Año negro para las entidades sociales
El sector sufre desde hace 18 meses los recortes e impagos de la Generalitat El Gobierno catalán no facilita aún las cifras actualizadas de la renta mínima de inserción
"La crisis se está cebando en los más débiles”. Es una frase que suena con asiduidad y que el tercer sector social, que asiste a los colectivos más desfavorecidos, pregona arropado por la larga lista de agravios que acumula. Las entidades han sufrido este último año recortes en las subvenciones e impagos. El último, este mes de julio, cuando la Generalitat ha dejado de transferir 70 millones de euros al tercer sector en concepto de conciertos con residencias y centros asistenciales. Pero los usuarios también están sufriendo los recortes en sus propias carnes, a través del hachazo que han sufrido la renta mínima de inserción y las ayudas a la dependencia.
La necesidad imperiosa de reducir el gasto también ha marcado las políticas del Departamento de Bienestar Social de la Generalitat, que dirige el convergente Josep Lluís Cleries. Desde la entrada de CiU en la Generalitat hace un año y medio, el presupuesto de esta área se ha reducido 212,5 millones de euros (el 11%) y ha quedado en 1.728 millones. Pero, de hecho, son cifras de los presupuestos elaborados a principio de año, que se han ido modificando y moldeando a partir de los sucesivos planes de ajuste emprendidos durante este año tanto por la Administración autonómica como por la central.
Los compromisos de la Generalitat con los bancos (a los que el pasado mes tuvo que devolver 424 millones de euros y que tienen prioridad en el cobro, por delante incluso de las nóminas de los funcionarios) han llevado a la Administración catalana a tener que aplazar el pago de los conciertos que tiene acordados con entidades sociales, residencias, hospitales y escuelas.
Especialmente maltratado se siente el sector de los discapacitados. A principios de año, la Generalitat impulsó la reducción del 8% en las ratios de personal paciente-usuario en residencias y centros de día que atienden al colectivo. Por su parte, el Gobierno central ha recortado este año el 56% de su aportación a Cataluña (de 400 a 180 millones) para políticas activas de ocupación.
El sector sufre desde hace 18 meses los recortes e impagos de la Generalitat
Las ayudas a los discapacitados intelectuales más graves, que acostumbran a encontrar una ocupación en los centros especiales de trabajo (CET), también se han recortado. Hasta ahora, el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) que perciben estaba subvencionado por las Administraciones (el 50% por el Estado y el 25% por la Generalitat). Este año las aportaciones públicas solo dan para el 53%, mientras que el resto se debe cubrir con los exiguos beneficios que generan los CET (dedicados a servicios de limpieza, jardinería…), que también están en retroceso por la reducción de encargos. Los recortes también han llegado a la reinserción de presos: las subvenciones se han esfumado. El Departamento de Justicia anunció a las entidades que suprimía las ayudas destinadas a reinserción a partir del mes de junio. Las entidades sociales (unas 35 se dedican a este ámbito que en los dos últimos años han asistido a unos 6.400 reclusos) ya han alertado de las consecuencias de estos recortes y calculan que la reincidencia entre los presos puede aumentar hasta un 12%.
Adicionalmente, las Administraciones han dado un importante hachazo a las prestaciones sociales. La Generalitat abrió esta peligrosa senda hace justo un año, cuando decidió revisar la renta mínima de inserción —la RMI, una ayuda de 426 euros que reciben las personas sin otros recursos económicos—, lo que provocó un auténtico caos social en pleno agosto. El endurecimiento de las condiciones de acceso hizo dar carpetazo a 4.521 expedientes (el 14%) para cerrar el año con 24.765 expedientes activos. Y ello en un momento en que cada vez hay más hogares sin ningún ingreso, unos 103.700 actualmente.
El Departamento de Empresa, que se encarga de la gestión de esta ayuda, se muestra hermético y no facilita las cifras actualizadas, aunque el sector social sospecha la existencia de miles de solicitudes que esperan aprobación desde hace meses. Las personas de edad avanzada tampoco reciben mejor trato de las Administraciones. Las tijeras del Gobierno central han alcanzado a la dependencia, lo que se ha traducido en una reducción de 76 millones (un 30%) en la aportación a Cataluña para financiar las ayudas previstas por la Ley de la Dependencia. Además, se ha decidido aplazar la incorporación de 57.000 dependientes moderados al programa hasta 2015.
Al tercer sector solo le queda esperar cobrar a tiempo las amputadas ayudas, aunque teme que su situación se agrave antes de que acabe el año con sucesivos retrasos en el pago. Las entidades consideran que se han traspasado todas las líneas rojas posibles y algunos auguran que ello puede desembocar en un desastre social. “No sabemos si se repetirán los impagos o si nos volverán a recortar en 2013. Vivimos en la oscuridad y esta incertidumbre crea mucha angustia”, dice Jordi Gusi, gerente de la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).
