Feijóo acusa a los afectados por las preferentes de “violar la democracia”
El ahora presidente encabezó una manifestación similar frente al Parlamento en 2005 Afirma que atender a los ahorradores sería"destruir lo que nos costó tanto crear"
Si se trata de buscar un precedente a una bronca parlamentaria como la del pasado martes, hay que remitirse al 25 de noviembre de 2005. Ese día, el PP, que había perdido las elecciones cinco meses antes, movilizó a más de 100 alcaldes para manifestarse ante la Cámara autónoma, en protesta contra la decisión del bipartito de paralizar un plan de obras de 34 millones de euros adjudicado por el Ejecutivo de Fraga en medio de la campaña electoral, y que el nuevo Gobierno consideraba repartido con un criterio “caciquil”. Unos 40 regidores se presentaron en el control de acceso con pegatinas y pancartas, pero la presidenta del Parlamento les retiró las invitaciones, alegando que su actitud era coactiva. La trifulca derivó en un plante de todo el grupo popular, y acabó con una estampa insólita: los diputados del PP manifestándose en la calle megáfono en mano junto a los alcaldes, con el por entonces diputado Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.
Muy distinto fue el nivel de exigencia que mostró ayer el ahora presidente de la Xunta. Preguntado por las razones por las que no recibió el martes a los afectados por las participaciones preferentes de Novagalicia Banco, que fueron expulsados de la tribuna de invitados del hemiciclo tras pedir a gritos una reunión con él, contestó: “Violar la democracia en Galicia no puede tener un plus”.
Feijóo arremetió también contra los grupos de la oposición, a los que acusó de “instar a que se viole lo más sagrado que tiene la autonomía gallega”. “Yo no voy a destruir algo que nos costó tanto trabajo crear”.
El presidente de la Xunta cambió el discurso mantenido el martes en el Parlamento, cuando culpó de la situación al Gobierno bipartito, y afirmó que el problema, que tiene atrapados casi 1.000 millones de euros de 43.000 ahorradores de Novagalicia Banco, “excede a las comunidades autónomas”. “Son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la UE y el Banco de España los que tienen que plantear una respuesta”, afirmó.
