¿Qué hacer con la memoria histórica?

Ha dicho la politóloga Catalina Smulovitz que en la Argentina de 1983 se pensó que la democracia se creaba en el instante en que ocurría la primera elección de la transición y que esa “ilusión de la fundación instantánea ocultó no sólo que la convivencia democrática supone duros trabajos y desacuerdos constantes, sino también que su construcción es, en realidad, interminable” (Prólogo a Discutir Alfonsín, Siglo XXI). Cuarenta años más tarde, las elecciones presidenciales abren un nuevo ciclo – como pasó tras las crisis de 1989 y 2001, en que el sistema se reconfiguró elecciones de por medio. No es más de lo mismo, tampoco se hizo ni se hará nunca tabula rasa ni entonces ni ahora, ni en Argentina ni en ninguna parte. Que el árbol –la necesaria conversación sobre las causas y posibles consecuencias de la llegada a la presidencia de Javier Milei y la Libertad Avanza– no tape el bosque: la democracia cumple 40 años en el país y no corre peligro de muerte súbita, aunque acumule señales de erosión. Por eso, sin dramatismos ni exitismos insostenibles, es un hecho histórico y si se quiere hacer balance hay que poner luces largas.

Las instituciones han funcionado, los militares están fuera de juego (uno de los principales legados del gobierno de Raúl Alfonsín), las elecciones son limpias y permiten canalizar las preferencias ciudadanas... pero la economía es un verdadero desastre y esto repercute negativamente sobre la vida de la gente. Ese fue el punto de partida de Coronados de gloria, el podcast que guionamos y conducimos con Franco Delle Donne en el marco de la cátedra Parlamento Futuro. Quisiera aquí, a título personal, compartir unas reflexiones derivadas de la elaboración del episodio dedicado a la memoria histórica que pueden inspirar una conversación también en otras partes.

El Juicio a las Juntas fue una decisión de Alfonsín, un compromiso que había establecido desde su trabajo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Durante la campaña electoral 2023 la Libertad Avanza puso en discusión parte de ese legado. La reacción que dominó entre los sectores que abrazan la defensa de aquella política fundante de la transición –con la que me identifico pero con la que no comparto estrategia– ha sido la de cerrar filas. Preguntar si fueron treinta mil sería negacionismo. Cuestionar que el Estado no haya dado respuesta a las otras víctimas, las víctimas fortuitas o no de Montoneros o el Ejército revolucionario del Pueblo (ERP) sería por defecto retomar la teoría de los dos demonios. De la misma forma, poco espacio se ha dado desde las instituciones a la reflexión sobre la violenta década del setenta, que se ejerció no sólo contra la dictadura. No haber dado espacio a estas preguntas –algo indispensable para sostener la convivencia democrática e incluir en ella y de forma razonada los desacuerdos y también para incluir a las nuevas generaciones– explica el calado de discursos, ahora sí, abiertamente negacionistas, como el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y su éxito en instalar falsas equiparaciones como la de igualar los crímenes de Estado, de lesa humanidad, con los de grupos armados.

En Argentina, la política de derechos humanos alentó muchas tensiones desde 1983. Y en esa saga, los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner se pretendieron refundacionales, como sugirió la simbólica bajada de los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone en el Colegio Militar ordenada por Néstor el 24 de marzo de 2004. La historiadora Camila Perochena señala que la sustitución de una visión del pasado por otra es una operación de extrema simplificación en la que se reemplaza una ‘historia falsificada’ por ‘la verdadera historia’, pero “la apuesta política de Cristina fue más ambiciosa: construir una ‘memoria propia’. La memoria del kirchnerismo” (Cristina y la historia, Editorial Crítica 2022, p.239). Esa narrativa intenta ocultar que desplazar a los militares de la escena política fue una clave de la transición, con el juicio a las Juntas como símbolo máximo ya no sólo para Argentina sino reconocido a nivel global.

Sin embargo, el tan mentado consenso democrático tenía mucho de la ilusión de la que hablaba Smulovitz (como demostraría el acuerdo de amnistía al que había llegado Italo Luder durante la campaña de 1983, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín o los indultos de Carlos Menem). Hay más. Alfonsín optó por dejar la investigación en manos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en lugar de una comisión parlamentaria. Para algunos fue un intento de despolitización, pero lo cierto es que buscó instalar esa política por encima de las líneas partidarias. Dice el filósofo y sociólogo Marcos Novaro que no hubo un conflicto entre una mirada despolitizada y una técnica sino entre diferentres formas de politización, y ofrece una clave para leer la polarización actual: “ni revolucionarios ni contrarrevolucionarios estaban de momento dispuestos a renunciar a la justificación moral de la violencia que habían practicado” (“Formación, desarrollo y declive del consenso alfonsinista sobre derechos humanos”, en Discutir Alfonsín, Siglo XXI, p.54). Así, un dato fundamental proviene de la preeminencia que adquirieron los derechos de sangre de los familiares de las víctimas por sobre una noción pública y liberal de los derechos. El legado que deja esa preeminencia es que se clausuró un debate que con unos límites claros era indispensable. Y cuando llegó, lo hizo de la peor manera. Toca revisar esa construcción democrática para fortalecer los consensos. No son tiempos fáciles, pero por eso mismo es más necesario que nunca.

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