La oposición tilda de maniobra y estafa el intento de aplazamiento

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha calificado hoy de "estafa política" que el Consell de Alberto Fabra haya pedido aplazar el debate de una reforma estatutaria que habría permitido la llegada de 500 millones de euros anuales y la creación de 10.000 empleos.

Puig se ha pronunciado así en declaraciones a EFE tras conocerse que el Consell ha pedido que el Congreso aplace el debate de mañana de la reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía valenciano para que la inversión estatal en la Comunidad Valenciana se equipare al peso de su población en el conjunto de España.

El dirigente socialista ha lamentado que el presidente de la Generalitat "se haya rendido ante Mariano Rajoy en contra de los valencianos", y ha calificado de "especialmente grave" que la petición de aplazamiento haya salido de Valencia, cuando el vicepresidente José Císcar aseguró el pasado viernes que el Consell defendería la reforma.

En su opinión, se ha demostrado que Fabra es "un presidente de lujo" para el PP nacional, ya que "acaba de facilitarles el trabajo y se ha rendido antes de plantar batalla en Madrid".

Previamente, Puig ha reivindicado en rueda de prensa que el PP debe "preservar" una reforma que impulsó y sobre la que se llegó a un acuerdo en las Cortes Valencianas, por una cuestión de "coherencia" y de llevar adelante lo acordado, pues los valencianos se están "jugando mucho".

"Estamos ante la hora de la verdad", ha aseverado Puig, para quien "no es tolerable" que aquello que "era bueno" con el Gobierno socialista y frente a Zapatero ahora ya no lo sea con el Gobierno de Mariano Rajoy y del PP.

Para Puig, esta reforma supone que las inversiones del Estado se ejecuten "con justicia", y no apoyarla supone que se "mantenga la discriminación" hacia la Comunidad Valenciana, que en los Presupuestos del Estado de este ejercicio ha recibido el 6 % de las inversiones, cuando su población representa el 10'8 %.

El dirigente socialista ha conminado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a actuar "con responsabilidad" y por los intereses generales de los valencianos y a "no dejar pasar la oportunidad" de que los valencianos tengan "los mismos derechos" que catalanes y andaluces en cuanto a las inversiones del Estado.

Puig ha señalado que el PSOE y la mayoría de grupos de la oposición iban a apoyar esta reforma, sobre la que en su opinión se debe actuar "lejos de cualquier partidismo", pues la Comunidad Valenciana debe tener "los mismos derechos" que otras Comunidades Autónomas que tienen en sus Estatutos esta condición.

Para el secretario general de los socialistas valencianos, si desde la aprobación de esta reforma hasta la celebración del referéndum para ratificarla se aprobaran nuevas reformas se podría acordar también su inclusión.

El portavoz socialista en las Cortes, Antonio Torres, ha asegurado que la reforma de la disposición adicional primera del Estatuto valenciano no significa un incremento de gasto, ni existe ningún impedimento jurídico para que se puedan equiparar las inversiones a la población.

Para Torres, Fabra y el PP han sido "incapaces" de negociar la mejora de las inversiones del Estado en la Comunidad, y ha considerado que se debe exigir al Gobierno de España que sea "solidario" con la Comunidad, de la misma manera que esta lo ha sido en otros tiempos.

Por otra parte, preguntado por la cadena humana organizada con motivo de la Diada de Cataluña, Puig ha dicho que "la diada más importante" para los valencianos es el día de mañana, cuando se iba a saber si hay un presidente a favor de los valencianos o "arrodillado ante los intereses" de su partido.

La portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha tildado "maniobra tramposa" la petición del Consell para solicitar el aplazamiento del debate. En un comunicado, Sanz considera que esta decisión del Gobierno valenciano de retrasar el debate previsto para este martes en el Congreso "pone de manifiesto que el PP no iba a votar a favor" de la modificación del Estatuto porque "ni el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pinta nada en el PP, ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defiende los intereses de los valencianos".

En este sentido, ha asegurado que Izquierda Unida en el Congreso "exigirá que se mantenga el orden del día en el pleno porque el Consell y el presidente de las Cortes no son nadie para pedir el aplazamiento de un proyecto de ley aprobado por las Cortes Valencianas".

"El PP maneja a su conveniencia las instituciones en actitudes trileras que desacreditan nuestra máxima institución y dan la espalda a los valencianos", ha lamentado al respecto.

Por otro lado, el grupo Compromís en las Cortes Valencianas ha anunciado que emprenderá acciones legales en el caso de que la Junta de Portavoces acuerde mañana solicitar el aplazamiento del debate en el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano.

Su portavoz, Enric Morera, ha remitido hoy un escrito al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, en el que manifiesta sus dudas sobre la petición del Consell de que se retire del orden del día del pleno de la Cámara de mañana el debate de la reforma estatutaria valenciana.

En su escrito, Morera expone que el presidente de las Cortes, Juan Cotino, ha convocado a la Junta de Portavoces para que mañana estudie la solicitud de aplazamiento reclamada por el Consell, si bien en su opinión ese órgano no es "competente para tomar acuerdo alguno" sobre el aplazamiento solicitado.

Según Morera, el reglamento de las Cortes recoge que las comunicaciones que el Consell remita al Parlamento se podrán tratar ante el pleno o en comisión, "pero nunca por la Junta de portavoces".

"Tampoco los hechos que justifican el aplazamiento, totalmente subjetivos, pueden conducir a que la Mesa del Congreso de los Diputados considere la pretensión del Consell, por no ser órgano competente y por vulnerar un acuerdo del pleno" de las Cortes, expone en su escrito.

Morera recuerda que la aprobación de la reforma estatutaria para equiparar la inversión estatal al peso de la población necesitó de una mayoría cualificada cuando se aprobó por el pleno de las Cortes el 9 de marzo de 2011.

Por todo ello, el portavoz de Compromís advierte de que, en el caso de que la Junta de portavoces adopte un acuerdo favorable a la propuesta de retirada del Consell "que suplante la voluntad manifestada por el pleno" de las Cortes, su grupo emprenderá "las acciones legales oportunas para la impugnación".

Asimismo, Morera añade que llevarán a cabo las correspondientes iniciativas legales que pudieran derivarse "de una actuación contraria a derecho".

Fuentes de Compromís han destacado además que en el Congreso no se aceptan propuestas que no se hayan registrado el día anterior al pleno, y que cualquier comunicación hecha por la presidencia de Les Corts sin haber pasado por el pleno "puede incurrir en irregularidades".

Para Compromís, la petición de retirar ese punto del orden del día del debate corresponde formularla a las Cortes mediante un acuerdo del pleno, y no a la Junta de portavoces ni a la presidencia de la Cámara autonómica.