La Fiscalía pide 34 años de cárcel para Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado

Trece meses después del frustrado intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso e instaurar un Gobierno de excepción, mediante un tembloroso Mensaje a la Nación, la Fiscalía presentó su acusación penal, donde solicita 34 años de cárcel para el antiguo maestro sindical por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Actualmente, Castillo está sometido a dos medidas de prisión preventiva: por este caso y por ser el presunto líder de una organización criminal que se enquistó en el Palacio de Gobierno.

En la acusación también está contemplado su círculo de poder: Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, exministro del Interior; Roberto Sánchez, antiguo responsable de Comercio Exterior y Turismo; y Aníbal Torres, también ex primer ministro. La petición para los tres primeros por el delito de rebelión es de 25 años, mientras que para Torres, quien representó legalmente a Castillo durante su detención, es de 15 años. Betssy Chávez ha tratado de desmarcarse del discurso que leyó Castillo, incluso ha negado conocer de qué se trataba, pero lo cierto es que algunos sucesos la ponen en jaque: un mensaje en el WhatsApp de los ministros, una hora antes de consumarse el hecho, donde se les pide “unidad y cohesión en un día histórico”.

Más allá de que Pedro Castillo fue capturado por su propia escolta y su intentona se disolvió en cuestión de horas, lo cual evidenció un nulo apoyo de las Fuerzas Armadas, hubo algunos altos mandos que sí siguieron sus órdenes, según la tesis de la Fiscalía. Por tal motivo se han pedido 25 años de prisión para el general de la Policía Nacional del Perú Manuel Lozada Morales, el comandante Justo Jesús Venero Mellado y el teniente Eder Antonio Infanzón Chávez.

Durante todos estos meses, la defensa de Pedro Castillo ha insistido en el argumento de que su representado no dio un golpe de Estado porque nunca se consumó y, por tanto, no tipifica como rebelión, pues no se alzó en armas. En una entrevista con EL PAÍS, el abogado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni señaló que “la tentativa siempre tiene que ser idónea. No solo es homicidio si mato a alguien, también puede haber tentativa de homicidio. Pero si quiero matar a alguien con un perejil, obviamente que no. Él sabía que no tenía ningún apoyo”.

Zaffaroni, al igual que el letrado Guido Croxatto, considera que el discurso del hombre del sombrero que ganó las elecciones de 2021 fue una “proclama para decirle al pueblo lo que tenía que hacer” a pesar de que en ese momento por su investidura era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. “Supongamos que él creía que detentaba el poder, pero jamás eso tuvo un efecto”, sostienen.

En una de las últimas audiencias judiciales, en diciembre pasado, Pedro Castillo cuestionó su encierro, comparándose con el expresidente Alberto Fujimori, quien salió en libertad en medio de cuestionamientos sin cumplir su condena por delitos de lesa humanidad. “Yo quisiera que el fiscal, el procurador, demuestre un voucher, una prueba suficiente en donde dice que yo recibo dinero. (...) Si Alberto Fujimori, con los delitos que el país y todo el mundo conoce, está libre, ¿cuál es la razón para tenerme encerrado?”.

Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo en Ate, donde fue vecino de Fujimori y todavía lo es del también exmandatario Alejandro Toledo, acusado de colusión y lavado de activos. En los próximos días se iniciará la etapa de control del contenido de la acusación fiscal con la participación de las partes involucradas. El siguiente paso será el juicio oral y la eventual sentencia.