La juez valida las inspecciones de la Xunta a Unións Agrarias
El sindicato recurrirá y ve “llamativo” que la “alarma social” la haya provocado el PP
La juez Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, decretó ayer el archivo provisional de la denuncia presentada por el sindicato Unións Agrarias que acusaba a la Xunta de un delito de desviación de poder en las inspecciones al sindicato Unións Agrarias ( y a otras organizaciones) al que el PP acusó de desviar fondos para pagar campañas electorales del PSOE.
En un auto con fecha del pasado 1 de junio, la juez valida todas las actuaciones de comprobación de la Xunta y descarta que el Gobierno gallego incurriera en “resolución arbitraria dictada a sabiendas”. Y levanta por tanto la imputación del exdirector general de Traballo Andrés Hermida Trastoy, hoy responsable de Ordenación Pesquera en el Ministerio de Arias Cañete, y del director general de Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada.
El fallo señala que no hay delito en el comportamiento de las consellerías de Traballo y Presidencia y que el alto cargo del departamento de Beatriz Mato estaba facultado para realizar unas primeras actuaciones de control para ver si se había cumplido el fin de las subvenciones concendidas en 2008 por el Gobierno gallego, entonces presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño.
Señala la juez que los dos directores generales de Traballo y Presidencia “adoptaron las decisiones siempre dentro de su ámbito de competencia y con amparo legal y reglamentario”. Añade que al procedimiento seguido por la Administración para ejecutar las órdenes de inspección cumplió “escrupulosamente el proceso administrativo”. El sindicato anunció ayer en un comunicado que recurrirá el archivo de la causa.
Unións Agrarias siempre negó que hubiera desviado un solo céntimo puesto que las subvenciones eran directas para contratar personal y acusó al Gobierno gallego de ponerse a las órdenes del Partido Popular y de su secretario general, Alfonso Rueda, conselleiro de Presidencia y superior de Jaime Bouzada, que implicó a su departamento, una especie de asuntos internos de la Xunta, por primera vez en la inspección de ayudas públicas.
El auto admite que la alarma social la creó el PP pero defiende que debe prevalecer el deber de la Xunta de fiscalizar las ayudas
La juez, tras admitir que la investigación de la Xunta se produjo por “el ruido mediático” ocasionado por las denuncias del PP y que este es el “extremo de análisis más complejo”, concluye que prevalece el derecho de la Administración a investigar. De lo contrario, advierte, se estaría “avalando un peligroso ámbito de impunidad y ausencia de control pues el partido político que ocupase el poder no osaría jamás intentar verificar la legalidad de la actuación de sus adversarios políticos, fin último no solo deseable democráticamente sino plenamente ajustado a la legalidad”. De ahí que el juzgado decrete el archivo del caso que, según anunció en un comunicado el sindicato, va a ser recurrido.
Su secretario general, Roberto García, se mostró sorprendido de que el fallo judicial justifique las inspecciones por la “alama social causada cuando esa alarma social la causaron los que tomaron la decisión” de llevarlas a cabo. El sindicato seguirá adelante con el pleito porque, según recordó ayer García, “la instrucción por boca de los directores generales de la Xunta evidenció que Unións Agrarias no cometió ninguna ilegalidad ni irregularidad”.
La denuncia de Unións Agrarias se produjo después de que el PP , a través de su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, acusase al PSOE de “sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas electorales”, una grave imputación que llevó a la Xunta a abrir una investigación para probar semejante delito. Año y medio después de la apertura de aquel procedimiento, ni la Xunta ha aportado dato alguno que dé credibilidad a las acusaciones populares ni Miranda como portavoz del PP se ha retractado.
