El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, acude a la CIDH para pedir que se garantice su seguridad

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha presentado este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares que garanticen su seguridad y la de su familia. “Yo tengo un proceso de desconfianza mayúsculo con la institucionalidad colombiana”, ha declarado a los medios para justificar su decisión de acudir al organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington. Según ha comentado, no siente que el Gobierno de Gustavo Petro se haya tomado en serio su denuncia de que existe un plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de asesinarlo. Quiere que la CIDH le exija al Ejecutivo colombiano que tome mayores medidas de protección y que respete la independencia judicial, que argumenta que está en riesgo.

La Fiscalía reveló la semana pasada que tres fuentes le habían notificado sobre un plan de atentado que se fraguaba desde Venezuela, país en el que la guerrilla también opera. Se han registrado, de acuerdo con los informantes, entrenamientos de francotiradores y movimientos de altas sumas de dinero en las cuentas de los sospechosos. Para la entidad que conduce Barbosa, no parece una “una simple expresión” de intenciones: recuerda a los preparativos de otros atentados de los últimos años, como el de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en 2019.

La respuesta del Gobierno fue cauta. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se reunió con el fiscal y le prometió que iban a reforzar su seguridad. No obstante, también comentó que es necesario verificar las fuentes de la Fiscalía porque puede que la información sea de “enemigos del proceso de paz” que buscan torpedear las negociaciones que el Ejecutivo adelanta con el ELN. El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, fue aún más lejos en su escepticismo: “El saboteo de la paz tiene diferentes mecanismos. Uno de ellos es desinformar y tener unas supuestas fuentes que no se verifican y que llevan a que se tomen decisiones políticas y públicas que no corresponden a esa realidad”.

Barbosa ha criticado al Gobierno este martes por no rectificar la declaración de Rueda y ha señalado que su desconfianza en las instituciones no se puede resolver con “una reunión de 20 minutos con el presidente de la República”, en referencia a un encuentro que sostuvo el pasado viernes con Petro. “Me dijo que él no sabía [del plan del ELN]. Pero si él no sabe, ¿quién sabe? Hay un descontrol al interior del Ejecutivo y se está jugando con nuestras vidas”, ha agregado el fiscal general, recordando que una de las tres fuentes es del Ejército, que depende del Gobierno. Para él, hay “inacción” de parte de las Fuerzas Militares.

“Yo no tengo garantía en Colombia de seguir vivo después de mi salida de la Fiscalía General de la Nación [el próximo 12 de febrero]. En estos momentos existen diversos actores que quieren que el fiscal general no solo salga del cargo, sino que salga de cualquier tipo de función”, ha comentado tras reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Asimismo, ha asegurado que existen campañas de criminalización y desprestigio en su contra que se evidencian en redes sociales, actos de vandalismo a edificios de la Fiscalía y 100 denuncias que enfrenta en la Comisión de Acusaciones de la Cámara Representantes por delitos como sedición, abuso de autoridad y supuestas alianzas con grupos paramilitares.

El presidente se ha referido el miércoles por la mañana a una citación que le realizó la Fiscalía al comandante del Ejército, Luis Mauricio Ospina, para dar explicaciones sobre el presunto ocultamiento de información relacionada al atentado. Ha señalado en redes sociales que no ha habido un encubrimiento y que la información de inteligencia que le entregaron al fiscal general no llegó antes al Ejército o a la Presidencia. Ha reiterado que hay que verificar la veracidad de la fuente y ha comentado que, por precaución, ha instruido a la Policía que se refuerce la seguridad de Barbosa.

La CIDH

La CIDH es parte del sistema interamericano de justicia junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Hace unos meses, dictó medidas cautelares a favor de la homóloga de Barbosa en Perú, Liz Patricia Benavides Vargas. Entonces, consideró que el esquema de seguridad no era lo suficientemente fuerte, cuestionó que una solicitud de incrementar el personal hubiera sido denegada y exigió al Estado peruano que tomara medidas para corregir esta situación.

La decisión de Barbosa de acudir a la CIDH se enmarca, además, en una larga rivalidad con Petro. El fiscal, amigo del expresidente de derechas Iván Duque, es uno de los mayores críticos a la política de paz total. Se ha enfrentado con el mandatario de izquierdas en varias ocasiones y se ha negado a levantar las órdenes de captura de otros grupos armados con los que negocia el Gobierno. Sostiene que varios de los procesos, como el del Clan del Golfo o el de las disidencias de las FARC, no deben avanzar hasta que no exista una ley de sometimiento a la justicia destinada a organizaciones del crimen organizado que no tienen el carácter político que se le reconoce al ELN. Cuando el proyecto se debatió en el Congreso, acusó a Petro de querer beneficiar a narcotraficantes y de presentar un texto con el que “Pablo Escobar estaría feliz”.

La paradoja es que la CIDH es una de las instituciones preferidas del actual presidente de Colombia desde que la Comisión derrumbó su sustitución como alcalde de Bogotá hace una década. En diciembre de 2022, Petro acudió a la Comisión para que dictara medidas cautelares “en favor” del exmandatario peruano Pedro Castillo, destituido unos días antes. Según declaró entonces, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es “el gran pacto latinoamericano” que la región necesita para salir adelante.

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