El Consell no logra evitar que los bancos reclamen los anticipos a la vivienda

"Desde esta consejería se manifestó a las entidades financieras el compromiso de tramitar de forma prioritaria el pago de las subvenciones anticipadas, y se instó a las mismas a considerar la posibilidad de aplazar el vencimiento de los anticipos, pero el compromiso no se ha adoptado por escrito". La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, explica así, en una respuesta a la diputada socialista María José Salvador, el resultado de las gestiones para evitar que los bancos reclamen a los afectados los anticipos que les entregaron en ejecución de un convenio que la Generalitat no ha cumplido.

La deuda global de la Generalitat en el denominado cheque-vivienda asciende a 250 millones de euros y la consejería habilitó a finales del año pasado 5,5 millones para hacer frente a los anticipos que los bancos empezaron a reclamar a los beneficiarios de subvenciones. Los afectados superan la cifra de 30.000. Los impagos del cheque vivienda por parte de la Generalitat están causando importantes problemas a quienes se acogieron a esta modalidad de ayuda. Según la diputada María José Salvador, algunas entidades bancarias han hecho gestiones para acordar con beneficiarios de créditos que no pueden hacer frente al pago de los préstamos una fórmula de dación en pago de las viviendas, pero no ha podido culminarse porque las hipotecas incluyen una cláusula que las vincula al cobro de una subvención de la Generalitat que no han recibido. “Como no se cumple esa cláusula, aunque hayan acordado la dación en pago, esta no puede llevarse a cabo”, explica la parlamentaria socialista.

“En febrero”, explica Bonig en la respuesta parlamentaria, “se mantuvo una reunión entre representantes de esta consejería y de las entidades financieras que suscribieron convenios con la Generalitat para el anticipo de las ayudas de la vivienda, en la que se informó a las entidades del estado de tramitación de los pagos de las subvenciones anticipadas”. Sin embargo, la explicación no sirvió para que los bancos adoptaran por escrito el compromiso de prorrogar el vecinimiento de los anticipos.

Por otra parte, en respuesta a una pregunta de Marina Albiol, de Esquerra Unida del País Valencià, la consejera cifra en 141 las personas que perdieron las ayudas a la vivienda correspondientes a la renta básica de emancipación porque su departamento no las tramitó al Ministerio de Fomento en la fecha que correspondía. La renta básica de emancipación, que en 2011 recibieron 25.972 valencianos, fue suprimida por el decreto de Mariano Rajoy de julio de 2012 de medidas de ajuste. Todas las solicitudes presentadas con posterioridad dejaron de aceptarse. Sin embargo, como reconoce Bonig en su respuesta a la diputada Albiol, el envío desde la aplicación informática de la consejería se suspendió el 17 de mayo de 2012 “como consecuencia del expediente de regulación de empleo que afectó a la totalidad del personal informático del Instituto Valenciano de la Vivienda”.

Cuando se recuperó la gestión informática, el 27 de septiembre, se enviaron los expedientes bloqueados. 141 de ellos tenían fecha anterior a julio, pero el ministerio se negó a aceptarlos. Bonig aelara que el director general de su departamento se dirigió al ministerio explicando lo ocurrido y pidiendo que se aceptaran “dado que no fueron remitidos en plazo y forma por motivos de fuerza mayor”.