La captura de Pacho Malo marca el interinato de Martha Mancera en la Fiscalía

La atención de los colombianos estaba puesta este jueves en la votación que se llevaría a cabo en la Corte Suprema de Justicia para elegir una nueva fiscal general. A la par que los magistrados votaban sin alcanzar la mayoría necesaria, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron una captura que gurda relación con Martha Mancera, quien dirige esa entidad de forma interina. Francisco Javier Martínez fue detenido en Medellín por colegas del organismo al que todavía pertenece, señalado de cometer irregularidades que lo vinculan con el tráfico de estupefacientes. Investigaciones periodísticas apuntan a que esos hechos se conocían desde hace tiempo y, sin embargo, fueron encubiertos por Mancera.

A Martínez se le atribuye el delito de concierto para delinquir durante su etapa como director del CTI en la ciudad portuaria de Buenaventura, Valle del Cauca, en la costa Pacífica colombiana. Esa zona, por ser el mayor terminal marítimo del país y contar con una ubicación estratégica, ha sido históricamente un enclave importante para las estructuras armadas y de narcotráfico, que desde allí han despachado importantes cantidades de droga. Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González, investigadores del CTI, denunciaron que Martínez se valía de su empleo para colaborar con criminales de la región, permitiéndoles pasar mercancía ilegal y evadir el pago de impuestos. En sus pesquisas encontraron que Martínez era conocido entre los malhechores bajo el seudónimo de Pacho Malo.

Bolaños y González aseveran que, tras hacer públicas estas irregularidades, fueron perseguidos por altos directivos de la Fiscalía, y en especial por la entonces vicefiscal Martha Mancera. Según una columna del periodista Daniel Coronell, luego de recibir presiones para cambiar el contenido de su informe de investigación y excluir cualquier mención a Martínez, los agentes Bolaños y González fueron trasladados a “regiones lejanas y les abrieron un proceso como presuntos autores de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, falsedad en documento público y fraude procesal”.

Frente a esas revelaciones, el fiscal general Francisco Barbosa salió en defensa de su mano derecha. Aseguró que se trataba de un ataque de sectores interesados en impedir que Mancera asumiera las riendas de la Fiscalía mientras la Corte Suprema elegía a su sucesora, que saldrá de una terna compuesta por tres mujeres que envió el presidente Petro en septiembre del año pasado. A su vez, la hoy fiscal encargada advirtió que las incriminaciones eran falsas porque en la entidad no se conocían señalamientos en contra de Martínez. Su versión fue desvirtuada.

En febrero, la revista Raya publicó un documento oficial de la Fiscalía en el que constaba que agentes encubiertos habían puesto en conocimiento de sus superiores que Martínez era “el encargado de liderar la contaminación de los buques en el puerto del Pacífico para llevar cocaína a Centroamérica, Guatemala y México, y a Europa, España y Francia”. La fecha del documento en cuestión es de marzo de 2021, dos años y medio antes de que la columna de Coronell expusiera públicamente a Martínez. En esos 30 meses no se adelantó ninguna investigación.

El manto de duda que despertó la pasividad de Mancera frente a la información, sumada a los frecuentes enfrentamientos que protagonizó Barbosa con el presidente de la República, acentuaron el tono de urgencia de los llamados para que la Corte Suprema eligiera una nueva fiscal general antes de que terminara el cuatrienio de Barbosa, lo que ocurrió el 12 de febrero, y evitar que Mancera quedara encargada de la institución. El pasado 8 de febrero, sindicatos afines al Gobierno convocaron manifestaciones al frente del Palacio de Justicia de Bogotá, en donde opera la Corte, para exigir que se tomara una decisión. Cuando la Corte anunció que no había llegado a un acuerdo para definir a la nueva fiscal, una pequeña porción de los asistentes bloqueó la salida del edificio, lo que obligó a las autoridades policiales a intervenir. La escena se salió de control. El Poder Judicial expresó su rechazo a lo ocurrido, con claras señales de reproche al presidente, y a la tensión ya existente entre la Fiscalía y la Casa de Nariño, ahora se sumó la Corte Suprema.

Dos semanas después, este jueves, Pacho Malo fue aprehendido en Medellín, la ciudad capital en la que se desempeñaba como jefe de análisis criminal del CTI. Esa captura destacará al momento de evaluar el corto periodo de Mancera como fiscal general encargada, que puede terminar en la siguiente sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema, el 7 de marzo. Si ese día alguna de las ternadas obtiene los 16 votos requeridos (una de ellas llegó a 13 este jueves), Mancera dejará su cargo. Así se despeja el camino para que se esclarezca su rol en el presunto encubrimiento de Martínez sin las suspicacias que crea su actual poder.

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