Imputado el exdirector de Política Financiera por la quiebra de L’Aldea

La titular del juzgado numero 1 de Tortosa, que instruye el caso de la quiebra de la Cooperativa de L'Aldea, ha decidido citar como imputados al exdirector general de Política Financiera de la Generalitat Ferran Sicart y al actual subdirector general de Inspección Financiera, Pablo Benito.

Estas imputaciones, realizadas en el marco de las diligencias previas, se añaden a la del inspector de la Generalitat Ramon Cortacans, imputado el pasado 19 de febrero.

La juez ha detectado indicios de un supuesto delito contra la administación pública debido a que, en el año 2007, cuando Ferran Sicart era director general de Política Financiera y Pablo Benito era inspector del departamento, junto con Ramon Cortacans, elaboraron una auditoría que ya detectaba irregularidades contables graves pero que, sin embargo, fue archivada. Así lo ha confirmado a Efe la parte denunciante del caso, la junta rectora de la cooperativa.

"Pensábamos que si la juez investigaba a fondo iría en busca de muchas personas. Creemos que hay diferentes grado de responsabilidad y culpabilidad. Valoramos muy bien esta tarea, por ejemplo, pero no somos unos entendidos y esperamos que la justicia tome las decisiones que tenga que tomar", ha manifestado la presidenta de la cooperativa, Montse Llosa.

También han sido imputados por primera vez miembros de la anterior junta, en concreto el expresidente Fernando Falcó, el extesorero Lluís Gilabert y el exsecretario Josep Benito. En la lista hay que añadir al exdirector de la sección de crédito y a los responsables de la empresa BDO, que auditaba anualmente las cuentas.

De hecho, el informe que elaboró el administrador concursal antes de que se abriera esta causa ya apuntaba a que el exsecretario de la junta traspasó 18.250 euros de su cuenta a plazo a la de crédito y el hermano del tesorero, Juan Gilabert, hizo lo mismo con 20.500 euros, todo ello justo antes de la quiebra.

Por su parte, el exgerente Daniel Ferré retiró 160.000 euros que depositó en una cuenta de uno de sus hijos en La Caixa. Según ha constatado Llosa, los próximos lunes y miércoles la juez de la sala numero 1 ha decidido citar a una veintena de afectados por el bloqueo de las cuentas para ofrecerles la posibilidad de emprender acciones legales en el caso.

Una medida ligada a la reactivación de las denuncias que en su día hicieron Ramon Albesa y otro grupo de afectados y que habían quedado archivadas.