Un tribunal de Guatemala impone condenas de siete a nueve años a militares por el asesinato de indígenas

Un tribunal guatemalteco condenó el miércoles a siete soldados a penas de entre siete y nueve años de prisión por el asesinato de seis indígenas maya k’iche’, ocurrido en 2012, y absolvió a dos más, entre ellos un coronel. El fallo fue criticado por los familiares y abogados de las víctimas, quienes lamentaron las “penas mínimas” que se impusieron a los responsables y tacharon de “racista” la decisión de las juezas.

La conocida como masacre de la Cumbre de Alaska fue perpetrada el 4 de octubre de 2012, cuando cientos de personas de la reconocida organización indígena 48 Cantones de Totonicapán bloquearon el paso en el kilómetro 169-170 de la ruta Interamericana, al occidente del país centroamericano, en protesta por el alza de la energía eléctrica y otras demandas sociales.

Según la versión del Gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina, un general retirado condenado por corrupción, un guardia de seguridad que custodiaba un camión de cemento disparó su arma para abrirse paso entre los manifestantes. Esto enardeció a la gente y provocó que los militares dispararan “al aire” para disolver la protesta. Murieron seis personas y 34 resultaron heridas.

La Fiscalía presentó al menos 150 testimonios que coincidieron en que los soldados atacaron a los indígenas y pidió que fueran condenados por ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa. Se pidieron condenas de entre 16 a 25 años.

Sin embargo, el tribunal a cargo del caso explicó durante la audiencia que esos delitos no correspondían y que aunque los testigos señalaron al ejército, ninguno pudo “individualizar” al atacante. Por lo tanto, absolvió a dos de los nueve acusados, entre ellos un coronel, Juan Chiroy. Chiroy siempre negó haber dado la orden o haber disparado contra los manifestantes.

A los siete restantes los condenó por los delitos de lesión en riña, homicidio culposo y disparo con arma de fuego con penas que oscilan entre los siete años y 10 meses, y nueve años dos meses.

“Lo lamento, pero nosotros como jueces tenemos que tomar una decisión objetiva en base a los medios de prueba aportados en el debate. De la mayoría de los testigos ninguno individualizó a ninguna persona acusada”, dijo en la audiencia, Marling González, una de las juezas del tribunal.

Descontento por el fallo

En las afueras del tribunal, miembros de los 48 Cantones y familiares de las víctimas llegaron desde la mañana a esperar el fallo. Durante el día celebraron una ceremonia Maya, una misa y colocaron pancartas exigiendo justicia.

Por la noche, al finalizar la audiencia, los abogados y autoridades indígenas dieron una conferencia de prensa. “Rechazamos profundamente la parcialidad de parte de las juezas. Es una forma de racismo el hecho en que ellas determinaron la sentencia”, dijo Edin Rafael Zapeta, presidente de los 48 Cantones.

La abogada Luca Xiloj, por su parte, advirtió de que apelarán la sentencia. “Hubo un deficiente análisis sobre la ejecución extrajudicial. Vamos a analizar e impugnar la sentencia”, señaló. En octubre de 2012, los 48 Cantones indicaron que esta era la primera vez que soldados disparaban contra indígenas, después de la firma de los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin a 36 años de guerra civil en la que murieron 200.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas.

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