La Contraloría evade el control

Hagamos a un lado que los congresistas, en un sorprendente acto de alcahuetería y descaro, siguen evadiendo la responsabilidad de elegir un nuevo contralor para los colombianos, luego de que la justicia determinara que el proceso de elección que hicieron esos mismos congresistas a las carreras el año pasado salió mal. Olvidemos que quien quedó encargado del cargo de contralor general es un personaje bastante gris, heredero de la más rancia política Caribe en calidad de ahijado político del líder conservador Efraín Cepeda. Ignoremos que el anterior cargo del hoy contralor Carlos Mario Zuluaga era director para Colombia de la Organización de Estados Iberoamericanos, una organización que algunos políticos (curiosamente cercanos al Partido Conservador) han utilizado para evadir las normas de contratación bajo la fórmula de los convenios de cooperación. Mejor dicho, pensemos que la Contraloría General de la República es un ejemplo de transparencia y gestión eficaz con un absoluto respeto hacia las normas de contratación. Soñemos con ello.

Ahora aterricemos en la realidad, que resulta ser todo lo contrario.

Desde hace varios años el ingeniero Rodrigo Fernández bautizó con el nombre de “contrataderos” a ciertas entidades mixtas o empresas industriales y comerciales del Estado que se convirtieron en las favoritas de alcaldes, gobernadores e incluso algunas entidades del orden nacional para evadir las normas de contratación que exigen pluralidad de oferentes, transparencia en la presentación de propuestas y una competencia equitativa para poder acceder a miles de millones de pesos que año tras año contrata el Estado en todos sus niveles. Gracias a esos “contrataderos”, los políticos evaden la Ley 80 de contratación. Gracias a ese embeleco, que para colmo de males está autorizado por la ley, los corruptos evaden los pliegos tipo.

En Norte de Santander tienen al Faro del Catatumbo. Empresa industrial y comercial creada por el gobernador Silvano Serrano para entregar contratos a dedo a amigos suyos, amigos del exgobernador y candidato William Villamizar, y hasta al cuñado de su jefe de escoltas.

En el Valle y en el Partido de la U cuentan con Impretics, antigua Imprenta del Valle, que ahora es intermediaria para contratar desde la vigilancia del Congreso de la República, hasta útiles escolares para los niños de la isla de San Andrés.

Sin embargo, el descaro mayor llega ahora de la mano de la Contraloría General de la República que, bajo el batuta del contralor Zuluaga, ahora también hace uso de un “contratadero” llamado Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN) para entregar a dedo contratos de reparaciones locativas e infraestructura de dicha entidad.

Tres procesos de contratación recientes abiertos por la Contraloría para adecuaciones en la sede de Bogotá (que está casi nueva) y la construcción de unas sedes para Arauca y Mocoa serán direccionados a través de FONDECUN. Son más de 19.000 millones de pesos en contratos que podrán ser entregados a dedo por el contralor Zuluaga. De hecho, el que corresponde a Bogotá ya fue adjudicado por FONDECUN en un transparentísimo proceso de selección con un único proponente. ¡Vaya ejemplo el del contralor!

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