La Diputación de Castellón necesita 14,7 millones para financiarse
Las modificaciones de crédito han duplicado en tres meses la cifra
La Diputación de Castellón cerró 2011 con una necesidad de financiación de casi siete millones de euros que, en solo tres meses, se ha duplicado hasta alcanzar los 14,7 millones debido a las modificaciones de crédito realizadas desde enero. El área de intervención de la Corporación provincial ha elaborado un informe sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2011 que concluye como “conveniente” la elaboración de un plan económico-financiero para garantizar el cumplimiento de estabilidad presupuestaria.
Según este informe, el resultado presupuestario acabó con un déficit de 9,6 millones que, tras los ajustes introducidos como el recurso al remanente de tesorería, arrojó un resultado presupuestario ajustado con superávit de casi 15 millones de euros. Un dato que ya destacó el presidente de la Diputación, Javier Moliner, como éxito de su primer año al frente de la institución.
No obstante, el informe llama la atención sobre la necesidad de financiación al cierre del ejercicio de 6,9 millones. La intervención ha analizado también las cuentas de las entidades dependientes como la inactiva inmobiliaria Vicasdi, creada en 2009 por Carlos Fabra. La entidad gastó 170.300 euros en 2011 de los cuales 105.800 fueron íntegramente destinados a pagar sueldos. El déficit Vicasdi es de 110.000 euros.
Pero la necesidad de financiación se ha duplicado en apenas tres meses. La Intervención se refiere a otro informe de marzo de este año en el que pone de manifiesto que “tras las modificaciones de crédito en el presupuesto inicial del ejercicio 2012” la necesidad de financiación es ahora de 14,7 millones.
A ello hay que sumar los 30,9 millones por la devolución de la participación en los tributos del Estado de 2009 que la Diputación deberá retornar en los próximos años.
Por todo ello, la Intervención concluye que “no se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que existe necesidad de financiación”. “El incumplimiento viene explicado fundamentalmente por las obligaciones reconocidas financiadas con cargo al remanente de tesorería que ascienden a 14,6 millones, así como por los ajustes por el diferimiento de la liquidación de la participación en los ingresos del Estado de 29 millones”, recoge. Es por ello que se considera “conveniente” la elaboración de un plan económico.
