Salvatore Mancuso seguirá en prisión a pesar de que una jueza ordenó su libertad condicional

Salvatore Mancuso Gómez tiene derecho a la libertad. Así lo ha dictado este lunes la jueza Luz Marina Zamora, que pertenece al sistema de justicia transicional creado hace dos décadas para procesar al grupo paramilitar en el que el antiguo ganadero era jefe, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la togada, el designado gestor de paz ha cumplido con las tres sentencias de Justicia y Paz que hay en su contra, en las que fue condenado a ocho años de cárcel, por lo que merece la libertad a prueba durante cuatro años. Si no se cruza algún otro juez en la decena de procesos que tiene abiertos el excomandante paramilitar ―33 en Barranquilla y 14 en Bogotá―, la Justicia organizará su liberación de la cárcel La Picota de Bogotá, donde ha estado recluido desde el día de su retorno al país, el pasado 27 de febrero. Por ahora, sin embargo, Mancuso seguirá preso.

La versión de Mancuso sobre el conflicto armado es muy importante para el Gobierno Petro. El presidente lo dejó claro en agosto pasado, cuando lo designó como gestor de paz, una figura pensada para gestionar acuerdos con grupos ilegales y que puede implicar el levantamiento temporal de órdenes de captura, por lo que es su pasaporte más seguro a la libertad. Además, en noviembre, Mancuso logró ser aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), otro sistema de justicia transicional creado en los acuerdos de paz con las extintas FARC para procesar los casos graves de las conductas criminales más difundidas durante el conflicto armado. La JEP lo admitió en calidad de “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública” entre 1989 y 2004. Esto significa que el tribunal se enfocará en su rol como “bisagra” entre los paramilitares y los altos mandos de la fuerza pública en el enfrentamiento con la guerrilla.

Si llega a salir de la cárcel, se teme por su seguridad, pues es uno de los señores de la guerra de más alto perfil en la historia de un país sacudido por décadas de conflicto. Cuando llegó a La Picota, la semana anterior, usaba casco y chaleco antibalas, y dos policías lo protegían con escudos. Alguien ―o muchas personas― lo pueden querer ver muerto.

Al antiguo ganadero cordobés se le acusa de más de 60.000 hechos delictivos, entre los que cometió directamente y aquellos de lo que es responsable como antiguo comandante de las AUC. Dirigió directamente 139 masacres en las que fueron asesinadas 800 personas, además de otros delitos como desplazamientos, secuestros, desapariciones, narcotráfico o extorsión. Tras un proceso de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe y las AUC, él mismo ha reconocido su responsabilidad en centenares de asesinatos y otros crímenes, y muchos de los hombres que comandó han hecho lo mismo. Entre otros actos atroces, los integrantes del Bloque Catatumbo de las AUC, que Mancuso encabezó por años, reconocieron haber cometido 12.427 homicidios entre 1999 y 2004 solo en Norte de Santander. En 2005, ese departamento tenía una población de unas 1,2 millones de personas: asesinaron al 1% de la población nortesantandereana.

En 2005, cuando se desmovilizó, Mancuso parecía orgulloso del terror que había sembrado. En un discurso que dio en una visita al Congreso, dijo que los paramilitares habían hecho una “epopeya de libertad”, “mítica y heroica”. Dos décadas más tarde, ha cambiado de tono. Entró en 2006 a Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional creado un año antes por el Gobierno Uribe, en el que los paramilitares reciben penas más bajas a cambio de la verdad que ofrecen a las víctimas y de comprometerse a dejar de delinquir. Allí, rápidamente empezó a contar una versión de la guerra que incomodó a muchos uribistas: señaló al entonces presidente de estar detrás de una masacre y lo vinculó a dos homicidios más, dijo que los militares le entregaban listados de civiles para matarlos, y señaló a varias de las empresas más importantes del país de financiar a los paramilitares y sus delitos sanguinarios.

En 2008, Uribe lo extraditó a Estados Unidos junto con otra decena de jefes paramilitares, bajo el argumento de que todos ellos seguían delinquiendo desde la cárcel. Para muchos defensores de derechos humanos, era más bien un esfuerzo del Gobierno para callar a Mancuso: sabía demasiado, y claramente estaba más que dispuesto a hablar. Desde una prisión norteamericana, hizo exactamente eso. En 2014 Justicia y Paz lo condenó a ocho años de cárcel por más de 2.000 crímenes cometidos en ocho departamentos colombianos ―en la justicia ordinaria hubieran sido más de 40 años―. Todavía faltan unos 60.000 delitos más.

La mañana de este lunes, horas antes de la audiencia de Mancuso, Uribe se refirió al exjefe paramilitar. “De Mancuso nada me aterra, cuando pienso que se cambió de autodefensa por asesinato y desaforo de dinero”, dice en un video publicado en su cuenta de X. A continuación, alega que el excomandante se está aliando con el presidente Petro porque los dos son sus enemigos y, dice, Mancuso quiere “vengarse del enemigo que no pudo someter”. El expresidente también aborda la decisión del presidente Gustavo Petro de designar a Mancuso como gestor de paz. Afirma que esa decisión “para algunos conviene y para otros no. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz”, pues compara su caso con el de otros antiguos comandantes de las AUC que no han sido designados como gestores.

Mancuso llegó a tierra colombiana tras 16 años en el exilio anunciando que planea seguir contando su versión del conflicto armado. “Vengo a continuar con mis compromisos frente a las víctimas, como lo he hecho ininterrumpidamente a lo largo de estos últimos 18 años, pero al mismo tiempo, vengo a ponerme al servicio de una agenda de paz que permita evitar que Colombia sea una fábrica eterna de víctimas y dolores colectivos”, dijo en una carta publicada el día que aterrizó. “Tengo la tarea de continuar aportando verdad ante el sistema de justicia transicional, no solo con responsabilidad por las implicaciones que tiene en las personas vinculadas en los testimonios, sus familias y las comunidades víctimas, lo haré bajo estrictos estándares que permitan contrastar y determinar que es una verdad cualificada”, añadió.

El pasado 21 de febrero, cuando se supo que Mancuso ya tenía pasaporte colombiano para volver a su tierra natal, el ministro de Defensa, Iván Velásquez declaró que “hay que proteger la vida de Salvatore Mancuso (...) por la posibilidad de contribuir en mayor medida a la verdad en el país”. Será una tarea difícil si el excomandante paramilitar es dejado en libertad.

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