Barbadás, el gobierno más rico
El ‘boom’ del ladrillo multiplicó por cuatro la población del municipio ourensano mientras el regidor y concejales del PP acumulaban propiedades
A finales de los años ochenta, con una población de poco más de 3.000 habitantes, Barbadás languidecía a un tiro de piedra de la capital ourensana con la que limita. Treinta años y un boom urbanístico después (que propició el desarrollo vertical del municipio a golpe de mayorías de los sucesivos gobiernos de concejales-constructores del PP) su población ha aumentado en un 400% (supera las 10.000 personas empadronadas) y los promotores del boom se han convertido en paradigma de riqueza de los cargos públicos de los pequeños municipios. El alcalde de Barbadás, el baltarista José Manuel Freire Couto, y su actual teniente de alcalde, Manuel García, poseen bienes inmuebles que en valor catastral superan, en cada uno de los casos, el millón de euros. Junto a ellos, otras personas vinculadas a la institución que desde hace 26 años gobierna ininterrumpidamente Freire, tienen propiedades en las mismas calles, en los mismos polígonos residenciales del núcleo urbano de A Valezá y en las mismas áreas de reparto modificadas tras la aprobación del planeamiento urbanístico. Y todos atribuyen en mayor o menor medida sus importantes caudales inmobiliarios a herencias familiares.
El hit parade del ladrillo ha sido paralelo, en Barbadás, al de otra riqueza, la de la creación de empleo mediante oposiciones que en su mayoría aprueban personas estrechamente vinculadas al PP a las que examinan parientes directos de otros cargos del PP que ya accedieron antes a los empleos. El boom de la construcción, en manos de la iniciativa privada, ha quedado ahora tocado por el tajazo de la crisis. Las contrataciones del organismo público aún continúan.
Desde prácticamente los comienzos de su arribada a la alcaldía de Barbadás, en 1987, José Manuel Freire Couto buscó la colaboración de un buen número de concejales promotores que convirtieron A Valenzá en un abigarrado y vertical dormitorio de la capital ourensana. Los constructores Antonio Currás, Felipe Rodríguez Vide y José Ramón Fernández acompañaron a Freire en los años dorados del diseño del municipio y fueron abandonando el barco del gobierno local en distintas escalas una vez aprobado el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Los concejales constructores abrieron oficinas inmobiliarias en el municipio y se emplearon en su urbanización. En ocasiones, como en el caso de José Ramón Fernández (que ha dejado a un hijo empleado en el Ayuntamiento y a una sobrina sucediéndolo en el escaño municipal), compatibilizando la labor promotora con el poder institucional. Fernández, vinculado a 17 constructoras en las que compartió sociedad con otros concejales del municipio y con dirigentes del PP ourensano, recogió los petates y echó la llave a sus empresas hace solo unos meses, en cuanto comenzó a trascender la fortuna patrimonial del regidor y del teniente de alcalde y la oposición anunció que recopilaba datos de los convenios urbanísticos para pedir una investigación a la fiscalía.
Los socialistas están convencidos de que existe “una trama urbanística” en Barbadás para desarrollar el plan general urdida entre “los principales y enriquecidos dirigentes del gobierno local y la empresa Mahía”. El portavoz del PSOE, Xosé Carlos Valcárcel destaca las propiedades de alcalde y teniente de alcalde en edificios construidos por esa promotora que a su vez posee terrenos con el regidor y otros constructores afines en una de las principales áreas de reparto de A Valenzá modificada tras la aprobación del planeamiento. Pero, además, apunta que Mahía “resultó beneficiada” en el convenio urbanístico de otra área de reparto como consecuencia de la intervención de un socio vinculado a una empresa de la mujer del alcalde.
Promoción inmobiliaria desde un psicotécnico
José Manuel Freire Couto llegó a la alcaldía de Barbadás con el título de Medicina y una plaza de médico en excedencia en el municipio de Boborás. El regidor aparcó la sanidad (a la que ahora retornará con la concesión de un traslado para una plaza en Barbadás, a 30 metros de la alcaldía) y montó constructoras que se han hecho con propiedades en algunas de las más importantes áreas de reparto del municipio que preside.
Freire se convirtió en promotor inmobiliario a partir de un psicotécnico, denominado PsicoBluster, desde el que ha ejercido también intermitentemente la medicina privada. Le cambió el objetivo social a la empresa y puso de administradoras a su mujer y a una de sus hijas. A continuación se hizo con valiosos locales de A Valenzá que alquila a importantes firmas. Pero además del psicotécnico reconvertido en promotora, el alcalde tiene, a través también de la titularidad de su mujer y de su hija, otra empresa constructora, Eichoa, SL. Esta opera desde el domicilio familiar. Ambas poseen los mejores bajos de los edificios que el gobierno presidido por él dejó construir a Mahía. Incluso le alquila uno a la promotora que lo edificó. La faceta inmobiliaria del alcalde se completa con la promotora Alba María, ubicada en Matosinhos (Portugal) y a la que Freire cambió de domicilio social días después de que trascendiera de que estaba ubicada en un local alquilado por Freire al administrador de Mahía. No solo cambió el domicilio sino además el reparto de socios: dejó a su hija con el 50% y a su mujer con el 40% mientras él se quedó con el 10% restante por cuestiones de rentabilidad fiscal, según ha reconocido.
García, el teniente de alcalde, no es constructor pero obtiene igualmente beneficios económicos de las propiedades inmobiliarias que ha adquirido en el municipio y que también ha puesto en alquiler. Además, posee, con las empresas del regidor, más del 30% de un polígono residencial de A Valenzá modificado varias veces después de haberse aprobado el planeamiento urbanístico. El porcentaje restante de esa misma área está en manos de otros exconcejales constructores de Freire y de amigos promotores del regidor como Ramón López Casal, administrador de Mahía imputado por fraude urbanístico. Junto a ellos tiene también terreno en ese polígono Abelardo Martínez Ripoll, delegado de Dragados en Canarias igualmente imputado por corrupción urbanística.
