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El exdirector de los ERE vuelve a declarar ante la Guardia Civil

Guerrero pide aplazar su comparecencia ante Alaya

Guerrero, en primer plano, junto a su abogado antes de declarar.
Guerrero, en primer plano, junto a su abogado antes de declarar.GARCÍA CORDERO

Regreso al cuartel. El ex director general de Trabajo y principal imputado en el caso de los ERE, Javier Guerrero, volvió ayer a declarar ante la Guardia Civil para aclarar aspectos clave de la trama a los investigadores. Mañana está prevista la esperada declaración judicial de Guerrero, pero su abogado ha pedido un aplazamiento y después de su comparecencia de anoche puede que su cara a cara con la juez Mercedes Alaya se posponga.

En la segunda vez que Guerrero acude a declarar ante los guardias civiles. Guerrero entró en el cuartel a las 18.30 con gafas de sol y acompañado de su abogado, Fernando de Pablos. “Voy a ratificar todo los anterior”, dijo el ex alto cargo de Empleo. Guerrero, quien afirmó que desconocía la razón exacta por la que había sido citado por los agentes, manifestó que su intención era “decir la verdad como hasta ahora”. Tras más de cuatro horas de declaración, Guerrero abandonó el cuartel a las 23.00 en un taxi y sin hacer declaraciones a los periodistas.

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De Pablos ha pedido a la juez el aplazamiento para estudiar “detenidamente” la información incluida en los siete tomos con 2.600 nuevas páginas que la magistrada comunicó a las partes la semana pasada, informa Europa Press. “El objetivo es que declare”, afirmó De Pablos acerca de las dudas sobre si Guerrero declararía ante la juez, a la que ha pedido un aplazamiento entre una semana y 10 días.

En su anterior declaración, que duró seis horas, Guerrero cargó contra sus superiores y otros altos cargos, entre ellos los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández. Pero también mencionó al despacho de abogados Garrigues, sindicalistas y otros técnicos que le ayudaron en Empleo. Guerrero está acusado de malversación, tráfico de influencias y prevaricación, al igual que la mayoría de los 48 imputados que acumula la causa.

Por otra parte, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, negó ayer de manera tajante que desde el Gobierno se haya ordenado la destrucción de documentos como afirma el PP. La también portavoz del Gobierno mostró su alarma por “la falta de límite del PP para mentir” y acusó al secretario general del PP, Antonio Sanz, de pasar la raya de la difamación. Los servicios jurídicos de la Junta estudian qué acciones emprenden contra Sanz, quien el día anterior acusó sin pruebas ni datos al presidente andaluz de dar instrucciones para destruir documentos relacionados con los ERE. “El PP miente continuamente sobre la corrupción cuando le afecta y cuando afecta a otras formaciones”, subrayó.

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