El servicio a la comunidad del ultra argentino Javier Milei

Gane o pierda, el candidato presidencial Javier Milei prestó ya un servicio valioso a la sociedad argentina: nos obliga a preguntarnos cómo se financian las campañas electorales. Porque una dimensión es la realidad oficial, la que se declara en los papeles, y otra muy distinta es la realidad real. O, en línea con el abanico de cotizaciones del dólar que tenemos, el financiamiento blue. Y esto corre para todos los que sueñan con la Casa Rosada. Sean Sergio Massa, el propio Milei, Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta.

Milei sinceró la situación por necesidad, no porque haya querido. Reaccionó porque salió a la luz que montó un sistema de “franquicias” electorales. En otras palabras, que aquellos que quieren postularse a un cargo electivo dentro de su espacio tienen que pagar un fee en dólares para quedarse con la candidatura que desean. Eso sí, pueden pagar en cuotas.

El sistema de franquicias, por llamarlo de alguna manera, tiene algunas salvedades. Por ejemplo, cuando la persona es muy conocida y atrae votos por mérito propio. En ese caso, no tiene que entregar un sobre o maletín lleno de dólares a los operadores de Milei. Pero el resto –sean que sueñen con ser concejales, intendentes, legisladores provinciales e incluso gobernadores o diputados nacionales-, tiene que aportar verdes. Cara grande, en lo posible.

Pagar por postular tiene sus bemoles. ¿Quiénes pagan lo ven como un gasto o como una inversión que recuperarán con creces en la función pública? De ser así, ¿cómo planean recuperar esa inversión que en algunos casos superan los 40.000 dólares cuando los salarios en el sector público son tan bajos? ¿Apuestan a la corrupción, acaso? ¿O estamos ante hombres y mujeres dispuestos a sacrificar sus ahorros personales en aras del bien común?

En el libro Cómo mueren las democracias, dos profesores de Harvard -Steven Levitsky y Daniel Ziblatt- exponen otro riesgo. Destacan que una de las funciones de los partidos políticos es –o debería ser- promover que asciendan los mejores de entre los suyos y evitar que los peores lleguen a un espacio de poder. Pero ese filtro desaparece cuando el único requisito viene en forma de billetes de 100 dólares. Así podría ocurrir, por ejemplo, que un clan criminal o un jefe narco pague para quedarse con todas las postulaciones en su zona de negocios. ¿Suena mucho? La Cámara Nacional Electoral alertó sobre este riesgo hace dos meses.

Lejos de retroceder ante la controversia, sin embargo, Milei duplicó la apuesta. Denunció que afrontaba “la campaña de difamación más grande de la historia argentina” y que el periodismo y otros muchos le aplicaban una doble vara. Porque sus candidatos solventaban la campaña con sus ahorros, acusó, mientras que sus contendientes pasan la gorra entre empresarios y narcotraficantes o desvían fondos públicos.

Milei prestó así un servicio a la comunidad. Desde hace tres décadas es un secreto a voces que una campaña presidencial cuesta 100 millones de dólares en Argentina, aunque esa cifra puede variar mucho en cada ciclo electoral. No es lo mismo una contienda en tiempos de vacas gordas o flacas, de dólar alto o planchado, de pocos o muchos candidatos, o que las encuestas los muestren cabeza a cabeza o en notable disparidad, entre otros factores.

Pero suponiendo, incluso, que una campaña presidencial costara este año apenas la décima parte de aquella cifra mágica, los aportes que por ley entrega el Estado sólo llegarán a cubrir una parte de los gastos reales de cada candidato. ¿Cómo solventarán el resto? Desde hace años, también, sabemos que los que están en la función pública abrevan de la canilla estatal desviando fondos o usando los recursos del Estado, como los “aviones sanitarios” de las provincias que en realidad llevan y traen a gobernadores y candidatos. Es tan sabido que los politólogos lo encuadran como una de las facetas de la llamada cancha inclinada. Invito al lector a que compruebe en Google que no es algo novedoso.

Además, tanto los candidatos que están en la función pública como aquellos en el sector privado golpean las puertas de los empresarios -grandes, medianos y pequeños-, que aportan en efectivo y en especie. ¿Cómo? Por ejemplo, solventan las encuestas que necesitan los candidatos, aunque en los balances de sus empresas figurarán como estudios de mercado comerciales. O prestan sus aviones privados. O cubren los gastos de hotel de los equipos de campaña. O entregan flotas completas de teléfonos o automóviles. O se encargan del catering de los actos proselitistas. Los ejemplos son infinitos.

Todo esto sale a la luz en contadísimas ocasiones. A menudo, por errores o tropiezos. Así tuvimos la llamada causa Cuadernos, por ejemplo, con decenas de empresarios que relataron como trasegaron bolsos llenos de dólares, euros o pesos con referentes kirchneristas, ya fuera por sobornos o como “aportes de campaña”. Nada nuevo. En 2007, ocurrió lo mismo con los referentes de la “mafia de los medicamentos”. Y también tuvimos a Juntos por el Cambio, que en 2017 acudió a cientos y cientos de beneficiarios de planes sociales en un intento vergonzoso por blanquear fortunas que había recaudado en negro.

Estas prácticas y desviaciones –sobra aclarar- no ocurren sólo en Argentina. Sobran ejemplos en América Latina y alrededor del mundo. Tenemos a figurones brasileños, peruanos y de otros países del hemisferio que desfilan por los tribunales por recibir dinero ilícito de Odebrecht para sus campañas. O al ex presidente francés Nicolás Sarkozy condenado a un año de prisión por el financiamiento ilegal de su campaña de 2012. O al otrora abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, que se declaró culpable de delitos electorales.

Sin embargo, que todo esto –y más- sea cierto, conocido y generalizado entre los políticos argentinos y alrededor del mundo no exime de responsabilidad o reproche a Milei, ni tampoco a sus rivales de este año. Debería llevarlos a no caer en los mismos vicios, pero esperar eso sería una ingenuidad. Más relevante, debería llevarnos a nosotros, los ciudadanos argentinos y de otros países a exigir reformas electorales que impongan sanciones reales a los candidatos que infrinjan esas leyes, a un exhaustivo control y su efectiva aplicación.

No parece que vaya a ocurrir.

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