Siete millones para pagar el turno de oficio

La Consejería de Justicia e Interior de la Junta informó este sábado de que ya ha abonado a los abogados andaluces los 7,4 millones de euros a los que ascendían los pagos que tenía pendientes de realizar la Administración para sufragar los turnos de oficio realizados en el primer trimestre de 2012. Con este pago, según la Consejería, el departamento que dirige Emilio Llera cumple lo comprometido en enero con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

La consejería debe a los cerca de 7.000 letrados de los turnos de oficio 21,4 millones de euros. Llera se comprometió a saldar esta deuda en tres plazos en los meses de febrero, marzo y abril. Los 7,4 millones anunciados este sábado corresponden al primero de estos pagos. El Gobierno andaluz tiene previsto abonar dos cuotas más de 7,4 y 6,5 millones en los próximos dos meses, que servirán para sufragar los turnos de oficio del segundo y tercer trimestre de 2012, respectivamente.

Para la Consejería de Justicia este pago pone de manifiesto el “esfuerzo” del Ejecutivo andaluz por “el mantenimiento de este servicio fundamental a pesar de la difícil coyuntura económica actual”, y la liquidación total de la deuda va permitir a la consejería “ponerse al día y acabar con los retrasos registrados en los últimos años”.

El pasado año, según el departamento de Llera, se abonaron “un total de 38,4 millones de euros que permitieron liquidar toda la deuda de 2011 y avanzar en gran parte de los gastos de 2012”.

Gratuidad

Según la consejería, la justicia gratuita es “una prioridad para la Junta”, que ha situado la atención a sus pagos “en la primera línea de los servicios a garantizar en estos tiempos difíciles, e incluso por delante de otras muchas demandas igualmente importantes para el Gobierno andaluz”.

La Junta ha decidido también recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma del Gobierno central que generaliza el pago de tasas en el sistema judicial. Andalucía entiende que se vulnera el principio de igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución.