Los problemas judiciales que persiguen a Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández encarna una paradoja. Todo su discurso se ha centrado en un único mensaje, luchar contra la corrupción. Y, sin embargo, está acusado de presunta participación en la adjudicación ilegal de un contrato cuando era alcalde de Bucaramanga. Pero este caso, que lleva la Fiscalía, es solo una pequeña fracción de un escándalo más grande llamado Vitalogic, que involucra a su hijo en el cobro de una comisión millonaria.

El juicio contra Hernández será el 21 de julio, tres semanas después de la segunda vuelta presidencial, cuando ya se sabrá si él o Gustavo Petro es el presidente de Colombia. El exalcalde tendrá que responder por el delito de interés indebido en contratación. En otras palabras, por haber presionado a sus subalternos para favorecer o a una persona específica. Contratar a dedo y la medida, una práctica que dista de la transparencia que él propone.

La historia de Vitalogic comienza en 2016 cuando se avecinaba una crisis sanitaria en Bucaramanga. Después de dos décadas, el sitio de disposición de las basuras de la ciudad estaba colapsado y debía ser cerrado. Hernández, con su visión de empresario, decidió que era momento de probar una tecnología que transforma la basura de los rellenos sanitarios en energía. Una idea revolucionaria que, sin embargo, acabó en líos.

Para empezar, debían buscar una consultora que se encargara de hacer una evaluación técnica, ambiental y jurídica para escoger la empresa correcta para ejecutar la idea del alcalde. La Empresa de Aseo Municipal de Bucaramanga (Emab) ofertó el contrato a tres ingenieros. Y el contrato de 355 millones de pesos lo ganó el ingeniero químico Jorge Alarcón, un nombre que se repetirá en otro escándalo.

Sin embargo, la Fiscalía considera que esa elección fue ordenada por Rodolfo Hernández. “Se interesó indebidamente, tanto en provecho propio y de un tercero” para que Alarcón “fuese el contratista escogido” y lo hizo “indicándole a su subalterno funcional, esto es, a José Manuel Barrera Arias, Gerente de la EMAB, quién debería ser el escogido”, dice el documento en manos de EL PAÍS. Barrera también está acusado, junto a otros funcionarios. El candidato no ha aceptado cargos.

La Fiscalía dice que el hoy candidato presidencial citó al gerente y al asesor jurídico de la EMAB a su apartamento, un penthouse, donde también ejercía funciones como alcalde y allí les dio la orden. Así, a Alarcón no solo le entregaron información privilegiada, le enviaron por mail el pliego de condiciones del contrato, sino que además le dieron “oportunidad para que los revisara y modificara” y le dieron el contrato sin cumplir requisitos legales. En el mismo caso, la Fiscalía descubrió que las invitaciones a participar a los otros ingenieros eran falsas.

Su hijo, su flanco débil

Sin embargo, ese terminó siendo un pedazo ínfimo del problema, aunque estén vinculados. El verdadero escándalo se desató cuando se supo que Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo, trabajaba para Vitalogic. Y a la hora de presentar la documentación del concurso, se adjuntaba un papel donde se reflejaba una comisión de dos millones de dólares, firmada ante notario y en concepto de mediación, a nombre del hijo del candidato.

“Se evidenció que Hernández Oliveros junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología”, indicó la Procuraduría en 2019.

Trujillo se convirtió en testigo del organismo de control y reveló que se reunió dos veces con el alcalde para concretar el negocio y presentó una conversación de chat que tuvo con el hijo de Rodolfo. “Ya mi papá habló hasta con Florin (Volcinschi), que es el rumano, de Vitalogic, ya esto es un hecho, ahora toca esperar”, escribía el hijo del candidato.

Por eso, la Procuraduría le formuló pliego de cargos al exalcalde por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de selección para el tratamiento de las basuras. Las pruebas del organismo de control son las conversaciones de Whatsapp “de las personas que lo suscribieron y en las cuales Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de la tecnología”.

De acuerdo con La Silla Vacía, “cuando llevaba cuatro meses de alcalde, él mismo se reunió con los socios de Vitalogic en su apartamento, por intermediación de su hijo”. Luego, afirma el medio en el libro Los Presidenciables, se volvieron a reunir en Bogotá. El exalcalde dijo ante la Procuraduría que a él le entregaron la ciudad saqueada y que no tiene ningún interés diferente a salvaguardar los recursos de la ciudad. Además, que a su hijo le pusieron una trampa.

Se trataba de un jugoso contrato a treinta años y Vitalogic era una de las pocas empresas del mundo podían desarrollar la tecnología. La licitación exigía aportar una póliza de seguros, pero en su lugar, la empresa aportó una fianza, algo que no aceptó el equipo jurídico de la Empresa de Basuras. Según la Procuraduría, Rodolfo Hernández coaccionó a César Augusto Fontecha Rincón, director jurídico, “para que aprobara la fianza entregada por la Unión Temporal Vitalogic RSU” y “así fuera habilitada la oferta”.

Los audios de esa coacción revelados por Caracol Noticias, en 2019, revelan el talante del exalcalde. En las comunicaciones, Hernández le dice a su subalterno:

-”Yo no estoy defendiendo a nadie, sino que ustedes van a hacer abortar esa maricada y se pierde el trabajo de 18 meses. Van a empezar ustedes los abogados a meterles huevonadas. Entonces yo digo, acéptenles la garantía”. Ante lo cual, el funcionario le explica que esa póliza es una exigencia normativa.

-”La norma puede decir lo que quiera. La ley no importa”, riposta el candidato.

- “Como que no importa doctor, yo no puedo prevaricar”, le contesta Fontecha.

Finalmente, el negocio se cayó, pero el escándalo quedó en el aire.

Hernández, quien tiene opciones de convertirse en presidente de Colombia, también ha enfrentado otros procesos disciplinarios. En marzo de 2019 la Procuraduría lo suspendió por dos meses por calumniar a un funcionario público, diciendo sin pruebas que este había robado recursos públicos. En diciembre del mismo año lo sancionó por ocho meses por agresión física y verbal contra un concejal y en junio del 2020 lo sancionó por cinco meses por tratar con irrespeto a un ciudadano en un parque de Bucaramanga.

El candidato insiste en que es inocente. “Dirán que tengo procesos penales, pero los construyeron los politiqueros cuando estuve aquí en la alcaldía, y no son 1 sino 200 y no solo penales sino también disciplinarios”, dijo Hernández durante una transmisión en sus redes sociales este lunes.

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