Petro cumple su amenaza de bombardear al Clan del Golfo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha cumplido su amenaza de bombardear sin contemplaciones al Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico en el país. El propio mandatario confirmó este martes en sus redes sociales que había ordenado la operación militar que dejó nueve integrantes del grupo armado muertos, uno capturado y trece fusiles incautados en Segovia, en el departamento de Antioquia, la misma región que lo había llevado a lanzarles un ultimátum hace poco más de un año. Es el tercer bombardeo en el Gobierno de Petro, que los restringió al máximo en el inicio de su periodo, y el segundo contra el ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

Los bombardeos militares contra grupos armados solo volvieron a estar sobre la mesa cuando Petro ya llevaba año y medio en el poder ―siempre y cuando se confirme que no hay presencia de menores de edad en los campamentos, según informaron las Fuerzas Militares―. El episodio que provocó ese giro fue la emboscada en la que el Clan del Golfo mató a cuatro militares en febrero de 2024, justamente en Segovia. “Su actividad se ha centrado en las economías ilícitas que nosotros estamos golpeando”, aseguró Petro en su día. “Si no son capaces de desmantelarse, como lo hemos solicitado, serán destruidos por el Estado”, aseguró. La organización armada más grande de Colombia respondió entonces retratándose como un “ejército”.

El propio Petro lo ha recordado este martes, al apuntar que esta misma unidad del Clan del Golfo había participado en la emboscada y era también la responsable del secuestro y posterior asesinato de Jaime Alonso Gallego, un reconocido líder de la región en asuntos de minería ancestral. “Felicitaciones a las tropas que participaron en la operación”, apuntó el presidente al final de su mensaje. El nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el primer militar en ocupar el cargo desde la Constitución de 1991, agradeció el gesto como un valioso reconocimiento a policías y militares. “Se afectó un objetivo militar totalmente lícito, no hubo afectación ni a personas ni a bienes protegidos por el DIH, las personas que fueron afectadas son combatientes ilegales en armas, en función continua de combate y quien se involucra en las hostilidades sufre las consecuencias”, explicó.

El mandatario autorizó el pasado agosto abrir un “espacio de conversación socio-jurídico” con el Clan del Golfo, pero esos acercamientos no se han traducido en otra mesa formal como parte de la política de paz total, que se propone dialogar en simultáneo con todos los grupos armados. Por el contrario, al presidente parece habérsela agotado la paciencia, y las distintas negociaciones de paz encallan en medio de la desordenada fragmentación de los demás grupos armados.

Todas las semanas hay noticias relacionadas con las acciones armadas de los autoproclamados gaitanistas en algún lugar de Colombia. “Presidente Petro, ahí tiene lo que se consigue cuando se le permite actuar con determinación a la Fuerza Pública, sin tratar a los bandidos como angelitos”, reaccionó al bombardeo de Segovia el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, un feroz opositor del mandatario.

El Clan surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). El que había sido su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, reciclado varias veces en el mundo criminal después de haber sido miembro de la guerrilla del EPL y de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue capturado en octubre de 2021 y extraditado a Estados Unidos. El entonces presidente Iván Duque (2018-2022), el antecesor de Petro, lo celebró con grandilocuencia como el “golpe más importante de este siglo contra el narcotráfico”, que marcaba el fin de la banda. Se equivocó de plano. Su extradición no mermó el poder del Clan del Golfo, ahora encabezado por Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo. Por el contrario, se ha expandido desde entonces. La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha debatido incluirlo en su listado de organizaciones terroristas, de acuerdo con The New York Times, pero hasta ahora no ha dado ese paso –como sí lo hizo con seis cárteles mexicanos, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha–.

Los múltiples acercamientos del Gobierno con el Clan, un grupo involucrado en todo tipo de rentas ilegales que ha pasado por varios nombres, nunca han prosperado. Los observadores coinciden en que tiene una posición dominante en el mundo criminal. Es responsable de cerca de la mitad de la droga que ha salido de Colombia en los últimos años, y sus tentáculos se extienden a ejercicios de control criminal asociados a la extorsión, la minería ilegal y la captura de recursos públicos a través de las administraciones municipales. También domina el tráfico de migrantes por la espesa selva del Darién que separa a Colombia y Panamá, un tema crítico para Trump. Ha pasado de contar con unos 4.000 miembros en 2018 a más de 6.000 en la actualidad —una cifra que algunos cálculos elevan hasta 9.000 hombres—, con intentos persistentes por retratarse como una “organización político militar”.