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El primer análisis de la UE sobre la crisis energética rechaza las reformas propuestas por España

Los reguladores europeos advierten que fijar topes al precio de la electricidad puede frenar la introducción de renovables y poner en peligro la garantía de suministro

Buque metanero descargando en la regasificadora de Bahía de Bizcaia.
Buque metanero descargando en la regasificadora de Bahía de Bizcaia.

Las propuestas de España en Bruselas para contener la escalada de precios en el sector energético parecen condenadas al olvido definitivo. El primer informe de los reguladores energéticos europeos sobre el diseño del mercado eléctrico considera contraproducente la idea española de modificar el sistema de formación de precios. E incluso ve peligrosa para la estabilidad del mercado la propuesta de permitir que, de manera excepcional, cada país pueda optar por un sistema propio de formación de precios, una idea circulada por el departamento de la vicepresidenta del Gobierno español, Teresa Ribera.

El análisis fue encargado por la Comisión Europea a raíz de la tensión política provocada por los precios récord registrados en las últimas semanas en el mercado mayorista de la electricidad. El informe definitivo se publicará en abril. Pero el pasado lunes, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) publicó una versión preliminar del análisis que ya rebate de manera tajante tanto el diagnóstico de la crisis hecho por el Gobierno español como las recetas planteadas para solucionarla.

Ribera ha insistido este miércoles en la necesidad de “un marco europeo adecuado, corrigiendo y actualizando lo que no funciona. Los combustibles fósiles, crecientemente caros, no pueden lastrar ni distorsionar los beneficios de la transición energética”. La vicepresidenta también considera imprescindible “evitar que [el precio del CO2] se convierta en una factura inasumible e injusta para familias e industria eficiente”, lo que pasaría por una reforma del mercado de emisiones.

A diferencia del departamento de Ribera, el ACER considera que la escalada de precios no se debe a fallos del sistema de formación de precios ni a la manipulación del mercado. Los Reguladores concluyen que “la principal causa ha sido la escalada del precio del gas provocada por el incremento de la demanda y las dinámicas del suministro del gas natural licuado”. Otros factores, como el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 o el bajo nivel de las reservas de gas “han jugado un papel secundario”.

Sobre la posible manipulación de los mercados, la Agencia europea reconoce que es posible. Pero señala que “en la actualidad no hay ni señales obvias ni pruebas de una manipulación sistemática o de tráfico de información privilegiada”. En cuanto a la posible manipulación del mercado de emisiones, se remite a la investigación encargada por la Comisión Europea. Pero fuentes comunitarias atribuyen el incremento de la cotización de los derechos de emisión a la respuesta de los operadores a las políticas medioambientales que alientan la transición energética. Tras la reciente cumbre de Glasgow, donde se dio otro paso hacia la descarbonización a nivel mundial, el mercado europeo de derechos de emisión registró un alza hasta cotas récord.

Peligro para la estrategia de descarbonización

Mas dura, si cabe, es la valoración de los Reguladores de algunas de las ideas planteadas por España para neutralizar la evolución de los precios. Aunque el informe no menciona a España, el análisis se centra en propuestas como la de fijar un precio tope a la electricidad producida con gas, fijar un techo al precio de la electricidad a partir de una media que tome en cuenta la aportación más barata de las renovables o fragmentar el mercado para que cada país o grupo de países aplique su propio concepto de “precio justo”.

La Agencia de los reguladores europeos subraya que todas esas propuestas, en su mayoría planteadas o defendidas por España, “suponen una desviación significativa del actual mercado eléctrico en Europa”. Y advierte de que deben ser estudiadas con extrema precaución porque podría causar el daño colateral de menoscabar las políticas europeas en el sector energético, en particular, el impulso a una descarbonización que sea efectiva desde el punto de vista de los costes.

Por lo pronto, asegura la ACER, se corre el riesgo de “poner en peligro la seguridad del suministro a medio plazo y, potencialmente, también a corto plazo”. La causa de ese riesgo, dicen los reguladores, sería que la intervención de los precios podría dejar fuera del mercado a ciertos productores, que podrían verse obligados a vender a pérdidas, y frenaría la entrada de nuevos competidores dispuestos a cubrir el incremento de la demanda.

El previsible incremento de las fuentes renovables en varios países provocaría, además, según la Agencia, un incremento de la volatilidad de los precios a ciertas horas del días. Y sin señales claras de precios al mercado, ciertos operadores podrían replegarse y a la larga se encarecería la integración de la generación renovable.

Los Reguladores concluyen, por último, que la aplicación de topes de precio a ciertas tecnologías podría desencadenar una fragmentación del mercado eléctrico europeo tras más de dos décadas de esfuerzo por establecer reglas comunes para todos los socios de la UE. El ACER asegura que la integración de los mercados “reduce la volatilidad de los precios y optimiza el uso de los recursos en toda Europa”. Los reguladores apuntan que el sistema vigente “ha mantenido, de media, los precios de la electricidad en el conjunto de la UE más bajos que si no se hubiera aplicado”.

El informe añade que el sistema marginalista actual, en el que el precio de la electricidad se fija cada día en base a la fuente más cara que concurre a la subasta, facilita la emergencia de nuevas tecnologías de generación que requieren de elevada inversión inicial. Las renovables se beneficiarían así de los precios más elevados provocados por fuentes con mayores costes operativos.

Los Reguladores admiten que España está, junto a Irlanda, en el grupo de países más afectados por la actual crisis de precios de la electricidad. Pero lo atribuye a la escasa interconexión de ambos países con el resto del mercado, que solo es del 4% y del 1% respectivamente. El informe señala que en algunos casos la escalada se debe a una excesiva dependencia del gas como fuente complementaria para facilitar la transición energética hacia un mercado sin emisiones.

El informe vaticina, sin embargo, que la crisis remitirá en abril de 2022. Y justifica su optimismo en base a los mercados de futuros del precio del gas, que anticipan una drástica caída durante la próxima primavera. Pero añaden dos significativas notas de precaución: los precios del mercado de futuros están cambiando continuamente y “Europa sigue siendo vulnerable a un incremento de la demanda ligado a las condiciones meteorológicas”.

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