Vladimir Fernández, de secretario jurídico de Petro a magistrado de la Corte Constitucional

El Senado de la República se movió rápido. Eligió el reemplazo de Alejandro Linares como uno de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, el tribunal más poderoso de Colombia, tan solo dos semanas después de que el presidente Gustavo Petro presentara su terna, compuesta enteramente por altos funcionarios de su Gobierno. Vladimir Fernández Andrade, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, resultó designado. Obtuvo 88 votos, contra 7 en blanco, 2 por Cielo Rusinque y 1 por Gerardo Vega. Fernández era el candidato más viable desde el inicio, por tener una hoja de vida más sólida como jurista, relaciones con políticos tradicionales de su natal Huila, y experiencia más cercana al derecho constitucional que sus dos compañeros. Además, era el único de los tres sin trayectoria como activista del petrismo. “Sin llegar a generar motivos de prejuicio, respeto profundamente la libertad, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad”.

El futuro magistrado, quien se debe posesionar a partir del 3 de diciembre, es un abogado experto en Derecho Administrativo, campo en el que tiene una maestría y un doctorado, ambos de la Universidad Externado de Colombia —la misma en la que estudió el presidente Gustavo Petro. Profesor de esa universidad en diferentes materias, llegó a la Procuraduría en 2015, tras ganar un concurso público. Allí fue delegado ante el Consejo de Estado, el tribunal de más alto rango en Derecho Administrativo, y solo salió de la entidad cuando Petro lo nombró como su conciencia jurídica en la presidencia, el centro del poder estatal.

Además de académico y funcionario público, Fernández ha sido asesor de varias entidades estatales, inicialmente en su natal Huila. Entre otras, fue jefe jurídico del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) a inicios del Gobierno de Álvaro Uribe. También ha litigado ante el Consejo de Estado, la máxima instancia del derecho administrativo. Es cercano a Petro por lo menos desde 2011, cuando el hoy presidente lo designó parte de su equipo de empalme en el Distrito de Bogotá.

Será el tercer secretario jurídico de un presidente que pasa a ser magistrado de la Corte Constitucional. El primero fue Mauricio González Cuervo, ternado por Álvaro Uribe Vélez y elegido en 2007. Luego llegó la actual magistrada Cristina Pardo Schlesinger, ternada por Juan Manuel Santos y elegida en 2017. Los dos tuvieron que declararse impedidos en algunos casos, los relativos a leyes u otras normas en cuya elaboración habían participado como miembros de los respectivos Gobiernos. Eso le podría ocurrir a Fernández en asuntos como la reforma tributaria del Gobierno Petro o la ley de paz total.

La Corte Constitucional, reconocida en toda América Latina, ha sido fundamental para el desarrollo de derechos en un país tradicionalmente presidencialista y católico. Es una institución que, en sus 31 años, ha sido fundamental para asegurar la estabilidad institucional colombiana y también para lograr avances sociales. Entre muchas otras decisiones sonadas, prohibió una segunda reelección de Álvaro Uribe; limitó las normas más autoritarias de varios gobiernos, por ejemplo, al controlar de forma estricta el uso de los estados de excepción en un país que había vivido décadas bajo el Estado de sitio; o defendió los derechos de grupos vulnerables, desde las minorías étnicas hasta los niños, pasando por las madres cabezas de hogar, las víctimas del conflicto o la población carcelaria. Hace menos de dos años despenalizó el aborto hasta la semana 24 del embarazo y en agosto reconoció el derecho a la desconexión digital de los trabajadores.

Fernández llega a un tribunal con mayorías liberales que ha marcado neta independencia del Gobierno. Hace dos semanas, por ejemplo, declaró inexequible la emergencia económica en La Guajira que decretó el presidente Petro, con bombos y platillos, tras haber llevado a todo el gabinete a trabajar desde ese departamento. Es improbable que la llegada de un funcionario del corazón del Gobierno modifique esa tendencia, aunque en decisiones específicas, como las que se toman por cuatro votos contra cinco, puede marcar una diferencia.

Una votación esperada

Antes de iniciar la discusión, el senador Humberto De La Calle, una de las figuras más visibles de las bancadas de centro, propuso que este martes se hicieran las presentaciones de los tres candidatos, pero no la votación. El antiguo vicepresidente recordó que ese ha sido el uso, pues permite que se reúnan las bancadas para definir a quién apoyan; el senador Fabián Díaz lo secundó, argumentando que serían deseables unos dos días para poder digerir y verificar lo que dijeran los candidatos. Esa idea se puso a votación, pero solo la apoyaron 10 senadores, mientras que 57 votaron por hacer la votación de una vez.

Más adelante los tres candidatos intervinieron en la plenaria. Durante alrededor de 20 minutos, se presentaron y expusieron sus posturas sobre las funciones del Legislativo y de la Corte. “No es por las leyes por las que subsiste el Estado, sino por el poder legislativo, como decía Rousseau”, inició Fernández, quien buscó presentarse a la vez como experto en el funcionamiento del Estado y como defensor de la importancia de sus electores, los congresistas. “La Corte Constitucional debe respetar la labor legislativa”, afirmó.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.