El fiscal investiga un fraude millonario de IVA en los puertos de Marín y Vigo
La trama se descubrió tras una inspección de impuestos en una cooperativa
La Fiscalía de Pontevedra ha abierto una investigación para esclarecer presuntas prácticas delictivas entre operarios portuarios que a cambio de una comisión no declaraban determinadas ventas de pescado en lonja para no pagar el IVA. Las sospechas sobre la supuesta red de sobornos inicialmente se centraron en el puerto de Vigo, pero la Policía Judicial encargada del caso ha extendido sus pesquisas al de Marín ante los indicios de que también podría estar operando otra trama similar.
La denuncia que presentó la Agencia Tributaria en la Fiscalía de Delitos Económicos contra la cooperativa San Miguel de Marín por fraude del IVA puso a la Guardia Civil sobre la pista de los operarios portuarios. Algunos testigos que declararon en estas diligencias advirtieron de estas prácticas que presuntamente se venían realizando desde hace varios años en connivencia con los armadores. Ahora la investigación continúa en unas diligencias aparte incoadas por el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, aunque por el momento se desconoce el resultado de las pesquisas policiales y tampoco ha trascendido el número de personas que pudieran estar implicadas en un posible delito continuado de cohecho.
Algunas fuentes consultadas señalan que existen indicios de que la red de colaboradores llevaba operando más de tres años, por lo que el fraude del IVA podría estimarse en varios millones de euros. Los operarios portuarios sobornados controlaban las descargas desde el momento en que atracaban los barcos para despacharlas luego a los compradores sin hacerlas pasar por la lonja.
Archivos blancos para el dinero negro
De la entrada y registros practicados en la sede e instalaciones de la cooperativa San Miguel en el puerto vigués de O Berbés, los inspectores de Hacienda encontraron archivadores de color negro y rojo que contenían liquidaciones de dos clases, firmadas generalmente por los vendedores.
Los primeros, los archivadores de color negro, contenían facturas en color azul donde figura el membrete de la cooperativa y la identificación total del proveedor, y en ellas aparece repercutido el IVA. Pero en los archivadores rotulados en rojo las liquidaciones son de color blanco y, según el fiscal, se recogen las ventas en “b”.
En estos documentos únicamente aparece identificado el proveedor con un número y en ocasiones aparece una firma. También aparece el nombre del barco, la fecha de la descarga, cantidades de género y el importe resultante de la venta. Tampoco figura en esta contabilidad el membrete de la cooperativa San Miguel. Los conceptos detallados en estas liquidaciones de color blanco son idénticos a los que aparecen en las liquidaciones de color azul y que no han sido objeto de declaración tributaria del IVA. Las ventas que se ocultaron a Hacienda ascienden a 5,1 millones de euros en 2008, 4,5 millones en 2009 y 4,9 millones en 2010. Las multas por estos hechos podrían multiplicar por siete la cantidad defraudada.
La inspección fiscal por supuesto fraude de IVA de un millón de euros contra la cooperativa San Miguel de Marín desembocó en una querella contra tres de sus directivos en junio pasado tras descubrir Hacienda una contabilidad “b” en sus números. Por otra parte el fiscal ha solicitado al juez de Marín que instruye el caso que cite a declarar como imputados a los tres querellados. José Luis Santiago Pereira declarará en calidad de presidente de la cooperativa, a la que también se dirige la querella, y el Ministerio Público le imputa tres delitos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010 como representante legal de la entidad. En estos ejercicios contables la cooperativa San Miguel facturó 15 millones de euros.
También deberán declarar Laureano Pesqueira Veiga, responsable de las oficinas que la entidad tiene en el puerto pesquero de O Berbés en Vigo, y Enrique Fernández Arca, jefe de subasteros y ventas en el mismo puerto. La fiscalía los implica como colaboradores necesarios en los delitos fiscales de la cooperativa.
Según la querella, tanto el encargado de las oficinas portuarias de la cooperativa como el jefe de subasteros “confeccionaban las denominadas notas de venta/hojas de autoliquidación” en las que aparecen indicios de contabilidad paralela y de presunto fraude de IVA. La cooperativa presentó liquidaciones que “no reflejan las operaciones económicas reales tributarias deducibles de la compra y venta de pescado”, según la investigación de la Agencia Tributaria, que localizó operaciones en dinero negro en la contabilidad “b” y por las que no se tributó.
