La reforma que promueve un alfil de Petro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá

Una propuesta alteró los ánimos en el arbitraje nacional, el sistema para resolver diferencias comerciales que no depende de jueces de la República. En firmas de abogados y facultades de Derecho se comenta el impacto que podría sufrir el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, el más importante de esa estructura, en caso de que se materialicen los planes de personas allegadas al presidente Gustavo Petro. La entidad que organizó al tribunal que resolvió el histórico pleito entre el Estado colombiano y Odebrecht en 2019 —que obligó a que los bancos prestamistas de la constructora a pagar una décima parte de los 2,9 billones de pesos demandados— evalúa la posibilidad de prohibir que los abogados que asesoran a empresas o se desempeñan en firmas de abogados puedan ser árbitros. Esto tendría consecuencias directas no solo sobre el Centro sino en el futuro del arbitraje en el país.

El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos. Se asimila a un proceso judicial, pero tiene diferencias puntuales. El papel de los jueces lo asumen árbitros, abogados expertos que son elegidos de la forma que acuerden previamente las partes involucradas; las partes determinan qué normas se aplicarán, que pueden ser las leyes de otro territorio; su operación —costosa debido al alto valor de los pleitos que resuelve— es sufragada por las partes y no por el sistema judicial; su duración es más corta; y a sus decisiones se les llama laudos en vez de sentencias.

Los principales arbitrajes en Colombia se llevan a cabo en el Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá, que ofrece soporte tecnológico, administrativo y logístico, así como listas con 584 árbitros, expertos en diferentes ramas del Derecho. Para ser árbitro solo se debe ser abogado titulado, pero el Centro de Arbitraje exige a sus enlistados superar los 10 años de experiencia, las demás condiciones requeridas a los magistrados de las altas cortes y superar un riguroso proceso de selección. Por la prestación del servicio, el Centro cobra entre el 6% y 12% del dinero en disputa, aparte de los honorarios de los árbitros.

Hace un año tomó posesión la junta directiva de la Cámara de Comercio, institución propietaria del Centro de Arbitraje. De sus 12 miembros, 4 son nombrados por el presidente de turno y 8 son votados por los comerciantes afiliados. Julio César Ortiz, quien actualmente preside la junta, pertenece al primer grupo y es conocido por representar a Gustavo Petro en el proceso que llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de su destitución como alcalde de Bogotá en 2013. Es el promotor de limitar los abogados que pueden ser incorporados en las listas del Centro de Arbitraje.

Ortiz corroboró a EL PAÍS que tiene intenciones de modificar el Centro, al igual que otros aspectos de la Cámara de Comercio. “Vamos a hacer una reforma estructural, buscando una reglamentación nueva. Desde luego lo vamos a hacer en coordinación con el Gobierno. Estuvimos en una primera conversación con el ministro de Justicia porque el proceso es demorado. Tarda elaborar borradores de reglamento y revisarlos con universidades y académicos”. Ratificó su deseo de incorporar prohibiciones a las listas del Centro de Arbitraje: “El árbitro debe ser árbitro y el abogado debe ser abogado por una cuestión de especialidad. Está en estudio”.

La iniciativa causó reacciones. Dos árbitros que solicitaron mantener su nombre bajo reserva por el temor a retaliaciones, consideran que los planes de Ortiz, además de innecesarios, son perjudiciales. “Para ser árbitro no es necesario retirarse de la actividad profesional, por lo que se puede seguir trabajando en una empresa o una firma de abogados. A diferencia de un juez, que tiene que dejarlo todo para ser juez, al árbitro no le pasa eso. Antes de instalarse un tribunal de arbitramento, hay una etapa en la que existe un deber de información por parte de los árbitros, que exponen en dónde han trabajado y qué conflicto pueden tener. Las partes son libres de aprobar al árbitro o no” aseguró uno de ellos.

Reconoció que la prohibición planteada por Ortiz no cobijaría a grandes abogados como los exmagistrados, pero sí dejaría por fuera de las listas a la mayoría de los actuales árbitros. “La experiencia de un árbitro va a ser mucho más integral si en el pasado fue abogado de una parte en un arbitraje. Ese bagaje garantiza una mejor perspectiva al momento de estudiar un caso”.

Ramiro Bejarano, profesor universitario y exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), conforma las listas de árbitros del Centro desde su fundación, en 1983. Es crítico de la propuesta. “El principio básico para nombrar a un árbitro es que sea una persona conocedora, de buen comportamiento e intachable conducta. No tiene sentido vetar a la gente sólo porque trabaja en una oficina de abogados. Es antipático y odioso. Tiene que existir libertad y no alejar a nadie de su profesión”.

La medida es “un exceso” para Juan Manuel Charry, antiguo decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien cuestiona su utilidad. “Ya existe un régimen de inhabilidades, impedimentos y conflictos de interés que se garantizan durante la elección de un árbitro. Eso impide que puedan aceptar un caso de una empresa en la que hayan colaborado antes para efectos profesionales”.

En el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá soplan vientos de incertidumbre. En octubre, diferentes medios de comunicación lo dieron como un hecho que John Marcos Torres, quien fue superintendente para la promoción de la libre competencia durante el Gobierno de Iván Duque, reemplazaría a Gustavo Piedrahíta en la dirección del Centro de Arbitraje. No obstante, el nombramiento nunca se dio y Piedrahita, quien no respondió los mensajes de EL PAÍS, permanece en el puesto.

Julio César Ortiz señaló que la selección del nuevo director del Centro de Arbitraje está en manos de un headhunter y que la salida de Piedrahíta será un hecho, y se dará por motivos “de tiempo cumplido y discrecionales”. Fuentes de la institución aseveran que la falta de certeza sobre quién dirigirá la entidad llevó a que ya se cayera un millonario proyecto de cooperación. La propuesta, que aún está en etapa de preparación, generó una sacudida.

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