El juez pide indagar si entre un alcalde y Beatriz Mato hubo tráfico de influencias
La policía del ‘caso Orquesta’ intervino correos y llamadas pidiendo enchufes
En el auto con el que da por concluida la investigación de la Operación Orquesta, una trama de corrupción en la que están implicados 26 cargos políticos, funcionarios y constructores de la Costa da Morte, el juez Andrés Lago Louro insta a abrir diligencias judiciales, “en pieza separada” de ese sumario, para indagar si uno de los principales imputados, el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba, del PP, incurrió en un delito de tráfico de influencias junto con la conselleira de Traballo e Benestar Social, Beatriz Mato.
Entre las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía al regidor y uno de sus ediles, Santiago Ínsua Esmorís-Recaman, también imputado en el caso Orquesta, así como en correos electrónicos incautados en el Ayuntamiento, aparecen indicios “que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de tráfico de influencias” al ser peticiones para enchufar determinadas personas en un geriátrico de Vimianzo.
El magistrado considera que hay que tomar “testimonio de tales conversaciones e informes policiales para continuar su investigación hasta el definitivo esclarecimiento de esos hechos nuevos”. Si no se hizo antes es porque son colaterales y sin relación, advierte el juez instructor, con la causa “voluminosa y compleja” del caso Orquesta, cuya investigación judicial, centrada durante tres años en amaños de la adjudicación de obras públicas, concluye ahora con 26 imputados por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
A raíz del registro e incautación de documentos en el Ayuntamiento de Fisterra, en febrero de 2011, la policía judicial encontró varios correos electrónicos del alcalde enviados en otoño del 2010 a la dirección de Beatriz Mato en la Xunta en los que le remitía la identidad de “personas presentadas para su contratación en el geriátrico de Vimianzo”. Es una residencia gestionada por una empresa privada que presta servicio para la consellería de Mato. En algunos casos, Traba incluye en sus correos nombres y apellidos con el DNI, el currículo o el puesto al que aspiran como “mantenimiento” o “auxiliar de cocina”. En otros, el alcalde precisa a la conselleira que la recomendación parte de “Manolete, el patrón mayor, que me pasó el nombre de una sobrina”.
Para el magistrado Lago Louro, la posibilidad de estar ante un presunto delito de tráfico de influencias como reseña el informe policial “no resulta descabellada a la vista de varias conversaciones telefónicas intervenidas” entre el alcalde y uno de sus ediles, Santiago Ínsua, también del PP. Ambos cargos hablan en diversas ocasiones de pedir a la conselleira que interceda para que se contraten a familiares de conocidos en ese geriátrico. Un denominado Manuel llama efectivamente a Insua para contarle que a su sobrina ya la habían llamado para una entrevista de trabajo. “¿Sabéis algo de Beatriz Mato?”, le pregunta en gallego al edil. Y este contesta: “Pues ahora le podemos mandar un mensajillo a Bea, que le eche una mano”.
Hay también conversaciones y mensajes telefónicos intervenidos por la policía con Daniel Ogando, uno de los principales constructores implicados en la Operación Orquesta, para que el alcalde de Fisterra influya en la contratación de su novia, Isabel Martínez, en esa misma residencia. Martínez, que trabajaba como secretaria de Construcciones Ogando, tiene ahora plaza fija en el geriátrico de Vimianzo. Y en una escucha policial, se oye a su novio constructor ordenarle “comprar un regalo al alcalde” de Fisterra para “darle las gracias” por el empleo.
Estas comunicaciones del sumario de la Operación Orquesta ya fueron debatidas en el Parlamento en junio de 2011. Y la número dos de Traballo, para defender a Mato de acusaciones de tráfico de influencias, divulgó correos de su antecesor en la consellería, el socialista Ricardo Varela, con también peticiones de enchufes. La conselleira, alegó la entonces secretaria general del departamento, “ni fue llamada por la Justicia a declarar, ni es acusada de nada”. Hasta ahora.
Sobornos camuflados como pago a obreros”
Para el juez instructor del caso Orquesta, hay pruebas documentales suficientes para avalar las escuchas policiales sobre la supuesta entrega de sobornos por parte de los constructores Daniel Ogando, padre e hijo, a ocho cargos municipales de Cee, Fisterra, Mazaricos y Corcubión, entre ellos los alcaldes de las últimas tres localidades. Están todos ellos acusados de un delito de cohecho. Son múltiples las conversaciones pinchadas durante el año 2010 entre los dos constructores y también con políticos de esos municipios en el que hablan de compensaciones, "costes indirectos", o incluso de un porcentaje del presupuesto de una obra pública que, previo amaño, fue adjudicada a los Ogando.
Los movimientos de las cuentas bancarias de estos constructores de Muxía son para el juez pruebas clave. La retirada de dinero en efectivo coincide, tanto en el día como en la cantidad, con los indicios sobre pagos a cargos políticos que se recogen en las escuchas policiales. Y la investigación judicial considera comprobado que esos billetes no eran para pagar los sueldos de los obreros como hacían constar los Ogando al pasar por la ventanilla de su banco.
En el sumario, el alcalde de Fisterra y dos de sus ediles son acusados del delito de cohecho al sospechar el juez que fueron los destinatarios de 10.000 euros en metálico que los Ogando, en conversaciones pinchadas, hablan de retirar y llevar a ese municipio el penúltimo día del año 2010. La “sospecha” de que ese dinero fue retirado del banco para “pagar favores a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Fisterra”, dice el juez, “se ve refrendada ahora con el análisis de las cuentas bancarias”. Los Ogando siempre hacen constar cuando se trata del pago de una nómina. Y ese mes de diciembre abonó todos los sueldos de sus obreros mediante transferencias bancarias, no en metálico.
“Pago obreros” puso Daniel Ogando para explicar en ventanilla la retirada, el 12 de agosto de 2010, de 34.400 euros en efectivo. Corresponde a la suma de los sobornos supuestamente pagados, a cambio de obras públicas, en Cee y Mazaricos, según la investigación judicial. Ese mismo día, Ogando explica en distintas conversaciones con su hijo que iba a reiterar el dinero para pagar al alcalde de Cee 29.000 euros y 5.000 a “la Fervenza”, en alusión a Mazaricos. Hay también constancia en las llamadas pinchadas de las gestiones de Ogando hijo con los cargos políticos de ambos municipios para acordar fecha y entrega del dinero. El entonces regidor de Cee y uno de los principales implicados en esta causa, Ramón Vigo, dio cita al constructor en su despacho de la Alcaldía. En Mazaricos, y de acuerdo con el teniente de alcalde, los 5.000 euros fueron entregados a un empleado municipal que también se encarga de organizar las fiestas de A Fervenza. En el listado oficial de empresarios que colaboran con esos festejos, consta que los Ogando solo participaron con 300 euros.
El alcalde de Corcubión, único socialista implicado, también fue “sobornado” por los Ogando, según el juez. Pero no fue con dinero, sino con el mantenimiento gratuito de los jardines de la localidad, un servicio valorado en 9.840 euros, según consta en la documentación del sumario.
