El PNV se queda solo en la defensa de sus exmilitantes implicados
La Cámara aprueba el dictamen sin responsabilizar a consejeros de Ibarretxe
La Cámara vasca dejó ayer completamente solo al PNV en su defensa de excargos de su partido vinculados a la supuesta trama de corrupción del caso De Miguel y sus derivaciones. Socialistas, PP, Aralar, EA, Ezker Anitza y UPyD votaron a favor del dictamen final de la comisión de investigación parlamentaria, tras un debate que echó el cerrojo a 18 meses de trabajos, con 56 testimonios y 40 sesiones de trabajo. El texto detalla un amplio listado de personas a las que se apunta como responsables políticos de las irregularidades. Entre ellos no figura ninguno de los consejeros de la época de Juan José Ibarretxe, pese a que en el dictamen provisional aprobado por la comisión sí incluía el nombre de Ana Aguirre, exconsejera de Industria, que socialistas y PP acordaron retirar para sumar a Aralar al consenso final.
Cuatro líneas de investigación
La comisión parlamentaria de investigación del caso De Miguel analizó cuatro ámbitos de posibles irregularidades entre 2006 y 2009. El primero fueron varios contratos de Cultura con empresas vinculadas a los entonces dirigentes del PNV Alfredo de Miguel o Koldo Ochandiano, algunos de los cuales no consta que se llegaran a realizar.
La Cámara considera que estas firmas recibieron un trato de favor del entonces director de Juventud, Xabier Sánchez Robles. La responsabilidad a su entonces viceconsejero, Gurutz Larrañaga.
Sobre la segunda línea, el caso de presunto espionaje por dos ertzainas a políticos y empresarios alaveses, la Cámara entiende probado que ambos acordaron con el dirigente pneuvista Aitor Tellería que le harían llegar esta información.
En el caso de la compra de suelo rústico en Santurtzi a través de la sociedad Sprilur, dependiente de Industria, que supuso gastar más de tres millones en un suelo en el que no se puede construir, se apunta al exdirector de Sprilur Antón Zubiaurre como único responsable.
Respecto a la última línea de estudio, los contratos del Parque Tecnológico de Miñano con las firmas Urbanorma y Stoa, la responsabilidad recae en el exdirector del parque, Alfonso Arriola; el expresidente de la red de parques tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, y en Koldo Ochandiano y Miren Bilbao, por irregularidades en los procedimientos de contratación. Los casos prosiguen su recorrido judicial.
El dictamen aprobado por el pleno recoge un amplio paquete de medidas de incremento del control en el seno del Gobierno para que irregularidades como las corroboradas no vuelvan a repetirse. Se plantea, por ejemplo, que la Oficina de Control Económico del Ejecutivo verifique si los trabajos contratados se realizan, que no se fraccionen contratos y fijar un procedimiento para la compra de suelo en Sprilur. También insta a iniciar las acciones legales necesarias para recuperar el dinero de los contratos que no se realizaron.
El dictamen insiste reiteradamente en que no entra a dilucidar si se cometieron delitos, sino en clarificar si hubo irregularidades y quiénes fueron sus responsables políticos. El presidente de la comisión, Juanjo Agirrezabala, de EA, que recibió elogios de varios grupos por su trabajo, recalcó que cuestiones como el supuesto espionaje realizado por dos ertzainas a políticos y empresarios alaveses, una información que pasaba a manos del exdirigente peneuvista Aitor Tellería, eran algo muy localizado que nada tenía que ver con la estructura de la Ertzaintza.
La peneuvista María Eugenia Arrizabalaga criticó el “juicio paralelo” y la indefensión de las personas vinculadas al caso. También censuró que algunos portavoces “se han basado en información judicial” que no todos los grupos tenían, así como que Agirrezabala se haya reunido con el fiscal jefe alavés, Josu Izaguirre, en varias ocasiones. “El fiscal no es juez, es acusación”, censuró.
Dicha parlamentaria negó que se hayan probado muchas de las afirmaciones del dictamen con frases como: “El espionaje es vox populi, cotilleo de taberna”.
Arrizabalaga lanzó una idea que sonó más a advertencia: el Tribunal de Cuentas ha visto irregularidades en los contratos de Osatek esta legislatura.
El parlamentario socialista Óscar Rodríguez señaló: “No vemos las pegas que puede tener nadie a la hora de determinar responsabilidades políticas por el mal uso de unos recursos públicos”. Y puso como ejemplo a su propio grupo, que asumió las conclusiones de la comisión que investigó hace años las irregularidades en una oposicón de Osakidetza, o al propio PNV, que reconoció parte de las conclusiones del caso Balenciaga. Para el PP, el dictamen contiene “conclusiones claras y prudentes” pese a las “muchas interferencias e intentos de boicot”.
