La pobreza y el desempleo crecen como los principales reclamos al Gobierno de Milei

Después de años en que se erigió como el enemigo público número uno, la inflación ya no es la principal preocupación de los argentinos. Su lugar comienza a ser ocupado por la pobreza, la baja de los salarios y el desempleo. Así lo atestiguan los últimos estudios de opinión, mientras los datos oficiales sobre la marcha de la economía sugieren que esa percepción social tiene arraigo. A casi siete meses de haber asumido, el Gobierno de Javier Milei publicita como su mayor logro, junto al ajuste del gasto público, la caída del índice inflacionario, que el mes pasado fue del 4,2%. Pero ese resultado lo ha conseguido a un costo muy alto: recesión, freno de la actividad y del consumo, fuerte descenso del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, pérdida de empleos, más pobreza y más desigualdad social.

¿Cuál es el principal problema que el Gobierno debería solucionar?, les preguntó la consultora Opina Argentina a 2.591 personas en el mes de junio, como parte de un monitoreo periódico. “Por primera vez, la desocupación, con el 37%, se ubica como el principal motivo de preocupación ciudadana. En el último mes, la percepción de esta problemática sube ocho puntos porcentuales, relegando a la inflación al segundo lugar, con el 29%. A mayor edad, mayor es la preocupación por el desempleo”, alertó el estudio.

Los resultados son coincidentes con los obtenidos por otros sondeos. La consultora Trespuntozero hizo un estudio de 1.100 casos a fines del mes pasado: el 30,5% puso a la pobreza como el mayor problema y el 26,8 a la inflación. La consultora Opinaia hizo 1.000 cuestionarios en todo el territorio nacional y el 61% señaló a la pobreza como problema principal. Ya a fines de mayo, la encuesta de satisfacción política y opinión pública que realiza bimestralmente la Universidad de San Andrés había registrado esa tendencia. Sobre 1.006 casos de todo el país, el 36% ubicó a los bajos salarios como el mayor inconveniente y el 35% a la pobreza.

Economía frenada

El incipiente cambio en el humor social tiene correlato con los datos oficiales sobre la situación económica. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) detectó que el año pasado cerró con el 41,7% de la población bajo la línea de pobreza y el 11,9% bajo la línea de indigencia. En el primer trimestre de este año, después de la devaluación y el salto inflacionario con que arrancó el Gobierno de Milei en diciembre, ambos valores se habrían incrementado. El seguimiento que hace la Universidad Católica Argentina concluyó en las últimas horas que la pobreza alcanza al 54,6% de la población y la indigencia, al 19,8%.

A su vez, la recesión quedó retratada en los últimos informes del Indec. En los primeros tres meses del año, el Producto Bruto Interno argentino se desplomó un 5,1% respecto del mismo periodo de 2023. La inversión se desbarrancó un 23,4% interanual y un 12,6% respecto del trimestre previo.

Como era de prever, la caída en la actividad impactó en el nivel de empleo. Entre los 47,1 millones de personas que se estima viven en el país, el Indec analiza a 29,6 millones que habitan los aglomerados urbanos centrales. En ese universo, la población económicamente activa la integran 14,2 millones de personas. El 44,3% tiene trabajo. La tasa de desocupación creció dos puntos en los primeros tres meses de 2024: llegó al 7,7% en general. Cuando asumió Milei, se registraba una tasa de desempleo del 5,4%, la más baja en 36 años.

Caída de los ingresos

En ese escenario, tener un trabajo o una jubilación tampoco garantiza escapar a la pobreza. El salario mínimo está fijado desde mayo en 234.315 pesos (unos 256 dólares, al cambio oficial) y ese número implica una caída real cercana al 30% en comparación con 12 meses atrás. En julio, la jubilación mínima, con adicionales incluidos, llegó a 285.622 pesos (unos 312 dólares), experimentando una baja real del 12% con respecto al año anterior. Los últimos datos del Indec ubicaron a la canasta básica —la que marca la línea de pobreza— en 275.518 pesos por adulto y la canasta alimentaria —define la indigencia— en 125.235 pesos por adulto. Para la UCA, en promedio la población perdió un 20% de su poder adquisitivo real en el último año.

“La situación del mercado laboral es muy mala. Desde diciembre se perdieron 130.000 puestos de trabajo registrado”, define Sebastián Etchemendy, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. “Aunque se perciba un alivio, la inflación sigue siendo alta y a estos niveles llegaría al 60% anual”, destaca. Investigador del Conicet, Etchemendy explica que, con el anterior Gobierno, encabezado por el peronista Alberto Fernández, los ingresos de los trabajadores informales ya venían decayendo ante el avance de la inflación, mientras que “hasta mediados de 2023, los trabajadores bajo convenios colectivos lograban empatar con la inflación en las negociaciones paritarias [entre los sindicatos y las empresas o el Estado]. Ahora, en cambio, están perdiendo todos”. Ese conjunto incluye a los jubilados: “Un tercio del ajuste fiscal de Milei es sobre las jubilaciones”, dice.

El Gobierno, observa Etchemendy, enfrenta una situación paradójica. “Están aplicando un ajuste muy fuerte de ingresos y jubilaciones, pero todavía es poco para el tipo de estabilización que buscan. No va a ser suficiente. El resultado es el peor: recesión más inflación.”

Desigualdad creciente

Si bien lo sufren todos los sectores sociales, el derrumbe de los ingresos afecta más a los más pobres. Es decir, profundiza la desigualdad. El reciente informe del Indec sobre la distribución del ingreso es categórico en ese sentido: durante el primer trimestre de 2024, el 10% de la población con mayores recursos concentró el 35,4% del total de los ingresos, mientras que hace un año concentraba el 33,8%. El 40% más carenciado de la población, sumado, apenas llegó a reunir el 13,4% de los ingresos totales. Hace un año reunía el 14,4%. El décimo más rico de la Argentina percibía entonces 19 veces más ingresos que el décimo más pobre. Ahora percibió 23 veces más.

“Argentina tenía un lugar diferencial en Latinoamérica, era una sociedad estratificada, pero con altos niveles de distribución del ingreso. Hoy están intentando cambiar la configuración de la sociedad y la desigualdad está pasando a ser estructural”, previene Adriana Clemente, doctora en Ciencias Sociales y profesora de la Universidad de Buenos Aires.

“El indicador más trágico de lo que está sucediendo es la indigencia”, dice. Hace diez días, la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires reveló que, en el distrito con más recursos del país, el 35,1% de la población es pobre y el 15,3% es indigente. Ambas categorías se ampliaron abruptamente en un año: en el primer trimestre de 2023 la pobreza alcanzaba al 21,8% de los porteños y la indigencia, al 8,4%. “Un 15% de indigencia en Buenos Aires significa que a nivel país va a haber cerca de un 20% de indigentes, de gente que ni siquiera puede tener dos comidas al día”, sostiene Clemente, especialista en políticas sociales. “Una vez que esa espiral de descenso social empieza, no se puede revertir por años, por décadas”, advierte. “Se vuelven endémicos problemas en la escolaridad, en el acceso a la salud y la vivienda, aumentan las violencias y los consumos problemáticos, el narcotráfico… La desigualdad se instala como una forma de vida.”

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