Destituida la fiscal de la Nación de Perú por interferir en una investigación contra su hermana

“Le entrego la medalla de Lima a aquella mujer que durante toda su gestión nos ha demostrado valentía, integridad, honestidad, sapiencia y otras virtudes que la adornan”, dijo sin escatimar elogios, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, poco antes de condecorar a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, allá por marzo de 2023. Se habían cumplido tres meses del encierro de Pedro Castillo por su fallido autogolpe de Estado y el burgomaestre de la capital peruana tuvo la brillante idea de homenajear a Benavides en el Día Internacional de la Mujer, con una presea bañada en oro de 18 quilates. “Nos liberó de una dictadura y tuvo el coraje para ponerle mano firme a un golpista”, declaró López Aliaga el mes pasado, en un intento por sostener que no tenía de qué arrepentirse.

Esa misma mujer que asumió el cargo de mayor rango en el Ministerio Público en julio de 2022 acaba de ser destituida como fiscal suprema y, en consecuencia, como fiscal de la Nación por el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Decisión unánime de cinco votos a favor y ninguno en contra. La razón principal: influir en la investigación a su hermana, la jueza superior, Enma Benavides, sindicada de haber absuelto a 41 procesados por tráfico ilícito de drogas a cambio de sobornos, valiéndose de su puesto. Para ello, Patricia Benavides removió a la fiscal que le seguía los pasos, Bersabeth Revilla, basándose en un fraudulento informe de baja productividad, y sin respetar su derecho a defensa. Se sabría después que Revilla tenía un 90% de productividad en la resolución de casos.

La JNJ ha resuelto que Patricia Benavides cometió una “actuación dolosa instrumentalizando su cargo como fiscal de la Nación”. Benavides se encontraba suspendida temporalmente desde diciembre del año pasado por otro caso que la hunde todavía más: liderar una red criminal en el Ministerio Público para incidir en las decisiones de congresistas de varias bancadas a cambio de archivar sus casos en la Fiscalía. Este canje de favores habría sido determinante en la designación de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, la inhabilitación a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y la moción para promover la destitución de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia.

“Mi remoción como fiscal suprema provisional fue un acto mafioso, de corrupción”, le dijo Bersabeth Revilla hace algunas semanas al diario La República. Azucena Solari, la fiscal que elaboró el informe que determinó su salida, también fue destituida por haber incurrido en faltas muy graves y no actuar con la debida independencia. La misma suerte corrió Enma Benavides, la hermana, por haber interferido en las funciones de la Fiscalía y por haber mentido en la declaración de sus antecedentes disciplinarios.

Otra de las faltas de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, según el informe de la Junta Nacional de Justicia, fue haber designado como fiscal supremo provisional a Miguel Ángel Vegas Vaccaro a pesar de tener una hoja de vida poco pulcra: ser investigado por presunta corrupción y haber sido suspendido por haber dejado que 102 expedientes prescriban. No son las únicas manchas en su legajo: Patricia Benavides ha sido cuestionada por irregularidades en sus tesis de maestría y doctorado, las cuales no se encuentran en ningún repositorio académico. En algún momento prometió que las mostraría para despejar dudas, pero nunca llegó a hacerlo.

Los deudos de los asesinados durante las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte acusan a Benavides de haber obstruido y dilatado la búsqueda de los culpables al haber trasladado las investigaciones a Lima, cuando estas ya se encontraban avanzadas en las regiones. Recién el 27 de noviembre de 2023 —curiosamente a tan solo unas horas de ser acusada de dirigir una mafia—, prácticamente a un año de los sucesos, Benavides presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Boluarte y sus ministros por aquellas muertes.

“Destituidas la exfiscal Patricia Benavides y su hermana jueza Emma Benavides por faltas muy graves relacionadas al uso indebido de sus cargos para archivar investigaciones y cobrar coimas a narcos. Algo de justicia que el Congreso mafioso buscará revertir. A seguir movilizados”, ha advertido la excongresista Indira Huilca. Por su parte, Jorge del Castillo, representante legal de Benavides, ha anunciado que apelarán la sanción en contra de su cliente. “Esto es un atropello, un abuso que da vergüenza (...) Hay mucho jamón que cortar todavía. Esto no ha terminado. Derrota para nadie”, ha subrayado.

La caída de Patricia Benavides, otrora aliada de la jefa de Estado, comenzó con la detención de su mano derecha, Jaime Villanueva, alias El filósofo, hace seis meses. Villanueva se acogió rápidamente a la colaboración eficaz, detallando pormenores que enlodaron a la abogada que en un Día de la Mujer recibió la medalla de Lima, de manos del alcalde.

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