Okupas protegidos, propietarios a la calle

El Cabanyal es un barrio sitiado por la degradación, un barrio en el limbo. Conforme arreciaba el conflicto entre vecinos y Gobierno local a cuenta del polémico plan que conecta la avenida de Blasco Ibáñez con el mar, este antiguo pueblo de pescadores de Valencia empeoraba sus condiciones de vida con la anuencia del Gobierno de Rita Barberá.

El barrio está cada vez más despoblado y la lasitud de la política del PP no ha hecho más que acrecentarla. Las típicas casas cabanyaleras se han vaciado poco a poco hasta quedar deshabitadas o a merced de la población más marginal. La venta de drogas, el trasiego de chatarra o la suciedad por doquier han convertido en irreconocible este barrio de pescadores.

“Ya no podemos más. La única forma de erradicar todo esto es cortar por lo sano”, denunciaba en 2010 un grupo de unos 20 o 30 vecinos que recogían firmas a favor de la prolongación de la avenida. Pertenecían al colectivo Sí Volem, favorable a la prolongación. Y cuando decían “todo esto” se referían a la marginalidad y el estado de abandono de sus calles.

Contra toda lógica, esa sensación de barrio sin ley no se ha vuelto contra las Administraciones públicas. El PP es el partido más votado y muchos de esos vecinos creen firmemente que si se derriba esta especie de zona cero —un área de 800 metros de largo por casi 100 de ancho—, que el Ayuntamiento ha condenado al ostracismo, todos sus problemas se diluirán y el barrio resurgirá de sus cenizas y será más próspero. Una tesis que ha dado oxígeno a Barberá en su negativa a reformar un plan fuera de las modernas corrientes arquitectónicas e insostenible económicamente.

En su carrera por imponer la avenida por la vía de los hechos, ya que los tribunales no se lo han permitido, el Consistorio se ha cargado de propiedades municipales —casas y solares— que, según los vecinos, son focos de marginación en el barrio. De sus 500 propiedades en El Cabanyal, hay unas 50 casas ocupadas de forma ilegal, sobre las que el Ayuntamiento no ha ejercido el debido control. Una actitud que, según Salvem y la Associació de Veïns del Cabanyal, roza el mobbing inmobiliario.

El barrio ha explotado al final por todas sus costuras. Desesperado por la pasividad de las autoridades, partidarios y detractores de la prolongación se han unido y forzado al Consistorio a que garantice la limpieza, la seguridad y la convivencia pacífica entre sus residentes.

Una tolerancia con la degradación que contrasta poderosamente con la “arbitrariedad”, dicen los residentes, con que los servicios municipales ha interpretado la orden de protección dictada en 2010 por la ministra socialista Ángeles González-Sinde.

Una interpretación tan restrictiva que deniega, a los que resisten en sus casas, las licencias de actividad o de obra mayor con el argumento de que la orden prohíbe tocar un solo ladrillo. De nada sirvió el informe de la Abogacía del Estado, que advertía de que no era esa la interpretación correcta de la polémica orden. Aun así se han frenado de forma arbitraria esos permisos.

Para unas sí y para otras no, critican los vecinos. A los comercios que han echado la persiana por la crisis se añaden los que no abren por los obstáculos jurídicos que pone el Ayuntamiento. Una combinación peligrosa que hipoteca el futuro de uno de los barrios con más historia y proyección de la ciudad.