Historiadores uruguayos condenan la eliminación del concepto “terrorismo de Estado” en secundaria

El organismo rector de la enseñanza en Uruguay ha resuelto no llamar terrorismo de Estado al terrorismo de Estado perpetrado por el régimen cívico militar que gobernó este país entre 1973 y 1985. Este año, el emblemático concepto ha sido eliminado de uno de los programas de historia de secundaria y sustituido por la expresión “suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales”, sin que mediara explicación. La modificación fue advertida por los docentes a pocos días del comienzo de clases y motivó la reacción de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. “El cambio no es inocente”, sostienen en un comunicado.

Para la agrupación de profesores se trata de una “intervención política e ideológica” sobre hechos históricos, que también se intentó introducir en 2022. En ese entonces, explican, la dirección de educación, que cuenta con mayoría oficialista (centroderecha), buscó suprimir la noción terrorismo de Estado en uno de los programas, pero el cambio no prosperó. Esta vez se concretó, sin la anuencia del profesorado, a finales de 2023. Los profesores aseguran que el concepto figuraba en la versión preliminar aprobada en noviembre por técnicos y docentes, pero fue eliminado del programa definitivo, ahora publicado en el portal de ANEP (Administración Nacional de Educación Pública).

En el comunicado difundido días atrás, la asociación de profesores de Historia condena este tipo de decisiones “que afectan el abordaje del pasado reciente”, porque alejan los contenidos de la producción historiográfica nacional e internacional. En ese sentido, recuerda que el concepto “terrorismo de Estado” es el usado por la historiografía y las ciencias sociales “para describir y analizar las violaciones a los derechos humanos” cometidas por las dictaduras que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Este cambio, expresa la nota, lesiona la condición laica y científica de la enseñanza de la Historia.

Los profesores también criticaron la introducción en el programa de un ítem denominado “los movimientos guerrilleros y las violaciones a los derechos humanos”. “Esta afirmación carece de fundamentos, dado que desconoce innumerable normativa legal y bibliografía”, dice el comunicado. Al respecto, los historiadores han explicado que los actos violentos ejercidos por los grupos armados constituyen delitos previstos en el Código Penal, pero legalmente no configuran violaciones a los derechos humanos. Estos solo pueden ser infringidos por el aparato estatal, responsable de protegerlos. “Es el Estado quien puede cometer violaciones a los derechos humanos”, afirman.

Este último aspecto de la denuncia de los docentes quedó postergado de la conversación pública en Uruguay, que en estos días fue acaparada por la eliminación de la expresión terrorismo de Estado del programa de Historia. “[El terrorismo de Estado] Está fuera de discusión”, dijo el precandidato presidencial del Frente Amplio (centroizquierda), Yamandú Orsi, cuando la prensa le preguntó por la decisión del organismo rector de la educación. Profesor de Historia, Orsi dijo estar sorprendido de que los hechos se relativicen y prefiere pensar que la medida se tomó por desconocimiento. “Creo que se equivocan por desconocimiento, que también es preocupante. Si fuera otra cosa me daría pánico”, agregó.

Las autoridades de la enseñanza sostienen que la modificación apunta a proteger el acceso a la verdad. “No fue con ánimo de ocultar el terrorismo de Estado, sino de inscribirlo en una realidad social, política e histórica más amplia”, dijo Juan Gabito, integrante del consejo directivo de la ANEP por el oficialista Partido Nacional. En un programa de debate del canal 12, Gabito señaló que la propuesta de los docentes era “parcial e incompleta” porque aterrizaba el concepto “terrorismo de Estado” sin tomar en cuenta los antecedentes históricos. “Muchos fueron víctimas del terrorismo de Estado, lo reconozco, pero muchos más fuimos los que sufrimos la falta de garantías de nuestros derechos”, expresó. Pero no conformó a los tertulianos.

En el plató quedaron expuestas las dificultades que aún encuentra Uruguay para abordar su pasado. Especialmente el periodo que transcurre a partir de mediados de 1960, cuando el país atravesaba una crisis económica galopante, crecía la agitación social y la deriva autoritaria del Gobierno. Fueron tiempos de violencia política, con grupos armados de extrema izquierda y también de la derecha más radical como protagonistas. La política fracasó, el golpe de Estado se produjo en junio de 1973 y la dictadura se extendió hasta 1985. El saldo figura en las páginas de Presidencia: más de 5.000 presos políticos, 197 detenidos desaparecidos, 122 asesinatos políticos, entre otras violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

¿Si reconoce que hubo terrorismo de Estado por qué se quitó la expresión?, preguntaron los tertulianos ante la insistencia de Gabito en admitir su existencia. Fueron incluso más lejos y le plantearon si la decisión no tendría que ver con eventuales presiones de Cabildo Abierto, el partido derechista que forma parte de la coalición gobernante. Le recordaron una afirmación de Eduardo Radaelli, dirigente de esa formación política: “Terrorismo de Estado es una frase piscopolítica creada para publicidad y nada más”. Gabito se limitó a responder que el cambio se hizo en cumplimiento de la ley de Educación. “La decisión fue deliberada en aras de proteger el derecho del estudiante a acceder a la verdad”, aseguró.

Para el historiador Carlos Demasi, investigador especializado en ese periodo, la gravedad de esta supresión reside en que introduce una mirada sobre la dictadura que parecía haber desaparecido junto con ese régimen. “La dictadura siempre se justificó a sí misma como consecuencia del desorden político y social de los años 60″, dice a EL PAÍS. En 1985, continúa Demasi, nadie pensaba que la dictadura había sido un efecto de la acción de los tupamaros en los años 60. “La inmensa mayoría de los legisladores consideraba que la causa de la dictadura estaba en los errores de la conducción política previa al golpe de Estado”, explica.

Demasi señala que este relato cambia a partir de los primeros años de este siglo XXI, cuando comienzan a abrirse los archivos y a conocerse parte de la verdad del terrorismo de Estado. Aparece entonces la llamada teoría de los dos demonios: “un demonio terrorista, guerrillero, provocó la reacción del demonio autoritario, militar”, afirma el historiador. Pero esa versión omite, sigue Demasi, que el movimiento guerrillero tupamaro había sido desmantelado hacia octubre de 1972 (el golpe de Estado fue en junio de 1973), según consta en los documentos de la época. Ese mes, los militares publicaron un informe con los nombres de casi 2000 tupamaros detenidos y procesados por la justicia militar.

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