La rutina bajo las balas de los niños en las favelas de Río de Janeiro

“Sentí el viento de la bala pasando por encima”, cuenta el brasileño Julio César Pereira, vecino de la favela de Tabajaras, en Río de Janeiro. Eran las cinco de la madrugada de un viernes y dormía en su cama con su esposa y su hija de año y ocho meses. En segundos, tenía a la pequeña María Júlia en brazos derramando sangre. La bala atravesó la ventana del cuarto y se quedó alojada en el muslo de la niña. Pereira bajó la ladera de la favela en una moto a toda velocidad, con su hija envuelta en una toalla. Tras una operación quirúrgica de siete horas, lograron salvarle la vida, y la pierna. Otros niños no tuvieron la misma suerte. En lo que va de año, 12 niños menores de 14 años han muerto a tiros en el estado de Río de Janeiro, lo que supone el triple más que en 2022, según el recuento de la ONG Rio de Paz. En la mayoría de ocasiones, son víctimas de balas perdidas durante las frecuentes operaciones policiales en las barriadas o de los propios enfrentamientos entre el crimen organizado. La mayoría de muertes no se investiga en profundidad, a excepción de los casos más sonados.

En septiembre, la policía acabó con la vida de Heloísa dos Santos Silva, de tres años. Un agente disparó contra el coche en el que viajaba su familia porque, al ver la matrícula, interpretó que era un vehículo robado. Ni el padre de la niña ni el antiguo propietario sabían de la irregularidad. La niña recibió varios disparos de fusil en la cabeza y falleció nueve días después. Mientras estaba siendo operada de urgencia, varios policías se presentaron en el hospital para intimidar a la familia de cara a los interrogatorios de la investigación.

Los datos del Instituto Fogo Cruzado indican que 279 menores fueron asesinados, y 343 resultaron heridos de bala en los últimos siete años en el área metropolitana de Río. Casi la mitad de ese total fueron baleados durante operaciones policiales. El instituto lanzó recientemente un mapa interactivo llamado Futuro exterminado, que permite recorrer la ciudad repasando la edad, raza y género de las víctimas, además de las circunstancias de la muerte.

En ese mapa, uno de los territorios con más puntos coloreados es la Maré, un conjunto de favelas donde viven más de 140.000 personas y que queda muy cerca del aeropuerto internacional de Río. La inmensa mayoría son trabajadores humildes que conviven, por un lado, con el yugo diario de los narcotraficantes que controlan las calles en un clima de tensión permanente, y por otro, con las repentinas y violentas incursiones de la policía. Allí, en una minúscula casa de ladrillo visto, viven Priscila Santos y sus siete hijos.

Mientras los viste para llevarlos al colegio, explica que subsisten a base de ayudas sociales, y confiesa que lo que más teme es la llegada del caveirão, el apodo (viene de calavera en portugués, caveira) con el que los vecinos conocen al blindado de la Policía Militar, una especie de tanque de guerra. “Cuando entra, disparan para todos los lados, da igual si hay una guardería, si hay madres en la calle… Simplemente entran disparando hacia todos lados, y las víctimas somos nosotros. Cuando bajamos las escaleras de casa no sabemos si volveremos vivos”, comenta.

Llevar a su prole hasta las escuelas (son varias) es toda una odisea. El proceso arranca sobre las cinco de la madrugada, cuando echa un ojo al celular para ver qué se comenta en los grupos de WhatsApp. Sobre esa hora es cuando suelen empezar las operaciones policiales. Si oyen tiros, las vecinas se avisan en un grupo llamado Maré no vive (hay otro, llamado Maré vive, para asuntos más triviales). Si la policía entra en la favela, en breve las profesoras avisarán que se cancelan las clases. Si no, los niños irán a la escuela, a pesar de que en realidad los tiroteos pueden empezar en cualquier momento.

El camino desde la casa de Priscila hasta las escuelas de sus hijos es de apenas 15 minutos, pero hay que pasar por una calle que es uno de los puntos calientes de la Maré. Los vecinos la llaman desde hace años la Franja de Gaza, porque divide el territorio que controla el Comando Vermelho (CV), la facción del narcotráfico más poderosa de Río, y el Terceiro Comando Puro (TCP), una banda rival. Desde hace un tiempo, hay una especie de pacto de no agresión entre las dos bandas criminales y las cosas están más tranquilas. Las balas ahora llegan sobre todo con las operaciones policiales y la reacción de los narcos, comentan los vecinos. La decena de escuelas que hay en esta zona no tienen ventanas de cristal, sino unas mallas metálicas que dan a los edificios una apariencia de búnker de hormigón. Aun así, no protegen de los balazos. En las paredes pueden verse decenas de agujeros provocados por armas de fuego.

Dentro de una de esas guarderías, la escuela infantil Profesor Moacyr de Goés, está la profesora Juliana Ximenes, que hoy intenta calmar a las madres que están ansiosas por dejar a los niños. Todo se ha retrasado porque ha llovido mucho a primera hora de la mañana, hay varias escuelas inundadas y algunas maestras aún no han llegado porque la ciudad está hecha un caos. Las madres se resignan. Podría ser peor, al menos “no hay operación”. A mediados de octubre, una operación especial de la Policía Militar duró seis días. Seis días sin clase, con el comercio cerrado a cal y canto y con los padres arriesgando la vida para dejar el barrio para ir a trabajar.

Las escuelas de la zona hace tiempo que tienen unos protocolos mínimos de seguridad para el día a día. Por ejemplo, cuando el tiroteo pilla dentro de clase, lo más urgente es alejar a los niños de las fachadas. “Normalmente los llevamos donde hay más paredes, a los baños o a un pasillo central”, dice la profesora Ximenes, que recuerda que no hace mucho una bala se coló en la cocina del centro. Por suerte, no hubo heridos. Mientras intentan calmar a los niños, también se comunican por WhatsApp con las madres para tranquilizarlas, hasta que cesen los tiros.

En lo que va de año, los tiroteos obligaron a cerrar las escuelas de Río 4.016 veces. Un total de 497 centros fueron clausurados al menos una vez, un tercio del total, dejando sin clases a 202.000 alumnos. Un colegio llegó a estar 21 días seguidos cerrado, según informa la Secretaría Municipal de Educación, que gestiona la gran mayoría de centros. Su máximo responsable, el secretario Renan Ferreirinha, no esconde su malestar: “Es surrealista que haya pasado a ser parte de nuestra rutina entender todos los días por la mañana si conseguiremos abrir nuestras escuelas o no porque hay un tiroteo, una operación, una guerra de facciones. Eso no puede ser normal. Algo funciona muy mal en la seguridad pública cuando dejamos de concentrarnos en el aprendizaje para poder entender si vamos a poder abrir las unidades escolares”. Las competencias en materia de seguridad son del Gobierno del Estado de Río, de quien dependen las controvertidas operaciones policiales en las favelas y barrios de la periferia.

El problema del trauma y las secuelas en los niños se intuye monumental, pero nadie sabe dimensionarlo del todo porque faltan medios. “No tenemos profesionales que puedan dar apoyo, no hay psicólogos ni asistente social. Aquí tenemos un psicólogo para cubrir 50 escuelas, y obviamente solo lo ves muy de vez en cuando, cuando hay un caso extremo”, lamenta la docente Ximenes. El Gobierno del Estado de Río tampoco ofrece ese tipo de asistencia psicológica, aunque informa por correo electrónico que acaba de firmar un convenio con la Cruz Roja para formar a profesores que actúan en “áreas conflagradas”. El programa durará hasta el final de 2024 y beneficiará a 184 escuelas mapeadas por la Policía Militar.

Mientras las pocas respuestas de las autoridades se dirigen sobre todo a intentar reducir el número de bajas, voluntarios y ONGs se dedican a hilar más fino y se fijan en el impacto de toda esta violencia en el día a día de los menores. Es el caso de personas como Adelaide Rezende, vinculada a la organización Redes da Maré. Trabaja con niños de apenas 4 y 5 años conceptos como seguridad, derecho a jugar o ciudadanía. Para crear un “vínculo seguro” en el que los niños puedan desahogarse a veces se disfraza de “político”, con traje y un bigote de pega, para escuchar sus demandas. En diciembre, los niños de la Maré protagonizarán el segundo congreso infantil sobre seguridad pública, organizado por la citada organización.

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