente inviable, denuncia la oposición. El concejal Amadeu Sanchis, portavoz del grupo municipal de EU, esgrimió este jueves una sentencia del Tribunal Supremo que corrige al alza los cálculos del Gobierno local del coste de las expropiaciones de suelo en la capital. “La valoración del suelo que hace el Ayuntamiento podría multiplicarse por tres o cuatro”, subrayó Sanchis.
Al lado del concejal, el abogado José Luis Ramos añadió que el fallo judicial afecta de lleno a planes urbanísticos como el del Cabanyal, que prevé la expropiación de 114.000 metros cuadrados de suelo en el barrio para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta la playa. “La política del PP en materia de expropiaciones no es asumible económicamente después de este fallo”, agregó Sanchis. El vicealcalde Alfonso Grau enmendó la plana al concejal de EU y replicó que la sentencia del Supremo no afecta al Plan Especial del Cabanyal ni a los planes urbanísticos aprobados, “solo a los terrenos dotacionales que no tienen asignada edificabilidad”.
Ramos se remontó a 2007 y recordó que el PP modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia para crear las Áreas Urbanísticas Homogéneas, donde se rebajó la edificabilidad y, por tanto, el valor de los suelos. Muchos propietarios de parcelas pintadas en el plan como públicos recurrieron al TSJ valenciano y perdieron. De ahí recurrieron al Supremo. Pero no han sido los particulares los que han provocado la respuesta del alto tribunal sino el propio Consistorio con la presentación de un recurso en 2011 contra un artículo del reglamento de la nueva Ley del Suelo que redactó el entonces Gobierno del PSOE.
El Supremo se pronuncia sobre los suelos dotacionales públicos y, de paso, aclara cómo se calcula correctamente el coste de expropiar solares urbanos edificables porque el Consistorio lo hacía mal.
El Consistorio ha sido condenado a pagar 10.000 euros de costas
El Ayuntamiento sumaba a los solares edificables, los públicos —donde van zonas verdes o viables—, con lo que rebajaba el índice y el valor económico de la expropiación. El alto tribunal le ha dicho que la ley del Suelo en vigor no permite esa fórmula. Luego, las expropiaciones a partir de ahora serán más caras, subrayó el concejal de EU. El Supremo le ha condenado a pagar 10.000 euros de costas.
Si el Consistorio presupuestó el coste de las expropiaciones del Cabanyal en casi 54 millones de euros, con la sentencia el precio se dispararía hasta los 800 millones, según Ramos. El plan tiene pendientes un 60% de las expropiaciones. Los efectos de la sentencia se extienden a toda la ciudad, no solo al Cabanyal.
El número dos del Gobierno local, Alfonso Grau, respondió que la sentencia “no afecta en absoluto al Pepri del Cabanyal ni a los planes urbanísticos aprobados, por tanto, lo que afirma EU no es más que una interpretación interesada y sesgada”. El vicealcalde agregó que la regla para calcular la edificabilidad según la ley en vigor se aplica “solo a los terrenos dotacionales” públicos. “No es el caso del plan del Cabanyal, donde todo el suelo a expropiar está dentro de unidades de ejecución que tienen calculado su propio aprovechamiento”.
Una factura de 500 millones
El Gobierno Local de Valencia lleva gastados 500 millones de euros en expropiaciones para dotaciones públicas desde 1991. El grupo municipal socialista lo denunció hace meses y volvió a echar en cara al gabinete de Barberá sus repetidos errores urbanísticos.
El Consistorio acumula en los últimos años un varapalo judicial tras otro. Los tribunales han tumbado en los últimos años infinidad de planes urbanísticos por defecto de forma y valoraciones de expropiaciones. El concejal socialista Vicent Sarrià recordó en agosto que el Consistorio llegó a pagar 4,2 millones de euros a la familia Cotino por la retasación de unos terrenos de su propiedad en el parque de Cabecera. El Jurado de Expropiaciones lo tasó en 680.000 euros, el Ayuntamiento no pagó en los dos años de plazo legal, y se encontró con una retasación de los terrenos que elevó el coste a los 4,2 millones de euros.
Los socialistas han planteado en los 22 años de gobierno del PP más de 200 iniciativas para delimitar unidades de ejecución que hubieran evitado el desembolso de los 500 millones de euros. “Lo más grave”, añadió Sarriá, “es que todavía existen 430 solares con una superficie de 1,7 millones de metros cuadrados para dotaciones públicas y zonas verdes pendientes de ejecutar, y de ellos 1,3 millones de metros son propiedad privada”.
Los cálculos de los socialistas dan escalofríos. En el supuesto de que hubiera que expropiar todos ellos, serían necesarios más de 1.300 millones de euros, casi el doble del presupuesto municipal de un año.
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