La violencia del narco amenaza a Costa Rica

Tres estudiantes de una escuela en el municipio Siquirres, en la región Caribe de Costa Rica, acabaron esta semana hospitalizados tras los disparos realizados con una pistola 9 milímetros que un sicario usó para matar a un supuesto rival en el negocio del narcotráfico. Era el mediodía del lunes, hora del cambio de turnos, con decenas de niños y madres entrando o saliendo mientras el asesino solo pensaba en perpetrar el crimen que, según las cifras oficiales, hace que el país centroamericano casi alcance la cifra de muertes violentas registradas en los primeros 50 días del 2023, que con 907 asesinatos fue el año más sangriento en la historia costarricense.

La escena era de terror, contó el personal educativo a la prensa. Los niños y dos adultas fueron trasladados a hospital, otros alumnos expresan que no quieren volver a clases y la escuela se cerró por el resto de la semana. El alcalde del municipio criticó que el Gobierno no concediera los recursos policiales que había pedido y ahora todos lamentan lo ocurrido, aunque casi nadie se sorprende.

Los grupos narcotraficantes y sus batallas violentas se han extendido por el territorio de Costa Rica, la nación que por décadas se ufanó de ser la más segura de la región. Un asesinato ya no es noticia, un tiroteo a plena luz del día tampoco es raro y una ejecución frente a una escuela ya ha ocurrido antes, pero el pasado lunes hubo niños heridos de bala y esto sí es una trágica novedad del 2024 en la inquietante escalada violenta del crimen hasta niveles que sobrepasan las capacidades del Estado para aplacarlo con los recursos actuales y cuerpos policiales limitados.

La amenaza viene de unas 340 organizaciones criminales que utilizan a más de 200 sicarios identificados, según las autoridades, y que mueven una cantidad de millones de dólares suficiente para alterar las economías locales e incluso provocar una fuerte caída en el tipo de cambio, como sospechan distintos sectores.

Un mes atrás el ministro de Seguridad, Mario Zamora, admitía que las organizaciones criminales locales asociadas a bandas extranjeras generan una fuerza que “rebasa el modelo policial vigente, la administración de Justicia y las leyes”. Lo decía, sin embargo, coincidiendo con otra noticia que marcaba “una nueva etapa” en la situación de violencia en el país, pues un agente fue asesinado por la mañana durante una operación policial contra un grupo narcotraficante en un pueblo turístico llamado Herradura, en la provincia Puntarenas (la de mayor crecimiento de homicidios en lo que va de 2024). Desde esta localidad de la costa del Pacífico, días después, la policía de investigación reportaba detalles de una operación inusual: extraer de un tanque de agua en una finca privada los restos descompuestos de cuatro personas.

“La acción violenta de este tipo de grupos ya no se circunscribe a la lucha entre bandas, también se da paso a un enfrentamiento contra las fuerzas de orden público”, lamentaba el ministro Zamora poniendo en duda uno de los mensajes frecuentes del presidente, Rodrigo Chaves. Este, para relativizar la crisis de inseguridad, ha insistido en que el peligro no es alto para las personas de bien y que “los que andan en malos pasos se matan entre ellos”; incluso pide llamar a los homicidios “bajas de combatientes en la guerra entre narcotraficantes”.

Las autoridades judiciales atribuyen a la lucha entre bandas al menos dos tercios de los homicidios, pero no eran “combatientes” los escolares heridos en Siquirres, el policía abatido en Herradura ni las 52 personas que murieron en 2023 como víctimas colaterales de asesinatos. Este dato triplicó al de 2022, publicó el martes la plataforma de verificación de datos Doble Check, como parte de numerosas noticias que volvieron a abordar en esta semana las implicaciones del ambiente de violencia. Algunas de ellas incluían expertos dando recomendaciones sobre cómo deben actuar las personas ante una balacera. “Les comparto esta nota de prensa que puede ser útil para nosotros. Es una tristeza en lo que se ha convertido este país”, comentaba una maestra jubilada el martes en un grupo de WhatsApp con sus vecinos.

La crisis de inseguridad no es algo nuevo. Se manifestó en los últimos cinco años, se desató en 2022 y alcanzó nuevo récord en 2023 al alcanzar una cifra de 907 homicidios y una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes, pero en 2024 marca la discusión política sobre las reformas legales necesarias o hasta dónde el narcotráfico ha penetrado en instituciones del Estado o impacta en indicadores de la economía que, a su vez, afectan a las actividades productivas. Las autoridades dan cuenta de pequeñas mejorías en homicidios en ciertas zonas durante unas semanas, pero saben que ahí sigue el “cáncer”, como suele llamarlo el presidente Chaves. En estos primeros meses del año persiste un debate entre endurecer leyes o recuperar la menguada inversión social, mientras el mandatario con su estilo de pugnas se enfrasca en discusiones políticas con otras instituciones del Estado a las cuales acusa de no hacer su tarea o de obstaculizar.

En medio de fricciones y la preocupación creciente de los costarricenses por el crimen organizado y sus efectos, la Asamblea Legislativa dominada por partidos de oposición avanza con una lista de reformas legales que apuntan a aumentar los rangos de prisión preventiva y restringir las medidas alternativas para cumplimiento de condena, medidas que algunos especialistas estiman insuficientes. El Gobierno ha planteado también penalizar a los menores de edad como si fueran adultos en casos de sicariato, además de permitir la extradición de nacionales sospechosos de narcotráfico, pero se enfrenta a límites constitucionales y objeciones de expertos.

Otras voces piden la mano dura al estilo de Nayib Bukele en El Salvador, a quien el propio Chaves considera un referente en materia de seguridad, pero topan con el diseño institucional y la tradición garantista de Costa Rica, así como grandes diferencias entre combatir a pandillas tipo maras y enfrentar bandas narcotraficantes con mucho dinero, soporte internacional y tentáculos.

La preocupación va más allá del fin de la imagen pacifista del país y el riesgo de que se revierta el aumento de turistas e inversionistas. Asociaciones de empresarios del turismo y exportadores de productos tradicionales, como café y banano, pero también de la dinámica industria de la tecnología, han levantado las alertas por la fuerte apreciación de la moneda local, el colón, ante inusuales cantidades de dólares que han entrado en los últimos dos años. El valor local del dólar ha caído un 25% en 18 meses y golpea a los productores que reciben sus ingresos desde el exterior. En febrero una bananera trasnacional despidió a un centenar de trabajadores con el argumento de la insostenibilidad del tipo de cambio.

Mientras Chaves sostiene que la alta llegada de divisas es una señal de éxito económico de su Gobierno, por la recuperación del turismo posterior a la pandemia y el crecimiento de inversiones extranjeras y exportaciones, el Banco Central admite que desconoce el origen del 48% de las divisas entrantes, pues ese porcentaje está en una categoría que no exige identificar la procedencia. Por eso a partir de marzo se reformará el registro de esas colocaciones, anunció el Banco Central después de reiterar que no hay evidencias de la participación de dinero proveniente de actividades criminales. Sin embargo, las sospechas se mantienen en distintos sectores y la pronunció la semana anterior una integrante del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). “Podría haber otras transferencias que incluyan transacciones ilícitas difíciles de detectar, que no se han podido estimar, pero podrían resultar cuantiosas. No podemos evadirlo porque tenemos los muertos para probarlo”, dijo la economista Sylvia Saborío en un foro sobre la situación monetaria de Costa Rica, junto a autoridades de Gobierno.

Analistas como Álvaro Ramos, exviceministro de Seguridad, y otras voces críticas achacan permisividad a las autoridades ante la amenaza del lavado de dinero mediante el sistema cambiario o en actividades como construcción, lotería ilegal, préstamos informales y pequeños comercios. Hay grupos que temen que se consolide un “narcoestado” en el país que aún se cataloga como ejemplo de democracia y madurez institucional. A menudo se menciona la realidad de Ecuador. Chaves responde que su gobierno combate el narcotráfico como ningún otro y para ello pretende instalar escáneres en todos los puestos fronterizos como ya operan en la principal terminal portuaria, ubicada en el Caribe, punto de lanzamiento de envíos de cocaína hacia Europa. Así, dice, combate las ganancias de los grupos narcotraficantes, después de que los decomisos de droga y dinero sospechoso cayeron a la mitad en 2022, en el primer año de la actual administración, sin que se recuperaran en 2023.

“Es un país no preparado para enfrentar lo que se está viniendo y no por inoperancia, sino porque no era algo que se esperaran. Eso generó que la institucionalidad y los marcos normativos no estuvieran preparados para esto, a diferencia de países del Triángulo Norte”, indicó el director de la organización independiente Crime Stoppers en una reciente entrevista en el medio Delfino.cr, aludiendo al marco legal pero también a circunstancias culturales que se forjaron en las décadas en que Costa Rica veía como ajenas las urgencias de sus vecinos centroamericanos.

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