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El Ayuntamiento de Sevilla convoca al comité de Lipasam para negociar

El paro del servicio deja más de 5.000 toneladas de basuras en las calles de la capital andaluza

Foto: atlas | Vídeo: ATLAS | EFE

Primer gesto de buena voluntad tras ocho días de huelga de basuras en Sevilla. Representantes del Ayuntamiento y la empresa municipal de recogida de residuos urbanos Lipasam se reunieron este lunes con miembros del comité de empresa para desbloquear el paro, que ya ha dejado más de 5.000 toneladas de desperdicios en las calles de la capital de Andalucía. El equipo de gobierno encabezado por Juan Ignacio Zoido accedió a sentarse con los huelguistas, pese a que había anunciado que no negociaría hasta que cesaran los “actos vandálicos” que el Ayuntamiento atribuye, sin pruebas, a algunos empleados, como la quema de hasta 150 contenedores de basura en distintas zonas de la ciudad durante la semana larga de conflicto.

El Ayuntamiento calificó la reunión como “una primera toma de contacto” de la que no esperaba que saliera un acuerdo para el fin de un paro cuyos efectos, en forma de mal olor y bolsas de basura invadiendo aceras y carriles bici, ya son muy perceptibles. Los trabajadores rechazan la pretensión municipal de ahorrar 3,3 millones de euros reduciendo los salarios de los basureros en un 5% y concentrando el aumento de jornada que supone la semana laboral de 37,5 horas en Semana Santa, Feria de Abril y Navidad, lo que supone la no contratación de trabajadores eventuales en esas fechas.

El Ayuntamiento sostiene que en abril alcanzó un acuerdo con el comité de empresa para aplicar este plan de ajuste, que es su punto de partida para la negociación. Los sindicatos, sin embargo, niegan que el supuesto acuerdo esté firmado y sostienen que la congelación de los salarios desde el 2008, la supresión de la paga extraordinaria en 2012, la reducción de las contrataciones y la amortización de plazas cubren de sobra las necesidades de ahorro de la empresa municipal.

Al primer encuentro exploratorio acudieron, por parte municipal el gerente de Lipasam, Francisco José Juan; el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla y vicepresidente de Lipasam, Maximiliano Vílchez; el vicepresidente de la corporación de empresas municipales, Jesús Maza, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense, Jesús Bueno. Por parte de los trabajadores acudió una delegación encabezada por el presidente del comité de empresa, Antonio Bazo, de CC OO.

Bazo calificó de “positivo” el hecho de que el Ayuntamiento accediera a negociar, pero lamentó que a la reunión no acudiera el propio Zoido. Durante la primera semana de huelga, el regidor sevillano ha estado notablemente ausente de la ciudad debido a sus responsabilidades como presidente regional del PP. El representante de los trabajadores anunció antes de entrar en la reunión que no firmaría “ningún preacuerdo” sin informar antes a la asamblea de empleados de las propuestas que le hiciera la empresa.

El lunes, la Policía Local abrió diligencias judiciales contra un empleado de Lipasam que fue denunciado por un vecino como supuesto incendiario de varios contenedores en el Polígono Norte. El denunciante indicó a los agentes que vio cómo tras manipular el hombre el contenedor, este empezó a arder. El individuo, de unos 40 años, fue identificado por los agentes en un bar. Sin embargo, cuando fue preguntado por los policías, negó haber provocado el incendio. Entre sus pertenencias, los agentes encontraron un mechero, pero en el atestado informaron de que “en sus manos no se observan indicios” que pudieran evidenciar los hechos que se le imputan. Pese a ello, y basándose en la declaración del testigo y la “inmediatez” y “proximidad” del empleado de Lipasam con los contenedores quemados, los agentes presentaron una denuncia contra él.

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Además de este caso, el Cuerpo Nacional de Policía remitió ayer a la Fiscalía las diligencias abiertas contra otros tres trabajadores de Lipasam por volcar el contenido de varios contenedores de basura el 31 de enero, tercer día de la huelga. “Que la empresa y la Justicia actúen como tengan que actuar y que ellos apechuguen con las consecuencias. El comité y el conjunto de la plantilla no son responsables de los actos vandálicos que haya cometido un trabajador, en el caso de que los haya cometido”, afirmó Bazo.

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