Violentas protestas de los mineros del oro para entrar en las áreas protegidas de Bolivia

Los sindicatos de mineros del oro de Bolivia protagonizan violentas jornadas de protesta en La Paz, la capital administrativa de Bolivia, para lograr varias demandas. La principal es la anulación de la resolución que les impide trabajar legalmente en las áreas protegidas del país, en particular en el Madidi, el parque con mayor biodiversidad de flora y fauna del mundo.

El 6 de noviembre, grupos de mineros atacaron con piedras y ocuparon temporalmente las oficinas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Pedían que esta institución cambie la norma que les impide operar en el parque Madidi, ubicado en el noroeste de Bolivia, en la cuenca amazónica, que es la zona en la que se concentran las explotaciones de oro del país. En esta parte del territorio, los yacimientos son aluvionales, es decir, el oro se encuentra en el fondo y las orillas de los ríos. Para extraerlo, los mineros lo tratan con mercurio, una sustancia que envenena al entorno natural y a las personas. Varios estudios han mostrado la asociación entre la ingesta de pescados contaminados y males neurológicos y de otros tipos, en particular entre los pueblos indígenas que viven de los ríos.

Los manifestantes también atacaron las oficinas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, a la que acusan de “no darles seguridad jurídica”. Los contratos de derechos mineros tardan mucho y rara vez se concluyen de manera definitiva, porque deben ser aprobados en último término por el Parlamento. Además, se produce una constante disputa entre empresas y entre empresas y pueblos indígenas por la titularidad de las áreas de explotación.

La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia, FECMABOL, cree que estas dificultades favorecen a la minería ilegal, la que la extrae oro sin permiso alguno del Estado, que ha crecido fuertemente en el último tiempo. FECMABOL también exige 5.000 “cuadrículas” con potencial aurífero que están en manos de la empresa estatal de minas. Para lograr sus peticiones recurrirá, tras las manifestaciones urbanas, al “bloqueo de caminos”, tradicional método de lucha de los sindicatos bolivianos.

El presidente Luis Arce, que estos días cumple su tercer año en el poder, discursó, en un acto militar coincidente con las protestas, que la Armada boliviana tiene el deber de impedir la minería ilegal del oro. Para la explotación de este metal se usa dragas que navegan los ríos donde se presentan las mayores oportunidades mineras.

La policía dispersó a los manifestantes mineros con agentes químicos y detuvo a varios temporalmente. La impresión de algunos sectores de la población es que las autoridades no ponen suficientes límites a las cooperativas mineras, que constituyen una importante fuerza política ligada a los gobiernos del Movimiento al Socialismo. La FECMABOL articula a unas mil cooperativas y cuenta con más de 80.000 afiliados, y solo equivale al 5% de todas las cooperativas, auríferas y dedicadas a otros minerales, que existen en el país. Aunque este tipo de empresas nació para hacer minería de supervivencia tras el cierre de las grandes mineras estatales en los años 90, en tiempos del neoliberalismo, se ha convertido, impulsado por dos décadas de altos precios de los minerales, en una realidad muy compleja, en la que conviven mineros artesanales con millonarios que explotan mano de obra asalariada bajo el disfraz del cooperativismo, pues este les permite eludir el impuesto a las utilidades y otros gravámenes. Los grandes inversionistas del oro suelen ser chinos y colombianos.

Una de las demandas de la movilización de mineros es la aprobación de un código tributario que establezca un aporte fijo anual de 4,5% de la producción. El Gobierno quiere que este impuesto sea de 7%, para beneficiarse un poco más de la “fiebre del oro” que mueve a Bolivia desde hace algunos años y que hasta ahora ha sido una fiesta exclusiva de las cooperativas. En 2022, estas exportaron 3.000 millones de dólares. Con esta cifra, el oro se convirtió en la principal exportación boliviana, un poco por delante del gas y el zinc, y mucho más que la soya. Dos causas explican este auge: el precio internacional, que se ha duplicado en la última década. Un kilogramo costaba alrededor de 30.000 dólares en 2013 y ahora se encuentra en torno a los 60.000 dólares. Y la sencillez de explotar oro aluvional, que solo necesita dragas y fuerza física para mover la tierra y cernirla y, luego, mercurio, que se vende libremente en Bolivia, para separar el metal del material rocoso al que viene adherido.

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