Amenazas y destierro: el precio a pagar por defender el agua en Colombia

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Una canoa se desliza lentamente por las aguas de la Ciénaga de San Silvestre, a las afueras de Barrancabermeja, en el norte de Colombia. A bordo van cinco pescadoras que desafían los peligros de una zona caliente en todos los sentidos: a los más de 30 grados de temperatura habituales se le suman los desafíos de un área con presencia de paramilitares, el Clan del Golfo y el grupo guerrillero ELN. Pero estas mujeres, aglutinadas en la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (Fedepesan), se han organizado para defender el agua de la contaminación en un área afectada por dos vertederos y varias industrias, entre ellas una refinería de la petrolera Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia.

“Hay muchas amenazas, especialmente contra los líderes pesqueros. Porque defienden los derechos de los pescadores y [luchan contra] la contaminación del agua de la ciénaga. Entonces, a menudo se producen graves amenazas contra nuestros líderes”, afirma Liudmila Alemus, una pescadora de 51 años que vive en la carretera de la ciénaga de San Silvestre, un pantano que pertenece a la cuenca media del río Magdalena. Según cuenta, ella misma fue víctima de un asalto el 25 de julio. Ese día, tres hombres armados llegaron a su casa para amenazarla delante de su hijo de 8 años y revisaron la vivienda durante una hora. Antes de irse, le advirtieron de que le cortarían las manos si no les decía dónde tenía el dinero. Se llevaron un celular, una tablet y una motocicleta.

Liudmila no conocía a los hombres ni sabe a qué grupo pertenecían, pero cree que ese episodio está relacionado con su rol público de defensora del agua. Así lo creen también varias organizaciones que defienden los derechos de los pescadores de la zona que, en una denuncia pública emitida una semana después del ataque, lo atribuyen a “retaliaciones por la labor en defensa de los complejos cenagosos y sus afluentes, la protección de la pesca artesanal y las denuncias realizadas por las y los pescadores artesanales”. Según se puede leer en la carta, el asalto se produjo después de una inspección dirigida por un grupo de la federación de pescadores, entre los que se encontraba el esposo de Liudmila, para exponer ante funcionarios públicos las afectaciones ambientales sobre varias fuentes de agua, incluida la ciénaga San Silvestre.

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Ludmila Lemus Gutiérrez, pescadora de ciénaga

Para Liudmila —varias veces desplazada por el conflicto armado y cuya familia sufrió en carne propia la violencia con el asesinato de una de sus hermanas— y para sus compañeras, las amenazas no son nuevas. Pero no dudan de que tienen que seguir defendiendo el agua. De ella viven y por ella se sienten protegidas. “Dondequiera que he vivido, he vivido junto a un río, un pantano o una ciénaga. El agua es la vida para nosotros los humanos, para los peces, para todo”, afirma la pescadora. “Ha habido contaminación y he visto que ahora los peces no son tan grandes como antes”, confiesa. Según cuenta, cada vez hay menos bocachico, la especie que más consumen en la zona, y ya casi no se encuentra sábalo. Mientras habla, su hijo Stiven, que juega en el agua, le grita: “Soy un manatí, mírame”.

Desde hace décadas, además de una fuente de biodiversidad, esta zona es un área de extracción de petróleo. Entre otras industrias, allí opera desde 1922 una refinería de Ecopetrol, la compañía estatal más grande de Colombia. Pero para la población, la actividad petrolera no ha significado desarrollo, sino que siguen teniendo malas carreteras, malas escuelas y malos hospitales. Y cada vez ven más contaminación, tanta que, denuncian, ya hay zonas donde ya no pueden pescar y algunas de las ciénagas incluso se han secado.

La ciénaga de San Silvestre es la despensa de Liudmila y sus compañeras. Pero basta un viaje por sus aguas para ver los efectos de la industria. Al pasar por el lado de las tuberías por donde salen los vertidos de Ecopetrol, las hojas de guamo macho, almendro y zarza se tiñen de negro azabache por el aceite, que también se deposita en las profundidades del pantano.

En 2020, un informe de la Contraloría sobre los planes de contingencia y la atención de emergencias en derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua afectados por la refinería de Barrancabermeja señaló “contingencias repetitivas”, lo que indica “una carencia de medidas preventivas efectivas”. Según la auditoría realizada entre los años 2012 y 2019, “la alteración de la calidad hídrica [relacionada con la actividad de la refinería] afecta la disponibilidad y cantidad de peces a los que puede acceder la comunidad del área de influencia de los cuerpos de agua más afectados”, entre los que incluye la ciénaga San Silvestre.

La compañía, sin embargo, rechazó en un correo a EL PAÍS que el informe concluya que las operaciones de la refinería Barrancabermeja hayan afectado a la fauna o las aguas. Además, aseguraron tener un plan de gestión de riesgos y emergencias actualizado, así como estar haciendo inversiones “millonarias” para garantizar operaciones limpias y proteger el agua. “Los eventos que se han presentado han sido atendidos de manera inmediata y efectiva con personal y equipos propios; se han catalogado como menores porque no han generado afectación que requiera procesos de recuperación de áreas”, añaden.

Pero Liudmila y sus compañeras no están de acuerdo con esta versión. Por eso, en 2019, decidieron unirse para proteger las aguas. Una de las actividades que realizan es la vigilancia del manatí antillano, una especie en peligro de extinción, de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Además, las pescadoras hacen controles de la ciénaga para registrar y documentar los materiales contaminantes y masas aceitosas, participan en espacios institucionales como consejos de pesca y hacen denuncias públicas, lo que les ha valido ser objetos de amenazas e incluso de destierro, como sucedió con Yuly Velázquez, la presidenta de Fedepesan en el departamento de Santander.

Esta mujer de 37 años ha tenido que alejarse de la ciénaga en la que pescaba y ahora vive en un barrio de la ciudad de Barrancabermeja, donde recibe diariamente la visita de la unidad de protección de la policía tras haber sufrido tres intentos de asesinatos desde enero 2021. Antes de huir, Yuly había enseñado a los demás pescadores a utilizar los teléfonos móviles y a registrar con fotos, vídeos y directos en redes sociales su situación, lo que movilizó a ecologistas de otros lugares. “Los pescadores, los que estamos más cerca del agua, empezamos a identificar y documentar la contaminación. Fuimos testigos de la mortandad de peces, de la flora y de fauna como tortugas y otras especies. En ese momento, empezamos a hacer la línea de base, anotando los lugares más contaminados”, recuerda.

Yuly ha denunciado públicamente en varias ocasiones la contaminación de la ciénaga, así como irregularidades en la adjudicación de un contrato para su limpieza y ha pagado caro su activismo: en 2021, sufrió el primer ataque armado en su casa. En mayo de este año, volvió a ocurrir cuando estaba con otros pescadores: “Nos dispararon desde la orilla hacia la lancha. Cada vez que denunciamos un nuevo problema de contaminación, pasa”, asegura. El mes pasado, fue víctima de un nuevo ataque en el que su guardaespaldas fue alcanzado por una bala en la cara.

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Yuli Velázquez, defensora del agua

La líder pescadora reconoce que tiene miedo y que su lucha ha hecho que su familia no pueda vivir en paz. “Cualquier ruido, cualquier coche sospechoso, cualquier persona que te mira, ya pienso que empieza de nuevo”, afirma. Pero su compromiso para defender la ciénaga y a las comunidades pesqueras sigue firme: “Si yo no lucho por el agua, y, si los demás le tienen miedo, ¿quién lo hará?”, se pregunta. ”Tenemos especies en peligro de extinción, por lo que luchamos por el agua. Si no tenemos agua, no podemos pescar (...) La contaminación es una forma de amenazarnos para que finalmente tengamos que irnos”.

Sin embargo, sabe que por ahora debe vivir lejos de la ciénaga por seguridad. Lo mismo les ha sucedido a otras activistas, como Carolina Agon, una pescadora de 35 años que es vicepresidenta de la asociación de pescadores del Magdalena Medio. Tras recibir ataques y amenazas que ella atribuye a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —un grupo paramilitar que ha cargado contra otros ambientalistas—, en febrero tuvo que salir de su casa para buscar un lugar seguro en otra parte del país.

Edin Salazar, de 63 años y compañera de asociación de Yuly y Liudmila, se mantiene firme en la lucha pese a haber presenciado uno de los ataques a la presidenta de Fedepesan. Pese al temor, dice sentirse orgullosa al pensar que está cumpliendo con el deber de defender el medio ambiente para sus nietos.

Mientras, Yuly sueña con poder volver a la ciénaga, para volver a disfrutarla. “No hemos perdido nuestra esencia de estar conectados al agua. A mi hijo le encanta ir a pescar. El agua está en mi sangre. Son mis venas, ¿verdad? Me encanta el río y mi sueño es tener una casa junto al agua en la ciénaga porque me conecta con mis abuelos que han muerto, me conecta con el mundo y la realidad y con todas las cosas bonitas que podemos disfrutar”.