Varios testigos aseguran que Bravo les obligaba a pagar deudas prescritas

Tres testigos declararon ayer ante la Audiencia de Gipuzkoa que el exdirector de la Hacienda de Irún, José María Bravo, principal acusado del presunto fraude cometido en esta oficina tributaria, les obligó a pagar deudas que estaban prescritas o les hacía responsables de impagos de otras empresas cuando esta derivación de responsabilidad no procedía. Al término de la sesión de ayer, Bravo abandonó la sede judicial haciendo el siguiente comentario a los medios informativos: “Estoy hasta los huevos de vosotros”.

Una mujer explicó cómo su empresa de caravanas afrontó el pago de una deuda que había contraido otra de calderería por haber pertenecido algunos socios a ambas sociedades. La testigo relató, muy nerviosa, que la Hacienda de Irún le reclamó 144.000 euros en 2002, de los que finalmente pagó 30.000 euros pese a que ella creía que la deuda había prescrito.

Tras este requerimiento, la responsable de la empresa contactó con una abogada para presentar alegaciones y posteriormente se entrevistó con Bravo, a quien aseguró que esa deuda había prescrito, que si la abonaba tendría que cerrar su negocio y que estaba dispuesta a “ir a juicio” si no se encontraba una solución, según informa Efe. Señaló que únicamente tenían dudas sobre la prescripción de unas de las certificaciones, por lo que cuando Bravo les propuso entregar 30.000 euros le pareció “normal”.

Bravo, a los medios informativos: “Estoy hasta los huevos de vosotros”

Una situación similar se dio con otra empresa de venta de cosméticos, a la que en diciembre de 2002 se reclamó por derivación de otra ya extinguida más de 270 millones de pesetas, de los que se abonaron poco más de 52.000 euros. En este caso, su representante legal explicó ante el tribunal que no se negoció ninguna rebaja, sino que Bravo recalculó la deuda tras rehacer la contabilidad de la mercantil desaparecida para evitar la derivación y que la cantidad resultante de esa revisión se “ajustó” a la cantidad abonada.

El propietario, que ha dicho que tenían dudas sobre la prescripción de algunas cantidades, afirmó que Bravo les pidió el pago en metálico y que se hiciera efectivo antes de Navidad porque se iba de vacaciones. “Recuerdo que tenía prisa”, añadió.

Una contribuyente pagó 30.000 euros de una deuda que estaba extinguida

También declaró el administrador de una mercantil a la que Bravo reclamó una deuda de 61.000 euros nueve años después de cerrar la empresa. Ante este hecho, la Hacienda de Irún volvió a enviar otro requerimiento para satisfacer la deuda, pero esta vez a su nombre. El contribuyente pagó 32.000 euros porque era la única cantidad de la que disponía y que no se le ocurrió pensar que la deuda ya podía estar prescrita.

En la novena sesión de este juicio, el abogado y asesor Mariano Bravo, sin ninguna relación de parentesco con el imputado, testificó que no se le reclamó una deuda tributaria a la que habría podido hacer frente. La deuda estaba vinculada a una empresa que compró a instancias del principal acusado, entonces amigo suyo.

Recordó que en 1999 compró la empresa Bisector, propiedad de unos familiares de José María Bravo, con la intención de revenderla y evitar así a los allegados del acusado los gastos por la extinción de la compañía. No la vendió hasta 2010 y dijo desconocer por qué se dató por insolvencia en 2004 una deuda de 21.000 euros que la empresa tenía pendiente con Hacienda.