El Estado colombiano, condenado por la violencia policial que hizo perder un ojo a un manifestante

La fuerza con la que habla Cristian Rodríguez (Bogotá, 29 años) sorprende a cualquiera que conozca su historia. El 16 de diciembre de 2019, en medio de una marcha contra la reforma tributaria propuesta por el entonces presidente Iván Duque, su vida cambió. Esa noche, en inmediaciones del campus de la Universidad Nacional en Bogotá, fue herido en el ojo izquierdo por una granada aturdidora disparada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)de la Policía. Luego de varios días hospitalizado, el diagnóstico fue crudo: “Estallido ocular severo y pérdida del órgano”. El médico le dijo que las posibilidades de recuperar la visión en ese ojo eran mínimas. Cuando le dieron el alta, salió de inmediato a Medicina Legal, decidido a buscar justicia. Tres años después, la obtuvo.

El pasado 11 de septiembre, cuando estaba en recuperándose tras una de las muchas cirugías a las que ha tenido que someterse para recuperar la visión, recibió la tan esperada noticia: el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá declaró responsables a la Nación y el Ministerio de Defensa por las lesiones que sufrió. De acuerdo con la decisión judicial, el daño se produjo porque los agentes del ESMAD no dieron un uso adecuado a sus armas menos letales.

Según la onenegé Amnistía Internacional, entre 2019 y 2021, cuando se registraron un gran número de manifestaciones en dos oleadas separadas por la pandemia, hubo 103 víctimas de trauma ocular por violencia policial en Colombia. El Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del Escuadrón Móvil (MOCAO) y otras organizaciones, en el informe Represión en la mira de 2022, enumeraron a 180 manifestantes lesionados en sus ojos en movilizaciones sociales entre 1999 y 2022.

Además, la sentencia resalta que Rodríguez “solo estaba ejerciendo su derecho a la protesta de forma pacífica”. Ese es un tema que, según explica el afectado en charla con EL PAÍS, resulta particularmente destacable. ”El fallo es muy poderoso porque por primera vez se reconoce la legitimidad de la movilización social. La sentencia es muy importante en la protección de los derechos humanos”, afirma.

El juzgado condenó al Estado a pagarle a Rodríguez una indemnización de 80 salarios mínimos mensuales (92,8 millones de pesos, o alrededor de 24.000 dólares), y a su núcleo familiar —su madre, sus dos hermanas y su hermano—, una indemnización de 40 salarios mínimos mensuales. Además de una reparación de 160 millones más (unos 40.000 dólares) por el lucro cesante, los ingresos que dejó de recibir como consecuencia directa de la lesión.

“He estado en un proceso de transformación desde ese día”, reflexiona Rodríguez, trabajador social de profesión. Cuenta que ha recorrido ese camino de la mano del MOCAO, un colectivo que cofundó y que ya suma 80 integrantes en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, más varios exiliados, y que ha buscado convertirse en un espacio de apoyo para los afectados por violencia similar en otros países.

La decisión supone una victoria para las víctimas de violencia policial, y ocurre pocos días después de que el Gobierno de Gustavo Petro nombrara de Gareth Sella —también mutilado ocular— como viceministro de Juventud, dependiente del nuevo Ministerio de Igualdad a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. Las dos noticias sientan un precedente histórico para la protesta social en Colombia, y Rodríguez espera que tengan un impacto directo en los afectados por el abuso policial. De hecho, señala que su colectivo quiere trabajar en tres líneas con el nuevo viceministerio: el barrismo social, la participación juvenil y la economía popular.

Para Rodríguez, se trata de continuar con un activismo que se convirtió en una motivación para mantenerse en pie a pesar de que extraña el ejercicio que podía hacer antes de ser mutilado, o para enfrentar el rechazo constante cuando buscaba empleo, momentos en los que sentía que la situación lo sobrepasaba emocionalmente. Para otros lesionados, el curso del duelo ha sido diferente, más difícil; algunos incluso han recibido amenazas anónimas. En palabras de Cristian, a los que han logrado mantenerse les une un sentimiento común: la esperanza.

Una esperanza con la que las víctimas de traumas oculares siguen trabajando por transmutar su dolor. Próximamente estrenarán un documental y una obra de teatro que dirige Patricia Ariza, gestora y primera ministra de Cultura del Gobierno de Petro. En la obra participarán integrantes de MOCAO y algunos de sus amigos y familiares, los cuales son un sostén.

Los lesionados también son actores clave en el impulso por lograr más reformas en la Policía. Varios miembros del MOCAO participan en la Mesa por la Reforma Policial, con otra veintena de organizaciones y redes de activismo. Demandan que en las transformaciones que vayan a hacerse en la institución, se incluya un reconocimiento a quienes han salido heridos por mala praxis de integrantes de la institución, que se retire el uso del arma Venom —un artefacto que lanza al tiempo 30 proyectiles, usualmente de goma o cartuchos de humo, y que fue muy temida por los manifestantes de las protestas de 2021 por sus disparos indiscriminados— y que se incluya la participación de equipos de derechos humanos en las intervenciones policiales.

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