La paz de Colombia, en la encrucijada entre una implementación olvidada y una paz total que no engrana

La compleja situación de orden público en Colombia pasa por una encrucijada: la implementación del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC parece abandonada a su suerte, mientras el presidente Gustavo Petro se enfoca en su política de paz total, que parece desordenada e incierta. Los desafíos en materia de derechos humanos y seguridad en todo el territorio nacional siguen siendo apremiantes, lo que pone a prueba la capacidad del Estado para consolidar la paz y garantizar la justicia para todas las víctimas del conflicto armado y la población civil en general.

La implementación del Acuerdo de Paz, entre avances y serios desafíos

Desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, el Estado ha realizado esfuerzos significativos en la reincorporación económica y social de los excombatientes, así como en la Reforma Rural Integral. Según el informe trimestral del secretario general de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 8.063 hombres y 2.815 mujeres firmantes han sido involucrados en proyectos productivos, y se han formalizado 82.014 hectáreas de tierras para fines productivos. Estos avances son cruciales para la estabilidad y el desarrollo rural del país, y constituyen una deuda histórica que aún está lejos de ser saldada.

No obstante, los retos persisten y son alarmantes. La seguridad sigue siendo una preocupación crítica, con 416 asesinatos, 37 desapariciones y 137 intentos de homicidio de líderes sociales y defensores de derechos humanos verificados desde la firma del Acuerdo. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía ha emitido 513 órdenes de captura por esos crímenes y ha logrado 75 condenas, cifras que evidencian el peligro constante para quienes promueven la paz y la justicia. “¿Qué tipo de paz estamos construyendo si los defensores de derechos humanos siguen siendo blancos fáciles de la violencia?”, es una de las preguntas que más resuena hoy en la opinión pública. No pierde vigencia aquella frase célebre que varios promulgábamos en medio del estallido social: “nos están matando”.

En el ámbito de la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha avanzado significativamente, con 151 imputaciones por crímenes de guerra y lesa humanidad, y un reconocimiento de responsabilidad del 89% de los imputados. Estos logros son fundamentales para la reconciliación y la confianza en el Acuerdo de Paz. Sin embargo, son avances insuficientes si la sociedad no aborda las causas estructurales de la violencia y si el Estado no brinda protección efectiva a quienes están en la primera línea de la implementación. De igual manera, genera especial sorpresa ver que hoy el petrismo, el uribismo y los líderes de los firmantes parecen estar de acuerdo en lanzar dardos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) buscando afectar la legitimidad no solo de la JEP, sino también de la Comisión de la Verdad y otras instituciones creadas con el Acuerdo.

La paz total, una ambición desmesurada sin estrategia coherente

Si la implementación enfrenta desafíos, la política de paz total del presidente Petro parece desorientada. Con ella, el Gobierno ha buscado ampliar el diálogo con todos los actores armados en Colombia, pero la premura en otorgar estatus político a grupos armados como las disidencias de las FARC (agrupadas en los llamados Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia), ha generado confusión y descontento entre otros actores, como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Esta decisión ha socavado la estrategia de paz y ha complicado las negociaciones. ¿Cómo se puede hablar de paz total cuando se actúa con tal improvisación y falta de coherencia?

La Ley 2272 de 2022 estableció dos rutas claras: negociaciones políticas con grupos armados organizados y sometimiento judicial para estructuras criminales de alto impacto. La unificación de diversas disidencias bajo una sombrilla a la que el Gobierno le ha dado un estatus político común ha desviado esta claridad, creando incentivos perversos que desmotivan el sometimiento judicial. Esta confusión ha debilitado la autoridad del Estado y ha complicado la implementación de la paz total.

Entre tanto, los grupos armados han venido incrementando su presencia e injerencia. Según datos de Indepaz, las AGC o Clan del Golfo pasaron de operar en 253 municipios en el 2022 a 392 municipios en el 2023; el EMC de 230 a 299, y el ELN de 189 a 23. Estos tres grupos ya hacen presencia en aproximadamente el 40% del territorio colombiano, afectando a más de 8 millones de personas. La falta de presencia y autoridad estatal en estas áreas no solo perpetúa la inseguridad, sino que también pone en duda la capacidad del Gobierno para implementar cualquier política de paz.

Urge un cambio de rumbo

Con la implementación del Acuerdo de Paz a la deriva y la paz total sin rumbo, no sorprende que la situación de derechos humanos en Colombia siga siendo alarmante. La violencia perpetuada por grupos armados ilegales como las AGC y el ELN, continúan debilitando el tejido social y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en los territorios. No podemos seguir cerrando los ojos ante la realidad de que las políticas están fallando.

Es crucial que el Gobierno fortalezca las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos y la implementación de las políticas de paz. La colaboración con organizaciones de la sociedad civil puede proporcionar perspectivas valiosas y apoyo en la construcción de estrategias más inclusivas y efectivas. Además, es esencial mejorar la coordinación y efectividad en la implementación de esas políticas, asegurando que las acciones del Gobierno estén alineadas con los objetivos y principios del Acuerdo de Paz.

El Gobierno del presidente Petro debe abandonar la retórica grandilocuente y enfocarse en acciones concretas y coherentes que aborden las raíces de la violencia. La improvisación y la falta de estrategia clara no solo desacreditan los esfuerzos de paz, sino que también ponen en peligro la vida de aquellos que trabajan incansablemente por un país más justo y pacífico.

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