Plan de choque institucional contra los desahucios

El Poder Judicial, los ayuntamientos vascos y el Gobierno de Vitoria suscribieron ayer un convenio de colaboración para detectar de forma "temprana" y actuar en casos de situaciones "límite" de personas afectadas por el desahucio de su vivienda familiar en Euskadi. El convenio, iniciativa pionera en España, tiene por objetivo intentar buscar una salida y aportar soluciones a aquellos casos en que los afectados por un procedimiento de desahucio o lanzamiento de su vivienda se encuentren en situación "desesperada" y evitar que culmine en un desenlace fatal. El acuerdo se suscribió en el Palacio de Justicia de Bilbao, en un acto presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.

Por parte del Gobierno Vasco, firmaron los consejeros de Justicia, Josu Erkoreka, y de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto; por el Consejo General del Poder Judicial, la vocal Margarita Uria, y por la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), su presidenta, Ibone Bengoetxea. El acuerdo establece un protocolo para actuar en los casos de especial riesgo y un itinerario para ayudar a las personas afectadas. El protocolo se activará en el momento en que cualquier juzgado del País Vasco que instruya un procedimiento por ejecución hipotecaria o por falta del pago de la renta de alquiler observe una situación sensible. En ese momento, el convenio establece el inicio de un itinerario para cada caso en el que la autoridad judicial podrá poner la situación en conocimiento de los servicios sociales del ayuntamiento de referencia, que son los que tiene los recursos y herramientas necesarias para evaluar este tipo de situaciones extremas.

El plan contempla desde

Una vez analizado el caso por estos servicios sociales de base, sus responsables serán los que decidan qué soluciones se adaptan mejor a cada caso: su derivación a los servicios de mediación hipotecaria, un realojo en una vivienda de protección oficial del Gobierno Vasco, la asistencia jurídica gratuita, la concesión de una ayuda de emergencia o, en los casos más delicados, un acompañamiento e intervención psicológica. El antecedente del convenio está en dos casos de suicidio registrados en Bizkaia en los últimos meses en personas que iban a ser expulsadas de sus respectivas viviendas habituales, uno en Sarriko (Bilbao) y el otro en Barakaldo, han indicado a EFE fuentes del Ejecutivo de Vitoria.

El consejero vasco de Asuntos Sociales y Vivienda, Juan María Aburto, uno de los firmantes del convenio, destacó que el acuerdo suscrito supone "buscar, entre todos, soluciones excepcionales a situaciones excepcionales que a veces acaban de forma dramática". Aburto ha reconocido que las administraciones públicas "no siempre llegan a conocer las circunstancias dramáticas" que viven los afectados en los casos de desahucio por lo que ha denominado "el estigma de la pobreza". "Da vergüenza reconocer que se es pobre, que se tienen necesidades -ha añadido-, y eso, a veces, nos lleva a situaciones límite".

Por este motivo, pidió a quienes se encuentran en este tipo de situaciones extremas que "no se aislen", que "hablen con sus entornos, con sus vecinos, con quien más cerca tengan, para que estas situaciones puedan llegar a conocerse". "Que no se cobijen en la soledad", ha añadido. "Siempre, siempre, puede haber soluciones menos traumáticas si somos capaces de abordarlas entre todos, porque este es un país solidario y este convenio nos va a permitir seguir siéndolo", concluyó Aburto.