Más clases y más presupuesto: la apuesta de Gustavo Petro para fortalecer la educación pública

El hundimiento de la reforma laboral hace unas semanas y el estancamiento de los proyectos de pensiones y de salud en el Congreso no han abatido al Gobierno de Gustavo Petro. La épica y las ganas de marcar el debate público siguen intactas: llega ahora el turno de la reforma a la educación, una de las promesas de campaña del primer mandatario de izquierdas de la Colombia contemporánea. El Ministerio de Educación ya ha puesto a circular los primeros borradores de dos iniciativas que buscarán, entre otras cosas, consolidar la educación como un derecho fundamental, expandir la escolaridad obligatoria y aumentar el financiamiento de las universidades públicas.

Los tiempos todavía son inciertos. La ministra de Educación, Aurora Vergara, aseguró el pasado jueves en una rueda de prensa que su aspiración es radicar los proyectos ante el Legislativo en las próximas semanas. “El Ministerio de Educación y el Gobierno nacional ya están listos”, respondió ante una pregunta de este periódico. No obstante, también comentó que quiere evitar “fricciones” e insinuó que faltan algunos consensos entre los diversos actores del sector —rectores, docentes, movimientos estudiantiles—. “Nuestra invitación es a que, como país, nos pongamos de acuerdo para radicar estos proyectos en esta legislatura. Pero queremos que la deliberación en el Congreso no sea con el sector confrontado, sino unido”, remarcó.

Radicar la reforma con un sector cohesionado no es un asunto menor, según comenta por teléfono la representante Martha Alfonso, del partido Alianza Verde. “Creo que la ministra quiere un texto consensuado porque la experiencia con la reforma a la salud fue bastante dura. Hicimos audiencias públicas en todo el país, pero el problema fue que ese diálogo se hizo después a la radicación del articulado”, señala la congresista, que fue la coordinadora ponente del proyecto de salud en la Comisión Séptima. Para Alfonso, hay que evitar el secretismo que imperó en los meses previos a la radicación de la reforma a la salud y que excluyó a los movimientos sociales que durante décadas abanderaron los reclamos contemplados.

El contexto, en general, no es fácil. El Congreso avanzará en este nuevo periodo a un ritmo más lento porque las elecciones regionales de octubre están cada vez más cerca. En el tiempo que tenga, priorizará lo que ya viene rezagado de la legislatura anterior —salud y pensiones—. Asimismo, los aliados del Gobierno tendrán que mantener el diálogo con actores como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), uno de los sindicatos más grandes del país. “Hablar de educación en Colombia es enfrentar sindicatos y organizaciones sociales con altos niveles de movilización y de cualificación política para el debate”, apunta Alfonso, que también es docente. Según la congresista, el Ejecutivo puede tener dificultades “en términos sociales y políticos” si se apura demasiado.

Ley estatutaria

La primera iniciativa es un proyecto de ley estatutaria que reemplaza la terminología de la educación como un “servicio público cultural” por otra que la reconoce como un derecho fundamental. Requiere de mayorías más amplias que las leyes ordinarias y establece principios básicos que sirven como marco conceptual para otras normas. La ministra Vergara resaltó en su rueda de prensa del viernes que el objetivo es “recoger cosas que existen dispersas [en la jurisprudencia, por ejemplo] y ponerlas en el derecho fundamental”. “No es un pensamiento abstracto, sino filosófico e institucional”, afirmó.

Uno de los puntos centrales es que extiende la edad de escolaridad obligatoria más allá de lo que contempla la Constitución de 1991 —que la fija entre los 5 y los 15 años—. Aunque el rango puede cambiar en los debates, la idea es que se consolide entre los 3 y los 18 años. Según el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Óscar Sánchez, se replicarán experiencias como las de Bogotá respecto al avance de los jardines infantiles en el sistema público. “Vamos a constitucionalizar algo en lo que ya se ha venido avanzando y que queremos que se universalice”, subrayó el viernes.

Otra prioridad es fortalecer la articulación entre la educación media y la de nivel superior. No hay mayores precisiones, pero el artículo 16 del borrador dice que se “podrá” trabajar en expandir la oferta del grado duodécimo del bachillerato. Esta modalidad, ya presente en algunas instituciones, implica que los estudiantes tengan la opción de cursar parte de la educación de nivel superior en sus colegios y que luego puedan ingresar en semestres más avanzados de las carreras universitarias.

Andrés Vélez, abogado especializado en el sector educativo, valora por teléfono que esta sería la primera ley estatutaria de educación y que tiene el potencial de mejorar la adaptación de los programas a la diversidad cultural del país. No obstante, el experto critica que el borrador no aborda cómo medir la calidad del sistema y cómo realizar el seguimiento adecuado. Asimismo, cuestiona que el texto no diga nada sobre los derechos de los niños menores de tres años. “La educación se hace desde que se nace”, enfatiza.

Reforma de la ley 30

El segundo proyecto es la reforma de la ley 30 de 1992, que organiza la educación superior. El eje central es robustecer el financiamiento de las universidades públicas, que en muchos casos están forzadas a conseguir sus propios recursos para sustentar una parte significativa de sus actividades. Además, se busca abordar la problemática de la deserción a través de incrementos en los presupuestos que se destinan a la infraestructura y al bienestar universitario (por ejemplo, en laboratorios, residencias estudiantiles, bibliotecas o alimentación).

Una de las medidas contempladas es que el presupuesto de las universidades ya no se ajuste en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC), según explicó el jueves a este periódico la consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Posso. En su lugar, se analizan opciones más favorables como el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o las mediciones de pobreza multidimensional. Asimismo, Posso considera que el Estado debe girar recursos directamente a las universidades para que mejoren su oferta académica y abandonar el enfásis actual en subsidiar la demanda de estudiantes específicos a través de programas como Generación E.

Vélez explica que hay consenso sobre la necesidad de subir los presupuestos de las universidades públicas y que existe menos conflictividad que en las otras reformas sociales respecto a los intereses del sector privado. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a cómo aumentar los presupuestos. El experto, por ejemplo, considera que hay riesgos de que la nueva propuesta haga que gran parte del dinero se vaya a subsidiar a personas que sí tienen capacidad de pagar una universidad. “Esos recursos ya no los puedes utilizar en programas o proyectos destinados a los más vulnerables”, dice.

Otras propuestas

Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico y docente universitario, remarca por teléfono que no todos los reclamos del sector educativo se resolverán a través de estas dos leyes o la de gratuidad universitaria que se aprobó en junio. “Hay componentes que no necesitan de leyes y que se pueden hacer desde políticas del Gobierno”, comenta en referencia a programas como Universidad en tu Territorio y la ambición del Ejecutivo de abrir 500.000 cupos universitarios durante el mandato de Petro. Por otro lado, señala que sí espera que los debates legislativos incluyan reclamos históricos sobre las condiciones laborales de los profesores y la democratización de los gobiernos universitarios. “Las universidades se han convertido en un botín de clase política tradicional”, diagnostica.

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