Ni reforma laboral ni recortes: hay alternativas
En medio de esta crisis que amenaza con llevárselo todo por delante, muchos sectores sociales están levantando sus protestas. También con ellos el movimiento sindical este 1 de Mayo. Y como reza nuestro lema, tenemos la percepción de que, efectivamente, “quieren acabar con todo”.
Primero, porque los gobiernos no admiten ni la duda metódica de cuestionar lo que las intervenciones de las instituciones financieras internacionales nos vienen repitiendo cada día, erigiéndose en representantes de los mercados. Las medidas de ajuste se nos imponen de forma inexorable, legitimadas además por la mayoría absoluta obtenida en las urnas y por la constitucionalización de la prioridad de atender al déficit, como si la propia definición del Estado social pudiera ser barrida y olvidada por un acuerdo tan tristemente pactado. Con esta nueva definición, el Estado redistributivo cambia de función. La tonalidad represiva que va apareciendo en los nuevos discursos y actuaciones guarda coherencia interna con la función asumida por las instituciones cuando sustituyen representación por disciplina.
No hay responsabilidad en aplicar y exigir recortes a otros cuando se usaron todos los apalancamientos útiles al capital impaciente, sin valorar las consecuencias. Hoy la ciudadanía es una condición mucho más frágil. Y la gente lo pasa mal en lo económico, en lo laboral, en el acceso a los servicios necesarios.
Sin embargo, mal que les pese, hay alternativas en sentido contrario al que proponen. Defendemos que el gasto social es la mejor inversión para salir de la crisis. No solo revalida el papel redistribuidor del estado y su carácter social, sino que es capaz de generar empleo y empleo cualificado, aprovechando el “capital humano” de muchos jóvenes. Es falsa la idea de que lo público se construye a costa de lo privado.
Para recuperar la actividad hacen falta mejores ingresos fiscales, más progresivos y equitativos, menos fraude y ninguna amnistía. Nuestro gasto público se ha mantenido en niveles razonables comparativamente hablando con los países de nuestro entorno. Hay margen. También en presión fiscal. Lo mismo en volumen de empleo público sobre la población ocupada.
Nuestro estado de bienestar, bastante reducido por otra parte, muere por la falta de voluntad política de sus gestores, que no han creído ni creen en él. Los trabajadores, los que sostenemos la hacienda pública con nuestras contribuciones directas e indirectas, no queremos recortes. Porque estos lo son por partida doble: Las aportaciones aumentan y los servicios se rebajan y empeoran. Defendemos la gestión pública eficiente, no la épica de quien hace pagar a las mayorías los excesos de las minorías.
La situación no es fácil, lo sabemos. El déficit habrá que ajustarlo y enjugarlo, pero sólo con trabajo valorado, con mayor equidad, con honestidad en la gestión pública, con el relanzamiento de la actividad.
Porque hay otro camino, los trabajadores nos oponemos a los recortes que afectan a los servicios públicos, a los derechos ciudadanos y a las libertades. Si no, al tiempo.
Paco Molina Balaguer es secretario general de CC OO PV
