Detenido por un presunto crimen de lesa humanidad durante la dictadura el exgerente de una empresa líder en Argentina
El juez vincula a Emilio Parodi, de 82 años, con el secuestro y desaparición de al menos 23 trabajadores de la compañía Molinos Río de la Plata durante el régimen militar
Los testigos aseguran que el 7 de julio de 1976, casi cuatro meses después de que iniciara la última dictadura militar en Argentina, el ejército entró en la fábrica con una lista. La lista, dicen los testigos, tenía los nombres de algunos trabajadores y un membrete en el que se leía Molinos Río de la Plata. Ese día, los militares se llevaron a un grupo de obreros que trabajaban en esa empresa, una de las principales compañías de alimentos del país. Según denunciaron familiares de los trabajadores en 2013, la lista fue redactada por la dirección de la empresa. Este martes, el juez ha ordenado la detención de Emilio Parodi, de 82 años, que entonces era jefe de personal.
Parodi fue detenido por orden del juez federal Ernesto Kreplak en una causa que investiga la complicidad de propietarios, directivos, administradores y gerentes de Molinos Río de la Plata –empresa del grupo Bunge y Born, que entonces era uno de los productores de alimentos más grandes de América Latina– en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura y desaparición de obreros entre 1976 y 1978. La investigación inició en 2013 por la denuncia de hijos de trabajadores desaparecidos en una de las plantas de la empresa. En 2019, querellas y la Fiscalía pidieron la indagatoria de varios jefes y directivos de la empresa, entre ellos Parodi.
Para los hijos de las víctimas, Parodi, que trabajó en Molinos Río de la Plata durante la dictadura (1976-1983) y hasta los años noventa, está implicado en “el armado de listas” de empleados “que la firma consideraba problemáticos”, según explica la abogada Lucía de la Vega, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante institucional en la causa. “Se lo está llamando por su responsabilidad en 23 hechos de privación ilegítima de la libertad”, cuenta De la Vega.
Parodi es así “el primer civil de Bunge y Born” indagado por delitos de lesa humanidad, según destacó el CELS tras conocerse la detención del exgerente. “El llamado a indagatoria es un avance muy significativo, sobre todo en términos de la responsabilidad del grupo Bunge y Born en las desapariciones”, señala De la Vega. Medios locales aseguran que Parodi, que fue interrogado durante el martes, ha negado su participación en los secuestros y desapariciones.
Los secuestros del 7 de julio
Uno de los operativos más grandes denunciados por los familiares de las víctimas ocurrió el 7 de julio de 1976, cuando un grupo de obreros fue secuestrado por los militares en una de las plantas de la empresa al sur de la provincia de Buenos Aires. “Es la prueba más contundente del conocimiento y la participación que tuvo la empresa en los secuestros”, indica un informe elaborado en 2015 por el Ministerio de Justicia de la Nación y el CELS, entre otros, en el que se señala la “responsabilidad empresarial” de diferentes compañías en la dictadura. El escrito indica que “al menos 27 personas vinculadas a la empresa Molinos Río de la Plata” sufrieron “delitos de lesa humanidad” –el juez ha indagado a Parodi por 23 de esos casos–.
Molinos Río de la Plata fue fundada en 1902 por el grupo económico Bunge y Born para la elaboración de harina y, posteriormente, de aceite. La empresa, que a finales de los noventa fue adquirida por el grupo Pérez Companc y que ha ampliado sus productos y marcas, ha sido desde hace al menos 50 años una de las mayores empresas del mercado alimentario en Argentina.
En los setenta, Molinos Río de la Plata “no fue ajeno al clima de conflictividad” en el país, señala el informe del Ministerio de Justicia y el CELS. “En ese tiempo se manifestaron con mayor claridad las disputas entre los intereses de los trabajadores, los de la dirigencia sindical burocratizada y los de las empresas”, dice el texto. “La situación de disputa”, dice el informe, “se tensó aún más” con el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, gerente y director general del grupo, respectivamente, y el gerente de Molinos Río de la Plata, Alberto Bosch, en 1974.
“Esperamos que se avance en el resto de las responsabilidades penales de los directivos y que se pueda avanzar hacia la elevación a juicio”, dice De la Vega, que explica que en 2019 se pidió la indagatoria de “varios jefes”. Al menos tres de ellos han fallecido en estos años, precisa la abogada: “Es muy importante este paso, pero falta. Sabemos que el tiempo resulta muy funcional a la impunidad, sabemos las dificultades que estas causas tienen, no solo porque se están muriendo extrabajadores y sobrevivientes sino también los posibles imputados”.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
