La propuesta de equiparar aborto legal y homicidio en Brasil entra en hibernación tras una monumental polémica

Mientras usted lee estos párrafos, una niña menor de 14 años años está de parto en un hospital de Brasil. Cada día, 38 niñas de esa edad son madres. A ojos de la ley, son víctimas de abuso sexual —incluso si la relación es consentida— y, por tanto, tienen derecho al aborto como todas las víctimas de violación. La estadística nos dice que, en muchos casos, ha sido violada en la casa familiar por su padre, su padrastro, un hermano, un tío… Y el embarazo solo fue descubierto cuando asomó la barriga, cruzado el umbral de la semana 22.

El Congreso brasileño encendió una monumental polémica, la semana pasada, al aprobar la tramitación urgente de un proyecto de ley para endurecer el Código Penal de manera que la mujer que aborta a partir de la semana 22 sea acusada de homicidio y castigada con 20 años de cárcel. Es decir, una pena que duplica la del violador (10 años). Los ginecólogos alertaron de que la propuesta afecta sobre todo a niñas víctimas de abusos, que esconden el embarazo hasta que es evidente o incluso son tan pequeñas que ni entienden las señales que su cuerpo emite.

Un clamor —”Menina não é mãe” (Una niña no es una madre)— recorre Brasil. Las protestas alcanzaron tal calibre que el Congreso ha anunciado que dejará la iniciativa en hibernación durante seis meses.

Este caso pone el foco en varios problemas crónicos: las dificultades para acceder al aborto legal (permitido en caso de riesgo para la salud de la madre, violación o si el feto no ha desarrollado el cerebro), los extendidos abusos sexuales a menores y la falta de educación sexual. Pero, además, es un ejemplo emblemático de cómo funciona la política en Brasil, los vaivenes infinitos de cada propuesta en un Congreso donde reina el intercambio de favores, lo radiactivo del tema, el extendido miedo al rechazo del electorado evangélico, el poder de las redes sociales y la facilidad con la que parlamentarios (o jueces) cambian de criterio en un santiamén sin despeinarse.

El derecho al aborto ha vuelto con fuerza al primer plano con cifras (2.000 abortos legales y en torno a un millón ilegales al año), testimonios desgarradores, mucha hipocresía y doble moral. Pero en Brasil la política discurre a fogonazos. Los debates nacen de sopetón, toman fuerza, languidecen y mueren en días o semanas. Y luego, resucitan. El Tribunal Supremo delibera desde hace años, en sesiones públicas y patones de meses, sobre el derecho a la interrupción del embarazo o la legalización de las drogas. Lo mismo ocurre con infinidad de proyectos de ley. El problema para los progresistas brasileños es que el actual Congreso es el más conservador y reaccionario desde el fin de la dictadura.

La indignación popular se ha centrado esta vez en el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, que ventiló el asunto en 23 segundos. El miércoles día 12 sus señorías aprobaron por asentimiento que la PL1.904/24, apodada PL de la violación, fuera directamente al pleno, sin debate en comisión. En el hemiciclo, solo se oyó protestar a dos partidos de extrema izquierda. La respuesta del movimiento feminista brasileño fue tan veloz como contundente. Antes de 24 horas, miles de mujeres y hombres se echaron a la calle con la misión de parar en seco la equiparación del aborto legal con el homicidio. “Un proyecto iguala la ley del aborto de Brasil a la de Afganistán”, tituló en primera Folha de S. Paulo.

Brasil, que fue pionero en América Latina al regular la interrupción del embarazo en los años cuarenta, se ha quedado atrás, anclado en los tres supuestos mientras México, Argentina, Colombia y Uruguay lo han despenalizado.

El ambiente en Brasil es tan reaccionario que la ministra de la Mujer, Cida Gonçalves, dejó un aviso nítido nada más llegar al cargo: “En cualquier discusión sobre el aborto [en el Congreso] vamos a perder más que avanzar”, dijo en una entrevista.

Avanza con paso firme el conservadurismo gracias a la creciente influencia social y política de las Iglesias evangélicas. Pero hay otro aspecto, al que se presta poca atención, en el que este país se distingue de sus vecinos. Aquí las mujeres son solo un 17% de los parlamentarios. A la cola de América Latina y del mundo. Ocupa el puesto 133 en el ranking mundial, muy por detrás de México (4º), Argentina (24º), Chile (44º) Colombia (74º) o Uruguay (96º).

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y sus ministros se tomaron su tiempo para alzar la voz. Marcó el camino la primera dama, Janja da Silva, que tiene enorme influencia política, al tuitear sus argumentos en contra. Su esposo y otros políticos de la izquierda la siguieron aunque con un preámbulo machacón: “Estoy contra del aborto, pero…”.

Estos días han circulado por redes pasquines señalando con nombres y apellidos a los diputados —y diputadas— que avalaron la propuesta. Una dijo arrepentirse. Ante la indignación y el escándalo, los partido del centrão (el gran centro) empezaron a recolocarse. Esa constelación de siglas unidas por la defensa de sus intereses y escoradas al centro derecha son el fiel de la balanza en el Congreso. Prefieren aliarse al bolsonarismo más duro, pero nunca colocan todos los huevos en la misma cesta.

El jefe del centrão, Lira, el presidente de la Cámara de Diputados, el mismo que ventiló la cuestión en un suspiro, anunció días después que el debate sobre el aborto queda aparcado al menos seis meses, hasta después de las elecciones municipales en las que Lula y un inhabilitado Jair Bolsonaro medirán fuerzas.

Una de las teorías aventadas sobre los motivos del diputado evangélico para proponer que el aborto legal sea castigado como un homicidio apunta a que quería que saliera adelante para colocar al presidente Lula ante la tesitura de vetarla o no, de satisfacer al ala progresista entre sus seguidores o arriesgarse al rechazo de los creyentes.

Durante unos días, el aborto y el consiguiente debate han capitalizado las informaciones, reportajes, columnas y editoriales. También ocurrió en 2020, cuando una niña de 10 años violada repetidamente por un tío suyo fue hostigada por activistas ultras y pastores evangélicos al llegar al hospital para la poner fin a la gestación. Tuvo que viajar 1.500 kilómetros y recibir ayudas diversas para ejercer su derecho al aborto legal. Entonces la ministra de la mujer era una pastora evangélica. Pronto decayó el interés en el asunto mientras cientos cientos de brasileñas a las que la ley vigente no ampara viajan a Argentina con ayuda de ONGs.

No supuso una gran sorpresa que el juez más poderoso y famoso de Brasil, Alexandre de Moraes, togado del Supremo, interviniera en la cuestión más caliente del momento. Ordenó a varios medios retirar entrevistas en las que la exesposa de Lira, el presidente de la Cámara de Diputados, denunciaba haber sido agredida físicamente por él (un caso archivado en 2015). Los internautas y la prensa protestaron al grito de censura. Y, en horas, el juez cambió de idea y permitió que se publicaran.

Persista o amaine la polémica, mañana 38 niñas brasileñas menores de 14 años alumbrarán un bebé.

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