La Fiscalía venezolana acusa de espionaje a la activista Rocío San Miguel
Tarek William Saab considera legítimos los procedimientos en contra de la abogada al afirmar que su ONG es “una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”
El fiscal general del Venezuela, Tarek William Saab, ha hecho este lunes una alocución pública televisada para justificar las medidas judiciales adelantadas por su despacho en contra de la abogada Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. Saab acusó a San Miguel de ejercer labores de espionaje, de usar información estratégica del Estado venezolano y de tener conocimiento y formar parte de una conspiración militar descubierta por las autoridades, denominada Brazalete Blanco.
La detención e inmediata judicialización de San Miguel y su familia -su hija, dos de sus hermanos, su pareja y un allegado- ha producido estupor, miedo e indignación en muchos venezolanos, así como una larga cadena de reacciones de solidaridad de muchas organizaciones de la sociedad civil. Este martes está convocada una protesta en la zona de La Castellana, al este de Caracas, muy cerca de la Embajada de España, para exigir su liberación. San Miguel es una venezolana con antepasados españoles.
“Es delicado tener una ONG como fachada para quienes practiquen acciones terroristas”, dijo Saab en su alocución, en aparente respuesta a las críticas. “¿Qué pasaría en Estados Unidos, en España, si llegara a descubrirse una situación de este tipo?”, añadió.
Saab manifestó que su despacho tiene “suficientes elementos de convicción” para afirmar que San Miguel tenía pleno conocimiento de un movimiento militar que planeaba tomar violentamente cuarteles en las zonas andinas del Estado Táchira y asesinar a Freddy Bernal, conocido militante chavista y actual gobernador de ese territorio fronterizo. “Es absolutamente incompatible ser un defensor de derechos humanos y al mismo tomar parte de un plan para atacar cuarteles y secuestrar autoridades”, añadió. “La señora San Miguel fungía como espía, a través de su pareja, y de relaciones públicas con los miembros de la Fuerza Armada para planificar acciones contra el estado venezolano”.
Control Ciudadano, la ONG que dirige San Miguel, ha sido durante años una instrumento para interpretar la situación interna de las Fuerzas Armadas, sus operaciones y sus prioridades. Sus análisis, muy utilizados en el debate nacional, han contado con el respeto de la mayoría del país. El trabajo de San Miguel, así como el de muchos periodistas que se han especializado en la cobertura de la fuente militar, se convirtió con los años en una actividad cada vez más arriesgada, hermética y compleja.
Saab agregó que a San Miguel le incautaron cartografía de numerosas instalaciones militares en el país, con sus respectivas zonas de seguridad, y afirmó que todo el material incautado formaba parte de una información “que es reserva del Estado venezolano”. Añadió que la activista tenía perfiles de los mandos militares actuales del país, con listas de todo el personal militar de la nación y que entregó esa información “a un embajador europeo” en Caracas.
El fiscal criticó con acritud las voces que denunciaron la existencia de una desaparición forzada en el caso de su detención -acusación que calificó de “una ofensa y una burla- y añadió que este fin de semana sus familiares fueron a visitarla. “¿Cuál desaparición?”, preguntó.
Joel García, abogado defensor de San Miguel, ha confirmado que recibió la vista de sus familiares, luego de permanecer varios días incomunicada. “Su hija pudo constatar que su madre, a pesar de la injusta privación de su libertad, se encuentra fortalecida y muy confiada en su inocencia, segura de que no existe nada que le comprometa en los delitos que se le imputan”.
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