La reforma del antiguo ESMAD se estanca en un camino repleto de obstáculos

Los colombianos aún hablan del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) cuando se refieren a la presencia policial en una protesta. La antigua fuerza de choque ha quedado grabada en la memoria de muchos como un sinónimo de gases lacrimógenos y enfrentamientos violentos, sobre todo después de los abusos e incluso crímenes cometidos durante las manifestaciones masivas que agitaron el país entre 2019 y 2021. No parece importar que hace un año el Gobierno de Gustavo Petro reemplazara al escuadrón por una nueva Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). El antiguo ESMAD se resiste a desaparecer. Y no solo porque el nuevo nombre es poco conocido y más difícil de pronunciar, sino porque la reforma se ha estancado en un camino repleto de obstáculos.

El nuevo Gobierno no tardó en poner en marcha la reforma cuando llegó al poder el pasado agosto. Aunque ya había quedado atrás la idea original de desmantelar el ESMAD por completo, era prioritario para el Ejecutivo señalizar un cambio hacia una política más humanista. Henry Sanabria, el primer jefe de policía de Petro, anunció en sus primeros días en el cargo que el escuadrón pasaría a llamarse Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública, un nombre similar al actual. Tendría grupos de policías especializados en mediación, vestidos con un nuevo uniforme azul y blanco y separados del resto de sus colegas. Incluso las tanquetas cambiarían para lucir los colores menos agresivos de los nuevos agentes.

La reglamentación recién llegó en marzo de 2023, ocho meses después de que Petro llegara al poder. La resolución 1091 oficializó el cambio de nombre a UNDMO —ya utilizado desde 2022—, nuevos protocolos y la llegada de grupos especializados en el diálogo con los manifestantes. Sanabria la firmó unos días antes de dejar el cargo, cuestionado por un fanatismo religioso que no encajaba en el primer Gobierno de izquierda de la Colombia contemporánea. Sin embargo, el documento también evidenciaba que el proceso recién comenzaba y que muy poco había avanzado hasta entonces. Más allá del cambio de nombre, los equipos de diálogo aún no existían y los protocolos no estaban definidos. Ni siquiera los uniformes habían cambiado.

Unas semanas después, en junio, la Mesa por la Reforma Policial —integrada por una veintena de redes y organizaciones sociales— denunció que los cambios eran cosméticos y que el proceso no había contado con suficiente participación de la sociedad civil. “La nueva UNDMO, aunque sustituye el ESMAD, no desmonta la antigua estructura y pretende legitimar prácticas abusivas y violatorias de derechos humanos”, expresaron en un comunicado. Los firmantes cuestionaron aspectos como la falta de precisiones sobre el uso de armas, la limitación de los grupos de diálogo a dos agentes por cada 25 de los tradicionales y la subordinación que tenían los mediadores a los comandantes encargados del uso de la fuerza. “Se mantiene el énfasis en una noción reactiva pero no facilitadora y asertiva en la gestión de conflictos sociales”, concluyeron entonces. Tres meses después, la situación no ha cambiado tanto.

Implementación defectuosa

La implementación de la resolución 1091 apenas ha avanzado. Los grupos de diálogo aún no aparecen en las protestas, que siguen dominadas por gases lacrimógenos, tanquetas de propulsión de agua y balas de goma. Alejandro Rodríguez, coordinador del Observatorio de Violencia Policial de la oenegé Temblores, comenta por teléfono que el monitoreo que realizan de las intervenciones no evidencia cambios estructurales. “Hay una lejanía entre lo que dice la resolución y lo que se está llevando a cabo. UNDMO aún dispara a los grupos de ciudadanos, sin diálogo previo e incluso cuando ni siquiera ha habido brotes de violencia”, señala.

El cambio principal es que las cifras sí muestran una reducción en casos de violencia policial en la administración de Petro. Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registraron solo 43 episodios de agresiones de UNDMO entre agosto de 2022 y julio de 2023 —incluyen un muerto y un caso de trauma ocular—. Es una reducción del 67,9% con respecto al último año del Gobierno conservador de Iván Duque, que tuvo 134 casos de violencia de parte del ESMAD. Además, las fuentes consultadas coinciden en que “hay menos voluntad de reprimir” en UNDMO y que los policías esperan más antes de reaccionar.

El problema es que la disminución de casos de violencia no necesariamente refleja cambios estructurales. El primer año del Gobierno de Petro no ha tenido los niveles de movilizacion que hubo en el Paro Nacional de 2021 y las protestas han sido más locales y difíciles de monitorear. Asimismo, Rodríguez enfatiza en que es problemático que la menor predisposición a reprimir no esté consolidada en normas dentro de la Policía. “Esa voluntad termina dependiendo de la autoridad civil y de la coyuntura política del país”, subraya. “La reforma importa porque tiene que dar garantías de no repetición. Si en unos años la voluntad política cambia, los protocolos en la Policía deben ser los garantes con la ciudadanía”, agrega.

Paulina Farfán, politóloga y secretaria general de la red Defender la Libertad, coincide en que la transformación del ESMAD a UNDMO “no se ha aterrizado en la práctica a la actividad cotidiana de las movilizaciones”. Según explica, los detalles de la reforma aún están en discusión en mesas de diálogo que mantienen las organizaciones con el Ministerio de Defensa y la Policía. Cuenta que, ante los reclamos, la Policía les ha dicho que ha habido problemas presupuestales para sacar adelante los equipos de mediación. También comenta que no hay voluntad para dejar de utilizar balas de goma —otras alternativas serían más letales— y que no hay consenso sobre la distancia desde la cuál los policías deberían disparar.

“El diálogo en sí mismo ya constituye un avance, así no haya transformaciones tan grandes. Al menos hay una disposición de escuchar a la sociedad civil por primera vez en estos temas”, valora Farfán en una conversación teléfonica. La activista destaca que el Ministerio de Defensa busca coordinar el proceso y que presiona a la Policía para reformarse, aunque mantenga cierta timidez. Además, resalta que se han alcanzado algunos consensos: las armas no podrán usarse en modo automático y las balas de goma no deberán emplearse de manera indiscriminada para dispersar multitudes.

UNDMO no respondió a las preguntas de este periódico al momento de publicar este artículo. Su directora, Alba Patricia Lancheros, se encuentra de viaje por trabajo hasta el mes que viene y no fue posible designar una vocería alterna.

El desmonte ya no es una opción

La opción original de desmontar el ESMAD ya está totalmente descartada, según reconoció el propio Sanabria cuando anunció la creación de la UNDMO. Juan Carlos Ruiz, profesor de la Universidad del Rosario, señala por WhatsApp que “no hay policía en el mundo que no tenga una división antimotines”. “Es consustancial a las policías, que se crearon en el siglo XIX para controlar a las masas, precisamente para utilizarse en protestas que se podían convertir en disturbios”, subraya. Según el experto, utilizar agentes “del común” o militares puede producir aún más muertos. “El miedo y la adrenalina pueden llevar a que actúen violentamente. Es mejor utilizar el ESMAD [UNDMO], que está condicionado para eso, que es reclutado para eso y que realiza un seguimiento psicológico [de sus agentes]”, sostiene.

La secretaria general de la red Defender la Libertad coincide en que la única opción es la reforma de la UNDMO. “¿Qué pasa si desaparece este cuerpo? ¿Cómo asumirá el Estado una respuesta frente a acciones de disturbios?”, se pregunta Farfán. “Para nosotros sería muy complejo que entren otros cuerpos de la Policía, que sí tienen armas letales. O que responda el Ejército, como sucede en otras partes de Colombia”, añade.

El desafío, no obstante, es reformar una unidad que aún carga con los abusos del ESMAD. Los agentes suelen quejarse de que los manifestantes los agreden o provocan, aun cuando ellos se mantienen quietos y no reaccionan. Recuperar la confianza de la comunidad es un proceso a largo plazo puede demorarse años o hasta décadas.

Por otro lado, también es difícil cambiar la cultura organizacional dentro de la Policía. Farfán cree que en los agentes aún domina la visión de la población como una amenaza: en las reuniones, según la activista, ellos señalaron que “la sociedad colombiana es supremamente violenta”. Los cursos de protocolos y derechos humanos, que se realizan desde hace años, no alcanzan a cubrir las necesidades. “Falta mucha formación para los agentes, no es suficiente que los altos mandos estén informados sobre la nueva resolución”, considera Farfán.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.