“¡Qué les pasa!”: el grito de las niñas amazónicas al Estado ecuatoriano

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“¡Qué les pasa!”, se escuchó en la Asamblea Nacional ecuatoriana, el pasado 21 de febrero. El grito, dirigido a la actual ministra de Energía y Minas de Ecuador, Andrea Arrobo, era más que un reclamo. Era la expresión de la frustración de quien se siente burlada. Jamileth Jurado tomó el micrófono e interrumpió. No pidió permiso. “La señora de Energía y Minas habló pavadas, no sabe de lo que está hablando”, dijo la adolescente de 16 años ante la mirada atónita de las autoridades. Ese día, la Comisión de Biodiversidad del Legislativo había convocado a ministras, líderes comunitarios y organizaciones de pueblos y nacionalidades para conocer el avance en el cumplimiento de la sentencia del ‘Caso Mecheros’, sobre la demanda de nueve niñas afectadas por la quema de gas natural en la Amazonia.

“Que quede en su conciencia la muerte de tanta gente”, dijo Jamileth antes de abandonar el palacio legislativo, apuntando con el dedo a la mesa central de la asamblea. En julio de 2021, la justicia falló a favor de nueve menores de 15 años que demandaron al Estado ecuatoriano. Jamileth es una de ellas. La sentencia obliga a las empresas petroleras a apagar los 447 tubos metálicos distribuidos en la Amazonía que queman gas natural, como parte de la extracción de crudo, y cuya contaminación tiene un impacto nocivo en la salud. Pero se ha hecho poco. La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt), que patrocina a las jóvenes activistas, denuncia que actualmente operan 486 mecheros.

Lo que hasta hace un tiempo se sentía como una victoria fue el inicio de un proceso donde Jamileth y sus ocho compañeras se han convertido en una de las piezas más incómodas del tablero político, cuando de justicia climática se trata. Esto las ha convertido en un blanco de persecución e, incluso, violencia, según han denunciado.

Extractivismo tóxico

Jamileth nació en Shushufindi, en la provincia amazónica de Sucumbíos y hogar de los pueblos Kichwa, Shuar y Siekopai. Ahí se encuentra la Reserva Biológica Limoncocha, considerada uno de los territorios más biodiversos del mundo que en 1998 fue declarada sitio Ramsar, lo que significa que sus fuentes de agua pueden ser determinantes para el funcionamiento de los ecosistemas. También es una zona donde a diario se procesan miles de barriles de petróleo y operan más de 200 mecheros, según la Udapt.

Como ya se ha explicado en América Futura, estas ‘antorchas’ metálicas fueron instaladas en la selva inicialmente por la multinacional Chevron-Texaco en los 60 y, desde entonces, se han multiplicado, principalmente en la zona de Sucumbíos y Orellana, a 275 kilómetros al noreste de Quito. La llama que expulsan vomita gases como dióxido y monóxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, metano, propano, butano y benceno. Jamileth vive a unos 200 metros de un mechero que funciona las 24 horas, todos los días. “Es nauseabundo porque los olores son demasiado fuertes y con el sonido que hace no se puede ni dormir”, describe.

La combustión de gas emite millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y es uno de los mayores contribuyentes del cambio climático. Además, los efectos en la salud son devastadores, principalmente para las mujeres. Un estudio de la Udapt y la Clínica Ambiental indica que la incidencia del cáncer es 2,6 veces más frecuente en ellas que en ellos. La madre de Jamileth es sobreviviente de esta enfermedad.

Jamileth (16), Leonela Moncayo (13), Rosa Valladolid (13), Skarlett Naranjo (11), Kerly Herrera (11), Denisse Núñez (16), Dannya Bravo (11), Mishell Mora (19) y Jeyner Tejena (17) se conocieron hace años a través de la Clínica Ambiental, una ONG que promueve el derecho a la salud y a la vida de las comunidades. “Ahí luchan por el bienestar del ambiente y también por nuestra salud. Vienen médicos y atienden a personas con enfermedades oncológicas”, explica Jamileth. En la Amazonia no existe un hospital especializado, a pesar del nivel de exposición a los efectos de la extracción petrolera. Y ese es otro de sus reclamos.

Un Estado adultocentrista

Cuando era más chiquita, Jamileth soñaba con tener “un cuerpo de roble”. Por eso, a sus siete años, subió por primera vez a un ring de boxeo. Es la menor de los siete hermanos Jurado Silva y la única mujer. Hace una década no imaginaba que sus entrenamientos en artes marciales y box también la prepararían mentalmente para librar una pelea que duraría años. Que aún no termina.

La cronología arranca el 20 de febrero de 2020, cuando las nueve niñas presentaron una Acción de Protección contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica por la quema de gas asociado en más de 447 mecheros de la industria petrolera. En julio de 2021, la justicia declaró que “el Estado ecuatoriano vulnera los derechos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua y los derechos de la Naturaleza”. Los jueces ordenaron la eliminación de todos los mecheros que afecten a las poblaciones y los estudios correspondientes para determinar las fuentes de agua contaminadas, y el impacto de los tóxicos de hidrocarburos en la salud humana.

Jamileth tenía 11 años cuando empezó el proceso y algunas de sus compañeras apenas si habían aprendido a leer y escribir, pero estaban claras en cómo la contaminación marcó sus vidas. Varias de ellas han visto a su familia enfermar y morir. “Entre todas hicimos una sola fuerza y así hemos venido guerreándola”, dice Jamileth. Ahora, la elocuencia de sus mensajes, la fuerza de sus palabras y la claridad de sus objetivos dan cuenta de la preparación a la que se han sometido. No improvisan. Hay un equipo que las sostiene. Tienen clases de derecho para entender los alcances de la ley y la viabilidad de sus exigencias. Por eso no se conforman.

Desde que ganaron la demanda, lo que han recibido son disculpas públicas. Sucedió en abril de 2022, cuando un grupo de voceros del entonces Gobierno de Guillermo Lasso se reunió con ellas. Jamileth recuerda que al encuentro no llegaron ministros ni secretarios, sino funcionarios suplentes.

No solo se ha ignorado la sentencia, sino que hoy ellas denuncian represalias. Cinco días después del impasse en la Asamblea, el 26 de febrero pasado estalló un artefacto explosivo hecho con caña de guadua, papel y un tubo de cartón frente a la casa de Leonela Moncayo, otra de las demandantes. Organizaciones como Amnistía Internacional se pronunciaron ante lo que calificaron como una “intimidación” al activismo por justicia climática. Leonela tiene 13 años.

Luego, cinco de las nueve chicas fueron retenidas la madrugada del 12 de marzo cuando viajaban de Sucumbíos a Quito para realizar un plantón frente a la Corte Constitucional. “La Policía Nacional y los militares no nos permitieron el paso para llegar hasta Quito, donde íbamos a dar una rueda de prensa, un foro y varias marchas”, denunció Leonela en un video. Las Fuerzas Armadas justificaron la retención del autobús que las movilizaba alegando que, debido al estado de excepción vigente en Ecuador, los uniformados debían inspeccionar el vehículo.

Finalmente llegaron hasta los exteriores de la Corte. Ese día encabezaron una marcha en la capital a la que se sumaron decenas de manifestantes para exigir que se apaguen los mecheros y se les permita “una vida digna sin contaminación”. De acuerdo a la Relatoría especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, las niñas, niños y jóvenes activistas reciben con frecuencia “comentarios denigrantes y degradantes, que ponen en duda su experiencia, conocimientos especializados y motivación”. Esto se agrava por “discursos políticos que utilizan la edad de las niñas y jóvenes defensores de los derechos humanos para dar a entender que están siendo manipulados, reclutados o adoctrinados”.

Cuando se le pregunta a Jamileth si tiene miedo, ella no duda en responder. Sus ojos caoba se encienden y sus manos reafirman su respuesta. “Yo voy a alzar mi voz hasta que el último mechero sea eliminado de la Amazonia”.