El Ejército colombiano retira a 18 miembros de sus filas por las amenazas a la población civil en Tierralta, Córdoba

Los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre en la vereda Bocas del Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, siguen siendo confusos. Un grupo de hombres armados que usaban prendas oscuras y cubrían sus rostros con pasamontañas amenazaron a la población civil, incluidas mujeres embarazadas y niños. Varios videos realizados con los teléfonos móviles de los habitantes dejaron testimonio del hostigamiento, y en pocas horas se volvieron virales; testigos señalan que incluso habrían intentado violar a una mujer indígena. Lo que se supo después era que no eran miembros de las disidencias de las FARC, como ellos mismos habían anunciado a su llegada, sino soldados del Ejército, pertenecientes al Batallón Junín.

Mientras la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar adelantan investigaciones, el comandante del Ejército Luis Mauricio Ospina informó este martes sobre nuevas decisiones. Mediante un comunicado oficial, dio a conocer que 6 oficiales y 4 suboficiales serían retirados debido a que su comportamiento “comprometió los principios y valores de la institución”. El documento asegura que “los procedimientos llevados a cabo fueron totalmente contrarios a las normas, leyes y la doctrina militar”. El Ejército también ordenó el retiro de 8 soldados profesionales que estuvieron vinculados a los hechos; otros 13 que no participaron directamente pero tuvieron algún tipo de relación fueron enviados a desempeñar labores administrativas.

Previamente, el comandante había anunciado la decisión de apartar de la institución a 10 soldados involucrados: “He tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y a los mandos separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar”, dijo el viernes 14 de septiembre, tres días después del hostigamiento. Pero solo hasta este martes se conocen los castigos definidos, que revelan que la decisión es más contundente: no solo los apartan y les retiran sus armas, sino que salen de la institución.

Desde que se conocieron los videos, el Ejército ha expresado su rechazo y ha aclarado que “el Batallón de Infantería N.° 33 Junín, adscrito a la Décima Primera Brigada, se encontraba realizando operaciones contra estructuras del grupo armado organizado Clan del Golfo con el objetivo de proteger a las comunidades locales de la región”. El texto señala que el fin de la misión era llevar a cabo tareas de reconocimiento en la zona, “en respuesta a información previa sobre corredores de movilidad utilizados por grupos criminales en actividades ilícitas”.

El grupo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tiene presencia en el departamento de Córdoba, zona en la que las FARC estuvieron en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, y que luego se convirtió en un bastión del paramilitarismo. Considerada la mayor banda del narcotráfico del país, con cerca de 3.000 hombres, se adjudicó el ataque a un helicóptero en el que se desplazaban miembros de la Fiscalía y de la Procuraduría que iban a Tierralta para investigar las intimidaciones. Una ráfaga de disparos impactó el tanque de combustible de la aeronave y le impidió llegar a su destino: sus tripulantes se vieron obligados a desviar su rumbo para evaluar los daños.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el hostigamiento a la sociedad civil por parte del Ejército y lo calificó como un intento por llevar a Colombia al pasado, “a la barbarie de antes”. Según él, buscaba enviarle a la sociedad en general el mensaje de que “¡uy, este gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos, hay que poner orden!”. El presidente advirtió que el mensaje “iba directo” hacia un grupo social: los hacendados de Córdoba, “porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”. Es decir, “que repitamos esta historia”.

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