El Gobierno Petro presenta al Congreso, de nuevo, su reforma a la salud

Tras varias semanas de expectativa, el Gobierno de Gustavo Petro ha presentado su reforma a la salud. El nuevo proyecto es esencialmente igual la que rechazó el Congreso en abril pasado, cuando la comisión séptima del Senado hundió la que era la reforma social prioritaria para el Ejecutivo. Pese a esa derrota política, a que el equilibrio en el Legislativo no ha cambiado en estos meses y al anuncio de que el nuevo texto sería concertado con los diferentes partidos políticos y los actores del sector, el Gobierno ha insistido en su propuesta. “Queremos construir una salud sin barreras, donde cada ciudadano, sin importar su ubicación o condición socioeconómica, pueda acceder a servicios de calidad”, afirmó tras radicar el texto el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El nuevo proyecto, menos extenso que el fallido, mantiene las propuestas centrales del anterior, incluyendo su terminología. Se elimina la lógica del sistema creado desde 1993, en el que la población se afilia a unas Entidades Promotoras de Salud (EPS), públicas o privadas, que sirven sus aseguradoras de su salud. Las EPS pagan los servicios que requieren sus afiliados, bajo ciertas condiciones, y reciben un dinero anual del Estado por cada uno de ellos. Si logran que el dinero alcance, pueden arrojar utilidades; si no, presentan pérdidas. El objetivo central es que así se logre controlar el gasto, el riesgo de que nieguen procedimientos necesarios se controla tanto pro el Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Salud, como por los jueces, vía las acciones de tutela. Muchas EPS se han quebrado, la presión de gasto ha aumentado sin cesar y el Gobierno insiste en cambiar el esquema de raíz.

La propuesta es convertir las EPS —sujeto a que cumplan ciertas condiciones y a que así lo deseen— en Gestoras de Salud y Vida, que ya no recibirán dinero ni serán aseguradoras. Ya no manejarán recursos, sino que coordinarán con diferentes instancias estatales la creación de las redes de servicios, el grupo de hospitales públicos y privados, la prestación de los servicios de salud. Su labor, eminentemente administrativa, será auditar que estos cobren por servicios efectivamente necesarios y ejecutados, y a cambio recibirán el 5% del dinero que el Estado presupueste que debe pagar por cada persona afiliada. La cifra puede crecer hasta el 8% o caer al 3,5%, según sus resultados.

En complemento a ese ajuste, el Gobierno propone que la atención básica en salud, primaria en la jerga del sector, recaiga sobre los nuevos Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Los ciudadanos deberán acudir a ellos para su atención básica, y serán ellos quienes los remitan a lugares de mayor complejidad, cuando sea necesario y con la supervisión de las Gestoras. Para eso, las Gestoras y las secretarías de salud distritales, municipales o departamentales organizarán unas redes de clínicas, profesionales, laboratorios y demás prestadores de servicios, llamadas RIISS. La estatal ADRES concentrará todos los recursos de la salud, desde los que pagan empleados y empleadores todos los meses hasta el dinero del presupuesto general de la nación, para hacer los pagos directos las clínicas y hospitales.

En las últimas semanas se discutió si el proyecto se debería presentar como ley estatutaria, lo que implicaría unas mayorías más estrictas en las votaciones y que lo tramitaran las comisiones primeras, no las séptimas, del Senado y la Cámara. El Gobierno determinó que no era necesario hacerlo, argumentando que no toca el corazón del derecho a la salud. La oposición ya ha anunciado que, en caso de que el proyecto salga adelante, lo demandará ante la Corte Constitucional pues, a su juicio, sí afecta ese núcleo. El proyecto iniciará su camino en la Cámara de Representantes, donde el Gobierno suele tener mayorías. De superar las votaciones en la comisión y la plenaria, como parece previsible por el antecedente de la reforma anterior, regresaría a la comisión séptima del Senado.

Este es el texto del proyecto de ley, con su exposición de motivos:

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